La transición energética presiona sobre nuestras reservas. Un diálogo exclusivo con Nicolás Perrone revela cómo la paz social y el valor territorial son ahora exigencias del mercado internacional para viabilizar el cobre y el litio en la región en la gobernanza de minerales críticos.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El CEDRES, financiado por la Fundación Ford, lanzó un proyecto regional para rediseñar la gobernanza de minerales críticos en Sudamérica. Liderado por Nicolás Perrone, el proyecto promueve un rol activo de las comunidades en la coconstrucción de modelos de sostenibilidad que aseguren inversiones seguras frente a la transición energética global.
El tablero geopolítico y la presión sobre la cordillera
La minería en nuestra región no transita un momento cualquiera; pisa sobre un escenario global en ebullición. El lanzamiento de este proyecto de investigación llega en un «momento geopolítico especialmente sensible«, donde los minerales críticos acaparan la agenda internacional mediante tensiones globales y nuevos acuerdos estratégicos.
En la carrera por abandonar los combustibles fósiles, la lupa del mundo apunta directo a Sudamérica. Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Colombia concentran las reservas que el planeta necesita para su transición hacia una economía baja en carbono. Frente a este panorama, Nicolás Perrone, profesor titular de Derecho Económico y director del CEDRES de la Universidad de Valparaíso, marca la cancha: «La creciente demanda hace probable una aceleración de la exploración y extracción en los próximos años».
Pero sacar el mineral de la montaña ya no es solo un desafío de ingeniería.
«La extracción exige paz social, consenso y criterios de justicia y sostenibilidad». En provincias como San Juan, donde los pórfidos de cobre aguardan inversiones multimillonarias, esta paz territorial es el insumo más valioso. «Esto no solo es relevante para las comunidades, sino también para los inversores: la paz social favorece la estabilidad territorial y regulatoria».
Nicolás Perrone, profesor titular de Derecho Económico y director del CEDRES de la Universidad de Valparaíso
Del rol pasivo a la co-construcción de valor territorial
Históricamente, la industria extractiva operó bajo un esquema donde las decisiones bajaban desde las oficinas corporativas hacia el terreno. Sin embargo, las operaciones ocurren en zonas habitadas donde los pueblos originarios o las comunidades campesinas mantienen vínculos inquebrantables con su entorno.
El principal error del sistema tradicional, según el investigador, es el «rol pasivo que se asigna a las comunidades». En la mayoría de los proyectos mineros, la participación local arranca y termina en la instancia de consulta, excluyendo a los habitantes de la verdadera toma de decisiones. El escenario más crítico transforma a los vecinos en «actores afectados», especialmente frente a derechos vitales como el acceso al agua, dejándolos «sin capacidad de incidir en los resultados».
El proyecto impulsado por la Fundación Ford busca patear este tablero. «Creemos que las comunidades pueden aportar mucho para generar estos sistemas de sostenibilidad«, explica Perrone, destacando que el conocimiento profundo y la visión a largo plazo de los locales resultan fundamentales. El objetivo es triangular información y validar hallazgos empoderando a la comunidad, utilizando a las universidades como un puente neutral para articular los diálogos.
Enterrar la RSE tradicional: el negocio de la sostenibilidad
Quizás el mayor cambio de paradigma que plantea este enfoque es económico. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) clásica cumplió un ciclo. En su versión tradicional, esta herramienta funciona de manera defensiva, buscando «proteger la reputación pero dejando el problema de la gobernanza sin resolver».
Hoy, la sostenibilidad social dejó de ser un gasto en el balance para convertirse en el pasaporte hacia los mercados más rentables del mundo. Perrone pone el dedo en la llaga financiera: una producción sostenible permite «acceder a mercados más exigentes, como la Unión Europea, e incluso capturar mejores precios. Los minerales producidos bajo estos esquemas de paz social pueden ser vendidos a un mayor valor».
Estratégicamente, nuestra región tiene la capacidad instalada para liderar la «producción sostenible de minerales críticos», incluso por encima del desarrollo de manufactura de baterías. Esto significa generar valor «aguas arriba», en el origen, unificando fuerzas entre comunidades, Estado y empresas para exportar un estándar de trabajo intachable.
El marco legal y el desafío hacia el 2030
Para que este modelo de gobernanza funcione en la práctica de un proyecto de cobre o litio, debe apoyarse en pilares jurídicos robustos. El experto destaca que existen herramientas como el Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú, las legislaciones nacionales de evaluación ambiental y estándares privados internacionales como IRMA. Aunque cada país tiene su librito, hay una clara convergencia regional.
Mirando hacia el 2030, el escenario no admite grises. Mercados como la Unión Europea ya evalúan a los recursos no solo como críticos, sino que vigilan de cerca los «minerales vinculados a conflictos». Las Naciones Unidas emitieron en 2024 advertencias sobre la equidad y los derechos humanos en la transición energética. «No hay dudas que la minería mal gobernada puede generar mucha conflictividad», sentencia el abogado.
La industria minera en Argentina ya no tiene margen para proyectos improvisados en el ámbito social. La licencia social dejó de ser una firma en una planilla de evaluación de impacto para convertirse en el núcleo del modelo de negocios. Si San Juan y la región pretenden capitalizar el boom del cobre y la electromovilidad, deberán entender que la montaña no se toca sin sus habitantes. Alinear los incentivos económicos con el desarrollo genuino a largo plazo es la única garantía de que los capitales hundidos se transformen, finalmente, en progreso tangible y auditado.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.