En un departamento atravesado por dos décadas de actividad minera y un creciente déficit habitacional, el empresario y presidente de AITURIC, Alberto Grau, plantea la creación de un Banco de Tierras municipal sustentado en capital privado. Una propuesta que busca transformar la dinámica de arraigo local y que abre el debate sobre las políticas de desarrollo urbano en la cordillera sanjuanina.
La respuesta a los ataques digitales y el fantasma de los acarreos electorales
Lejos de las promesas de campaña tradicionales, Grau está trabajando activamente en una propuesta técnica, audaz y sin precedentes: la creación de un programa municipal de suelo urbano sustentado en capital privado para resolver de raíz el crítico déficit habitacional que sufre la región cordillerana.
Este proyecto, busca transformar la dinámica habitacional mediante la donación con cargo al municipio de tierras privadas. De este modo, se garantiza que la solución se convierta en una política pública de carácter institucional y transparente, desterrando cualquier atisbo de dádiva discrecional. Sin embargo, la iniciativa ha generado debates en los sectores más conservadores, desatando una ola de operaciones y críticas en el ecosistema digital.
Desenmascarando el negocio de los colectivos electorales
Según relata el empresario «los críticos y operadores de la política de Iglesia han intentado instalar versiones manipuladas sobre la radicación de vecinos, buscando instalar el concepto de que pretendo entregar domicilios a personas de afuera con fines espurios«.
A su vez, Grau puso sobre la mesa una cruda realidad. «A los que se preocupan, critican y mandan a sus voceros en las redes sociales a distorsionar la verdad, quiero preguntarles: ¿Qué les preocupa sobre que yo le ofrezca a sanjuaninos venir a radicarse a Iglesia?», expuso.
Paralelamente, añadió el modus operandi de los aparatos partidarios: «Todos los años electorales vienen de San Juan 40 colectivos traídos por el poder, por el statu quo, a votar. O sea… hay gente que viene de San Juan exclusivamente a votar. Lo que yo estoy proponiendo es que la gente venga a vivir a Iglesia, no solamente a votar aquí. Que vengan a vivir, para activar un ecosistema económico fuerte».
Para el presidente de AITURIC, la diferencia es abismal y marca el pulso de su visión de desarrollo. «Mientras el oficialismo y los caciques de siempre movilizan votantes golondrina en transportes alquilados por unas pocas horas de sufragio, mi propuesta apunta al arraigo permanente», refuta.
El objetivo central radica en que los trabajadores mineros y las familias elijan el departamento cordillerano como su hogar definitivo, consuman en los comercios locales, potencien el movimiento comercial y dinamicen la economía departamental los trescientos sesenta y cinco días del año.
Diagnóstico socioeconómico: estancamiento, pobreza y despoblación
Para comprender la magnitud de la propuesta habitacional, resulta indispensable analizar el diagnóstico socioeconómico que el dirigente minero expone. «Después de veinte años de explotación minera ininterrumpida y siendo la puerta de entrada a colosos como Veladero, Iglesia es el claro testimonio del fracaso de la clase dirigente local».
El departamento presenta actualmente un setenta por ciento de pobreza, una actividad comercial alicaída y una crisis habitacional que el empresario califica sin titubeos como «inadmisible«. «Iglesia tiene gente viviendo en condiciones terribles, casas de adobe con techo de plástico. Es inaceptable que nuestra comunidad siga atrapada en estas circunstancias», lamenta Grau con profunda indignación.
Esta precariedad estructural ha provocado, además, una dolorosa diáspora silenciosa. Ante la falta de oportunidades laborales complementarias, de opciones universitarias o terciarias y de un mercado inmobiliario inaccesible, donde los alquileres cotizan por las nubes debido al desabastecimiento habitacional, los jóvenes iglesianos se ven obligados a emigrar. «Iglesia se convirtió en el único departamento sanjuanino que achicó su padrón poblacional, pasando de doce mil a nueve mil habitantes en las últimas dos décadas», puntualiza el presidente de AITURIC.
La estrategia jurídica: del Banco de Tierras municipal al contrato social
Grau expone con contundencia que «contrario a los señalamientos malintencionados que buscan instalar un manto de sospecha sobre la legalidad de la iniciativa, la arquitectura jurídica del proyecto está diseñada para blindarse ante cualquier chicana electoral o intento de inhabilitación por parte de la oposición».
La herramienta elegida es la conformación de un Banco de Tierras Municipal mediante la donación irrevocable de más de cien hectáreas de propiedad privada familiar. Esta transferencia se instrumenta bajo la figura legal de donación con cargo, exigiendo por contrato que el Estado comunal destine los terrenos de manera exclusiva y obligatoria al desarrollo de un programa de suelo urbano.
En consecuencia, el municipio asume la responsabilidad institucional de planificar el ordenamiento territorial, realizar la apertura de calles, dotar de infraestructura y servicios básicos los lotes de entre trescientos y quinientos metros cuadrados, y adjudicarlos de forma transparente. Para eliminar toda sospecha de favoritismo o clientelismo político, la selección de los beneficiarios se concretará mediante un sorteo público y auditado por organismos independientes y colegios profesionales.
«Todo esto se hará siempre dentro de la ley y sin apartarnos de ella. Estamos trabajando con nuestro equipo jurídico para estructurar cada detalle con absoluta solidez. No vamos a darles armas a quienes quieren que Iglesia siga igual para intentar inhabilitarnos. Vamos a respetar estrictamente las reglas del juego que ellos jamás han respetado, porque nosotros somos distintos», enfatizó Grau. Asimismo, remarcó que cada compromiso asumido quedará plasmado en un contrato directo con los ciudadanos, formalizando un pacto de gestión que entrará en vigencia inmediata al asumir la administración municipal.
Trayectoria comunitaria: un historial de donaciones e infraestructura
Tal como detalla Grau «mi familia históricamente estuvo comprometida siempre con Iglesia. Hay terrenos que sostienen servicios esenciales en todo el valle, que fueron donados por mi familia», agrega.
Entre las contribuciones más destacadas figuran la cesión de terrenos para la instalación de las plantas potabilizadoras de Pismanta y de El Durazno, así como la infraestructura destinada a la planta de El Jariyal. Asimismo, donaron la superficie donde actualmente opera el puesto de Gendarmería Nacional, en el paso internacional Agua Negra, y entregaron en comodato hectáreas estratégicas a seis asociaciones andinistas en la zona de Riquintín bajo el proyecto Villa Andina.
A esto se suma la donación histórica de ciento cincuenta hectáreas destinadas a la creación del primer aeroclub del departamento.
Un quiebre con el modelo político tradicional en San Juan
El proyecto impulsado por Alberto Grau representa una línea divisoria en la política de San Juan. La propuesta privada apunta a la emancipación ciudadana a través de la propiedad de la tierra de San Juan y para San Juan. «Gestionado correctamente, el municipio va a generar riqueza genuina. Vamos a dejar en evidencia a los caciques políticos de toda la vida que, durante años, solo se han nutrido de la necesidad ajena para tener clientes y no ciudadanos libres», acusa el referente de AITURIC.
Con una postura firme y un enfoque disruptivo, Alberto Grau consolida su espacio de cara al futuro institucional de la región cordillerana. Su mensaje apunta al despegue económico y social de Iglesia, logrado mediante la consolidación de un ecosistema productivo robusto, donde cada familia pueda edificar su vivienda, arraigarse en su tierra y proyectar un porvenir.
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