El acuerdo prevé un anticipo no reembolsable para infraestructura. Dirigentes opositores valoraron la operación, pero reclamaron conocer el fideicomiso, los controles y las obligaciones asumidas por San Juan.
Por Karen Cortez y Alejandro Chávez
Lo esencial en 10 segundos
San Juan acordó con Vicuña un anticipo de US$250 millones para infraestructura. El convenio deberá recibir aprobación legislativa. La oposición anticipó apoyos, cautela y cuestionamientos, mientras espera conocer el funcionamiento del fideicomiso, el destino de las obras y los compromisos provinciales.
Un anticipo financiero sujeto a la aprobación de los diputados
El Gobierno de San Juan firmó un acuerdo con la empresa Vicuña para recibir un aporte anticipado de US$250 millones, destinado a financiar obras viales, hídricas, sanitarias y de infraestructura pública.
El gobernador Marcelo Orrego presentó la operación como un “pacto de confianza” y destacó que permitirá adelantar inversiones varios años antes de que la Provincia comience a percibir regalías por la eventual explotación del proyecto minero. Sin embargo, los fondos todavía no ingresaron a las cuentas provinciales. El acuerdo deberá pasar por la Cámara de Diputados y recibir ratificación legislativa. Vicuña prevé realizar el anticipo hacia el último trimestre de 2026, una vez cumplidas las condiciones establecidas.
Paralelamente, el Gobierno provincial calificó el aporte como “extraordinario, único, no reembolsable ni compensable”. La empresa, por su parte, lo definió como un pago anticipado dirigido a un fideicomiso de infraestructura.
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Tres componentes claves de la estructura económica
La estructura comunicada contempla tres obligaciones que no deben confundirse.
- Es el anticipo de US$250 millones para el fideicomiso.
- Corresponde a las regalías mineras, estabilizadas en una alícuota del 3% sobre las ventas brutas durante la vida del proyecto.
- Consiste en un aporte adicional del 1,5% sobre las ventas brutas, que comenzará desde el sexto año de operaciones.
El entendimiento también establece que la Provincia no aplicará en el futuro otras cargas similares relacionadas con las obligaciones de la Declaración de Impacto Ambiental. Ese compromiso representa uno de los puntos que deberá analizar la Legislatura cuando reciba el texto completo.
Entre las obras anunciadas aparece la Ruta Nacional 40 Norte, una intervención reclamada por los departamentos de Iglesia y Jáchal. El Ejecutivo también mencionó proyectos de agua, saneamiento y desarrollo productivo, aunque todavía no difundió una distribución completa de los recursos ni el presupuesto asignado a cada obra.
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Bruno Olivera respalda el acuerdo y exige transparencia
En diálogo con ACERO Y ROCA, el senador nacional Bruno Olivera, de La Libertad Avanza, consideró que el entendimiento representa una oportunidad para la provincia y vinculó la inversión con las condiciones creadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
“Es una muy buena noticia para San Juan, posible gracias a las medidas nacionales que se vienen anunciando, especialmente al RIGI, que permitió que Vicuña ingresara a un régimen de seguridad jurídica.
Espero que el fideicomiso se maneje correctamente, con transparencia, y que todos los sanjuaninos tengamos el detalle de cada peso utilizado”.
Franco Aranda pide estudiar la letra chica
El diputado provincial Franco Aranda, del Frente Renovador, anticipó que el debate deberá concentrarse en la composición del fideicomiso, los mecanismos de control, las transferencias y el destino específico del dinero. A su vez declaró que:
“A primera vista, creo que es algo bueno para San Juan. Solo conozco lo que dijo el gobernador y no tengo más detalles.
“Seguramente el detalle llegará a la Cámara de Diputados y ahí tendremos que analizar cómo se conforma el fideicomiso, cuáles serán los controles, cómo se harán las transferencias y cuál será el destino. En líneas generales lo veo como algo positivo para San Juan y los sanjuaninos. Ahora tendremos que analizar la letra chica«.
José Castro mantiene la cautela
En tanto el intendente de Angaco, José Castro, evitó pronunciarse sobre el contenido económico y contractual antes de conocer la documentación completa.
“Entiendo que todavía se debe esperar para conocer todo lo que se está diciendo. Es prematuro dar una opinión. Sin dudas, en los próximos días se tendrán precisiones sobre lo comunicado»
Cristian Jurado cuestiona las prioridades de la inversión
El referente del Partido de Izquierda en San Juan, Cristian Jurado, expresó una mirada crítica y planteó interrogantes sobre las obligaciones asumidas por la Provincia a cambio del anticipo:
«Nos gustaría conocer la letra chica de este contrato. Ellos adelantan esta cantidad de dinero, ¿a cambio de qué?.
Que una de las primeras obras sea la ruta que necesita la minería para llevar insumos hasta sus instalaciones, deja la sospecha de que este dinero se adelanta para que el Estado sanjuanino realice las obras que necesita la megaminería”.
También reclamó que el financiamiento contemple necesidades sociales y urbanas. “Necesitamos arreglar carreteras y puentes, pero también viviendas, cloacas, redes de gas, equipamiento para las escuelas y los hospitales”, enumeró.
El dirigente pidió participación ciudadana en el seguimiento de los compromisos ambientales, laborales y económicos: “Tiene que haber mucho control. La población debe poder controlar que no se contamine y que efectivamente quede algo en la provincia”.
Luis Rueda destaca las obras para los departamentos del norte
El diputado provincial Luis Rueda, del Partido Bloquista, respaldó el anuncio y destacó especialmente la posibilidad de concretar obras en el norte sanjuanino.
“La obra de la Ruta 40 era algo muy esperado por los iglesianos y los jachalleros. Que este dinero se destine a obra pública cayó muy bien en el departamento.
San Juan está ordenada jurídicamente y brinda garantías para que las empresas inviertan. Consideramos que es un muy buen anuncio”.
El legislador adelantó la disposición de su espacio para acompañar el convenio, aunque su tratamiento dependerá del ingreso formal a Diputados.
En un comunicado, el Partido Bloquista afirmó que los recursos podrán destinarse a agua, saneamiento, caminos, energía, salud, educación, viviendas e infraestructura productiva. También señaló que los desembolsos se realizarán contra avances certificados y mediante licitaciones públicas.
Estas condiciones corresponden a la interpretación difundida por ese partido y deberán verificarse en el convenio que reciba la Legislatura.
La transparencia del fideicomiso será el eje central del debate
Las primeras reacciones opositoras muestran un respaldo amplio, pero no incondicional. Olivera reclama trazabilidad sobre cada gasto; Aranda espera conocer los controles; Castro evita anticiparse; Jurado cuestiona las prioridades; y Rueda valora el impacto sobre los departamentos mineros.
La ratificación legislativa deberá precisar quién administrará el fideicomiso, cómo se seleccionarán las obras, qué organismos controlarán los desembolsos, qué información será pública y cuáles son las obligaciones asumidas por San Juan durante la vida del proyecto.
El alcance del acuerdo no quedará determinado solamente por los US$250 millones anunciados. Su impacto dependerá de la calidad de las obras, la distribución territorial, los mecanismos de contratación y la posibilidad de auditar cada desembolso. La infraestructura puede acompañar el desarrollo minero y atender necesidades provinciales, pero esa convergencia deberá surgir de reglas públicas y resultados verificables.
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