El Congreso de la Nación encendió el radar del sector minero tras llevar adelante una reunión informativa clave en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, encabezada por la legisladora catamarqueña Fernanda Ávila.
El eje central del debate giró en torno a tres proyectos de ley impulsados por Silvana Giudici (LLA), Carlos Snopek (UP) y Jorge Rizzotti (Provincias Unidas), los cuales buscan modificar de manera estructural el Código Minero para incorporar a las codiciadas tierras raras dentro de los minerales de primera categoría. En este escenario de transición energética global, especialistas del sector económico, científico y corporativo se dieron cita para analizar el potencial geológico del país y los desafíos normativos pendientes.
El rol de los minerales críticos en la geopolítica energética actual
Para comprender la magnitud de la discusión parlamentaria, resulta fundamental dimensionar qué representan estos elementos en la economía internacional. Durante su exposición técnica, Martín Gozálvez, director nacional de Geología del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), aportó claridad conceptual al definir el concepto de criticidad:
“Esencialmente son materias primas y la criticidad de las mismas está definida por dos variables: el riesgo al suministro y la importancia económica que tiene esa materia prima en la cadena de valor. Cuando el riesgo del suministro es muy alto y la importancia también es alta, el mineral es crítico.”
Asimismo, el funcionario graficó de manera didáctica el panorama internacional al señalar que Argentina “es un país que no tiene muchas tierras raras, pero las utiliza mucho”, vinculando esta realidad con los listados de escasez elaborados por potencias como la Unión Europea.
A su vez, se remarcó el dominio absoluto que detenta China a nivel global, nación que concentra aproximadamente el 80% del refinamiento mundial y más del 90% de la producción de imanes permanentes, componentes indispensables para vehículos eléctricos y turbinas eólicas.
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Radiografía de los depósitos locales y el desafío exploratorio
Adentrándose en el mapa geológico nacional, Gozálvez detalló el punto exacto en el que se encuentra la República Argentina. Los relevamientos oficiales determinaron la existencia de depósitos pequeños que totalizan unas 190.000 toneladas. Si bien a escala global representa un volumen acotado, el experto enfatizó que “eso nos está diciendo que hay depósitos”.
No obstante, la debilidad estructural radica en la falta de desembolsos económicos orientados a la búsqueda científica. Según los datos expuestos, las principales manifestaciones minerales de menor escala se ubican geográficamente en jurisdicciones como Salta, Jujuy, Santiago del Estero y San Luis. Paralelamente, estimaciones sectoriales más amplias barajan un horizonte de descubrimiento potencial de entre 3 y 3,5 millones de toneladas, aunque la escasez de exploración con tecnología moderna frena la certificación de estas reservas. “Tenemos potencial, pero falta esa parte, y entiendo que estos proyectos de ley están orientados a potenciar lo que hay. En Argentina no se ha invertido en la búsqueda de tierras raras.”
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La mirada oficial: respaldo gubernamental y seguridad jurídica
Desde el Poder Ejecutivo, el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Ricardo Thiem, tomó la palabra para manifestar el acompañamiento formal del Gobierno hacia las iniciativas en debate. El funcionario valoró positivamente la recategorización normativa impulsada en el parlamento, aunque aportó matices técnicos indispensables para asegurar una implementación armoniosa.
Adicionalmente, el representante de la cartera minera nacional llevó tranquilidad institucional al garantizar que la reforma propuesta no desatará ningún tipo de conflicto jurídico con las autonomías y normativas provinciales vigentes, un punto históricamente sensible en el federalismo argentino.
En relación con la propuesta redactada por la diputada Silvana Giudici, Thiem sugirió modificaciones específicas y planteó un criterio temporal claro:
“Propondríamos que la ley que se dicte entre en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.”
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La visión del sector privado: cautela empresarial y claridad normativa
En representación de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Leonardo Rodríguez aportó la perspectiva corporativa al análisis legislativo. Para el sector privado, la iniciativa legislativa posee un fundamento sumamente lógico:
“Los proyectos que proponen eso tienen un objetivo razonable, no tanto porque impliquen un cambio sustancial en el régimen minero, sino porque contribuyen a despejar alguna incertidumbre.”
Rodríguez argumentó que la ausencia de referencias explícitas a estos elementos en el Código Minero actual genera una ambigüedad interpretativa que entorpece la planificación corporativa. Sin embargo, la postura empresaria mantuvo la cautela: se reconoció que el cambio normativo despeja dudas jurídicas, pero se advirtió que por sí solo no garantiza una avalancha inmediata de capitales extranjeros, siendo indispensable construir un marco macroeconómico y fiscal mucho más amplio y estable.
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