Ante la demanda global de minerales, la abogada Jimena Daneri analiza los cuellos de botella regulatorios y propone un plan maestro que transforme la burocracia en un motor de desarrollo sostenible.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Para aprovechar inversiones proyectadas en 63.000,7 millones de dólares, San Juan urge modernizar su sistema de permisos. Con más de 200 trámites en exploración, la clave es integrar la estrategia legal desde el primer día bajo estándares internacionales, garantizando agilidad y un riguroso cuidado del medio ambiente.
La gran oportunidad de la matriz productiva
La minería nacional representa una oportunidad única para diversificar la matriz productiva, donde hoy aporta solo el 7%. Ante competidores como Chile, con un 12% del Producto Bruto Interno (PBI), o Perú, con un 11%, la brecha evidencia un enorme espacio para expandir la actividad local. De consolidarse los proyectos vigentes, la firma Deloitte, una de las firmas líderes a nivel mundial en servicios profesionales de auditoría, consultoría, impuestos, asesoría en riesgos y servicios financieros, proyecta en marzo de 2026 inversiones estimadas por USD63.000,7 millones en la próxima década.
Según la Agencia Internacional de Energía, la meta de emisiones cero para 2050 exige multiplicar por seis la demanda de minerales críticos. Esta urgencia beneficia al oro y la plata, y a conductores como el cobre, el litio y tierras raras. No obstante, ante la inestabilidad, la compleja minería argentina debe optimizar sus marcos regulatorios para viabilizar el desarrollo sostenible.
La expansión del sector impactaría notablemente en el PBI minero nacional, que pasaría del actual 0,63% al 2% anual, impulsando el empleo directo desde 38.900 puestos a 220.000 en un escenario optimista. Asimismo, las exportaciones podrían trepar al año 2035 desde los actuales 6.037 millones de dólares normales a 30.000 millones de dólares al año, permitiendo al país competir internacionalmente.
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El laberinto burocrático de los permisos
Para un único proyecto en exploración básica, deben tramitarse más de 200 habilitaciones ante organismos que no actúan coordinados. Ante esta dispersión, la abogada, Jimena Daneri, señala que “el sistema de permisos se presenta como un obstáculo clave para el desarrollo de la inversión”, afectando la previsibilidad jurídica.
Esta maraña se agrava en un país federal donde las provincias tienen el dominio de sus recursos, según el artículo 124 de la Constitución Nacional. La abogada señala que el endurecimiento normativo de la Ley General del Ambiente refleja una mayor conciencia social. La falta de digitalización e interoperabilidad somete a los proyectos a demoras, obligándolos a presentar los mismos estatutos ante más de 50 oficinas públicas diferentes, duplicando tareas.
La Ley General del Ambiente (Ley 25.675) fija los presupuestos mínimos de protección ambiental en todo el país y se aplica a la minería a través de la Ley 24.585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera, la cual está integrada dentro del Código de Minería de la Nación.
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| Relación con la Actividad Minera | Proceso de Aprobación de Proyectos Mineros |
| Presupuestos mínimos: La Ley 25.675 establece normas básicas obligatorias para todas las provincias. Ninguna ley o código provincial puede ser menos exigente que esta norma nacional. Principios rectores: Obliga a aplicar principios como el de prevención (evitar daños antes de que ocurran), el de sustentabilidad (cuidar los recursos para el futuro) y el de responsabilidad (quien contamina paga y repara). Armonización: La actividad minera en Argentina cuenta con su propia sección ambiental específica (Ley 24.585), pero se interpreta siempre bajo los principios generales de la Ley 25.675. | Presentación del Informe de Impacto Ambiental (IIA): La empresa minera debe presentar un estudio técnico. Aquí detalla antes de empezar las etapas de exploración o explotación. El informe describe el estado natural del lugar, las tareas a realizar y las medidas para prevenir o reparar daños al suelo, aire y agua. Evaluación Técnica: La autoridad de aplicación provincial analiza el informe. Participan organismos técnicos especializados en recursos hídricos, flora, fauna y patrimonio cultural. Participación Ciudadana: La Ley 25.675 garantiza el derecho de la población a opinar y ser informada. Se realizan consultas públicas o audiencias para que los vecinos conozcan el proyecto y presenten observaciones. Emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA): Si el estudio es favorable, el Estado aprueba el proyecto mediante una resolución formal llamada DIA. La DIA se actualiza y revisa de manera periódica (por lo general, cada dos años) para controlar el cumplimiento de las exigencias ambientales. |
Cinco herramientas para optimizar el sistema
Para destrabar esta situación sin relajar las exigencias ambientales, Daneri propone cinco herramientas clave de gestión.
