Ante la proliferación de propuestas privadas y asociativas que carecen de respaldo legal, desde la dirección de Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional de San Juan, Rodolfo Navas detalló los requisitos normativos que deben cumplir los programas de estudio para contar con certificación legal en la provincia. La carga horaria mínima, la proporción de horas de taller y la homologación institucional constituyen los pilares para evitar la desestimación de postulantes en las búsquedas laborales.
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LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Las capacitaciones homologadas por el Ministerio de Educación exigen más de 180 a 200 horas con un 70% a 80% de práctica en taller y solo las instituciones educativas formalmente reconocidas por el Estado provincial pueden emitir certificaciones oficiales. Los programas se basan en Marcos de Referencia elaborados junto a comisiones técnicas de sectores productivos y la industria. Desde la Dirección de Educación Técnica de San Juan alertan por la multiplicación de cursos «exprés» de 30 a 50 horas que carecen de validez curricular y no forman competencias reales.
San Juan atraviesa un crecimiento sostenido en la demanda de capacitaciones vinculadas a la industria pesada, la minería y los servicios técnicos. En ese escenario, Rodolfo Navas, advirtió sobre la proliferación de talleres de breve duración que prometen inserción laboral rápida sin otorgar las destrezas requeridas por las empresas del sector.
Para poner luz sobre esto el director detalló las pautas que diferencian una certificación oficial con validez curricular de un dictado privado o institucional sin respaldo formal.
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Carga horaria y práctica: el filtro del 80%
El primer indicador de la validez de un trayecto formativo radica en el volumen de horas cátedra dedicadas a la práctica activa. Las capacitaciones diseñadas de acuerdo con la normativa vigente no se estructuran como módulos teóricos breves, sino como procesos extensos que aseguran la destreza manual y cognitiva del alumno.
«Hay que tener en cuenta fundamentalmente que sean cursos que tengan un aval del Ministerio de Educación«, indicó Navas. El funcionario explicó que dicho respaldo implica que la propuesta «tiene una certificación en competencia, por lo cual detrás de eso hay un marco de referencia con un programa de estudio y una carga horaria determinada para que sea válido».
Al analizar las ofertas que se multiplican de manera privada, la autoridad educativa señaló inconsistencias en la duración de los programas. «Estoy viendo que están dando muchos cursos de 30, 40 o 50 horas. Esos no son cursos con un desarrollo que determine la adquisición de una competencia o una habilidad», remarcó el funcionario.
Para el titular de la Dirección de Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional, la adquisición de una capacidad técnica requiere una permanencia prolongada en los talleres. «Las capacitaciones aprobadas son en su mayoría de más de 180 o 200 horas, y por lo general tienen entre un 70% y un 80% de práctica», detalló.
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La trampa institucional: qué entidades pueden certificar
El segundo criterio central para auditar la validez de una propuesta formativa se vincula directamente con la personería jurídica y pedagógica del organismo emisor. El dictado de capacitaciones laborales no depende de la libre voluntad de entidades civiles ni de empresas comerciales sin articulación escolar.
«Los cursos no los puede dar cualquiera. Primero que nada tiene que haber detrás, una institución educativa aprobada por el Ministerio de Educación para poder dictar esa capacitación».
Esta regulación busca evitar que entidades de diversa índole comercialicen diplomaturas vacías de legalidad. «No puede venir una asociación civil y pretender dar un curso de soldadura. Tiene que tener un reconocimiento formal como una institución dedicada formalmente a la educación», agregó el funcionario.
En la provincia, este tipo de trayectoria se imparte mediante la red de centros de formación y Escuelas de Capacitación Laboral. En paralelo, los programas especializados conducidos por el Gobierno de San Juan desarrollan trayectos que conectan a la educación pública con corporaciones mineras o energéticas como Fortescue, respondiendo a esquemas escalonados que exigen acreditar el secundario completo antes de acceder a niveles industriales avanzados.
Proceso cognitivo y Marcos de Referencia
La tercera señal determinante responde a la arquitectura académica bajo la cual se diseña el programa de estudio. La formación técnica no se limita a la transmisión oral de contenidos, sino que se alinea con comisiones técnicas articuladas entre el Estado, la comunidad educativa y los sectores productivos provinciales. «No es la autoridad educativa de manera aislada la que define estos contenidos, sino una comisión integrada por actores sociales vinculados a sectores productivos específicos y por especialistas en educación», describió el entrevistado. Este trabajo conjunto genera los Marcos de Referencia obligatorios para definir qué tareas sabrá ejecutar el egresado.
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El proceso de adquisición de competencias responde a etapas biológicas y cognitivas que exigen tiempo de consolidación en el estudiante. «El desarrollo de una persona pasa por ciertas etapas que no son a corto plazo. Involucran un conjunto de acciones para que se consolide el ‘saber hacer’ de ese oficio», argumentó Navas.
Para resolver contingencias técnicas en el terreno industrial o en proyectos de alta exigencia, se requiere razonamiento lógico y aplicación reiterada. «Cuando una persona está ante una problemática técnica que debe resolver, tiene que contar con el uso cognitivo y la razón necesaria para darle respuesta, y eso solo se logra respetando los criterios de exigencia y las correlatividades de un nivel a otro», concluyó el referente del área educativa.
La aceleración de proyectos de gran escala presiona la demanda de mano de obra especializada, generando un terreno fértil para la proliferación de cursos express. Sin embargo, la selección en los yacimientos mineros se vuelve cada vez más rigurosa. Un certificado sin sustento normativo ni carga horaria real queda descartado en la primera etapa de reclutamiento.
Periodista especializado en minería, ambiente, ciencia y economía. A cargo de notas de análisis e investigación, cubre la actividad minera con mirada crítica y enfoque en sus impactos, oportunidades y protagonistas, buscando explicar los procesos detrás de cada proyecto y acercar información rigurosa a la comunidad.