- Detección temprana de riesgos mediante asesoramiento legal interdisciplinario desde el inicio del proyecto.
- Incorporar herramientas tecnológicas de seguimiento para asegurar la trazabilidad de los expedientes en tiempo real.
- Digitalizar la documentación interna, facilitando respuestas inmediatas ante las fiscalizaciones del Estado.
- Coordinación pública permanente para unificar criterios y evitar la duplicación de trámites mediante el expediente virtual único.
- Diferenciación de exigencias según el impacto ambiental real del proyecto. En San Juan, el decreto 007 de 2024 marca un hito al estructurar las aprobaciones de manera proporcional al riesgo efectivo de la actividad, optimizando los plazos estatales sin desproteger los recursos naturales.
Claves del Decreto 007-2024
- Unificación: Une en un solo marco los procedimientos para presentar y evaluar Informes de Impacto Ambiental (IIA).
- Competencias: Los proyectos medianos y grandes pasan por la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM), y los menores por la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM).
- Participación: Añade instancias obligatorias de consulta pública.
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Los cuatro pilares de un negocio sostenible
Paralelamente, un desarrollo minero moderno bajo estándares internacionales requiere consolidarse sobre cuatro pilares operativos clave.
- Fortalecimiento de los derechos mineros en el marco del Código de Minería.
- Reconocer y respetar los derechos de los superficiarios mediante acuerdos transparentes que superen el concepto de utilidad pública.
- Implementación de sistemas de gobernanza con certificaciones de excelencia como ISO 14001 y ISO 45001, alineadas a las exigencias financieras globales.
- Cumplimiento riguroso de permisos sectoriales y ambientales referidos a recursos hídricos, obras hidráulicas y manejo de residuos peligrosos. La operación minera exige manipular insumos de riesgo como el cianuro bajo el Código Internacional para el Manejo del Cianuro.
Asimismo, la normativa de compre local de San Juan, que promueve alcanzar un 60% de proveedores y un 80% de mano de obra local, debe gestionarse como una alianza estratégica para consolidar la licencia social de los proyectos.
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El rol estratégico del asesor legal
En este contexto, los abogados deben integrar la mesa chica corporativa y acompañar la toma de decisiones desde una perspectiva estratégica. La experta enfatiza que “el abogado no puede ser un freno para la inversión. Tiene que ser un colaborador esencial en la implementación de ésta”. El rol del especialista legal consiste en prever contingencias y establecer plazos realistas, sabiendo que una habilitación ambiental para un túnel de exploración tarda habitualmente de seis a ocho meses.
Frente al desafío burocrático, la experiencia de Australia y Canadá demuestra que el rigor legal es compatible con la agilidad administrativa. En el plano regional, Chile avanzó en septiembre de 2025 con su ley de autorizaciones sectoriales para reducir plazos entre un 30% y un 70% mediante la plataforma digital SUPER. Del mismo modo, Brasil digitalizó el 90% de sus procesos, marcando el camino tecnológico que Argentina debe transitar con urgencia para recuperar competitividad global.
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Un horizonte de éxito mutuo
El futuro de la minería argentina reside en modernizar el sistema de permisos para convertirlo en un motor de desarrollo sostenible y no en una barrera administrativa para los inversores. La implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga estabilidad por 30 años y ya registra 21 proyectos mineros presentados por 27.000 millones de dólares, exige respuestas ágiles de los organismos de control. Agilizar la burocracia beneficiará al Estado, a las empresas y a las comunidades, garantizando un crecimiento planificado, seguro y de verdadero éxito mutuo.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.