Los grandes proyectos de cobre prometen una fuerte demanda de bienes y servicios en San Juan. Sin embargo, que esa inversión se traduzca en contratos para las empresas locales dependerá de las políticas de contratación de las operadoras, el marco normativo y la capacidad del entramado productivo para responder a esa demanda.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La nueva etapa minera abre oportunidades para las PyMEs sanjuaninas, pero las inversiones no garantizan por sí solas que los contratos queden en la provincia. Flavia Nayar, integrante del equipo de ejecución de CAPRIMSA, explica qué factores definen cuánto trabajo logra captar el sector proveedor local y cuál es el rol de las operadoras, las cámaras empresarias y las herramientas que promueven el desarrollo de proveedores.
Las inversiones llegan, pero el trabajo no se distribuye automáticamente
La llegada de nuevos proyectos de cobre volvió a instalar una pregunta clave para la economía sanjuanina: ¿qué define si una inversión minera termina generando trabajo para las empresas locales? Aunque el desembarco de capitales abre una demanda creciente de bienes y servicios, la participación de las PyMEs no depende únicamente del volumen de las inversiones, sino también de cómo cada operadora organiza sus contrataciones y del marco que promueve el desarrollo de proveedores.
Para Flavia Nayar, integrante del equipo de ejecución de CAPRIMSA (Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan), las oportunidades son concretas porque la provincia atraviesa una nueva etapa de crecimiento minero. Sin embargo, advierte que el desafío comienza cuando esos proyectos pasan de los anuncios a las compras y contrataciones.
«La oportunidad está clara porque los proyectos están vigentes, son reales. Las necesidades son reales y el crecimiento de bienes y servicios también lo es. Pero siempre va a depender de la forma en que las diferentes operadoras mineras hagan la bajada de esas contrataciones.» La afirmación resume uno de los principales desafíos que enfrentan hoy los proveedores sanjuaninos. La inversión puede crear un mercado potencial, pero el impacto sobre la economía local dependerá de las decisiones que adopte cada proyecto al momento de contratar bienes y servicios.
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Las políticas de contratación marcan cuánto trabajo queda en la provincia
Nayar sostiene que ese margen de decisión es uno de los principales desafíos que enfrentan hoy las PyMEs que buscan incorporarse a la cadena de valor minera. Según explica, las cámaras empresarias trabajan para que esa política contemple a los proveedores locales y priorice su participación siempre que existan empresas capaces de responder a las exigencias técnicas, comerciales y operativas que demanda la actividad.
«Nosotros, por ser locales, deberíamos tener prioridad. Lo que intentamos desde las cámaras es tener una protección hacia el proveedor local para que se le dé esa preferencia.»
Sin embargo, aclara que esa prioridad no significa que las operadoras pierdan autonomía al momento de contratar. La participación de las empresas sanjuaninas dependerá de cómo cada proyecto interprete y aplique las herramientas disponibles para promover el desarrollo local.
Al respecto, la mirada del Gobierno provincial coincide en equilibrar las reglas del juego. El ministro de Producción Gustavo Fernández, en una entrevista con ACERO Y ROCA en el mes de junio, precisó que estos procesos deben darse «en el marco del derecho que tiene la empresa a elegir libremente sus proveedores». No obstante, el funcionario advirtió que la rentabilidad comercial no puede ser el único indicador sobre la mesa de los directorios: «En este tipo de decisiones hay que incorporar la dimensión social, la dimensión del desarrollo local».
La nueva Ley de Desarrollo Local Minero y el RE.PRO.MIN.
Para dotar de transparencia a esta intermediación, la provincia avanza en la reglamentación de sus herramientas de control.
«Por eso la ley propone que la minería funcione con la luz prendida. Prenderle la luz a la actividad, conocer lo que la actividad va a demandar, comprometer objetivos, y que esos objetivos sean la herramienta sobre la cual el gobierno sí pueda evaluarlos”.
En ese sentido, el Gobierno desarrolla dentro del marco de la nueva Ley de Desarrollo Local Minero el RE.PRO.MIN. (Registro Provincial de Proveedores Mineros), herramienta que actualmente registra un avance de entre el 60% y 70% en su instrumentación. Según establece taxativamente el Artículo 11 de la normativa, este registro será «único, oficial, público y de consulta libre», transformándose en la base de datos centralizada para auditar el cumplimiento del compre sanjuanino.
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Barrick y Vicuña, los modelos dominantes
Para explicar esa realidad, la representante de CAPRIMSA compara distintas experiencias dentro de la minería sanjuanina. Señala que algunas operadoras desarrollan políticas más abiertas hacia los proveedores locales, mientras que otras priorizan estrategias diferentes al momento de adjudicar bienes y servicios.
Como ejemplo menciona el caso de Vicuña, donde parte de las contrataciones se abrió recientemente a empresas sanjuaninas mediante rondas de negocios destinadas a generar nuevas oportunidades comerciales. Al mismo tiempo, recuerda que otros procesos de contratación terminaron adjudicándose a compañías de mayor escala o con participación internacional.
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«Hay ciertas licitaciones que han decidido hacerlas con toda la comunidad de San Juan. En ese caso, la oportunidad está decidida por la operadora minera», expresa Flavia Nayar. Sobre este polo de desarrollo hídrico y mineral, el ministro de Producción también fijó una postura clara frente a los ritmos corporativos del consorcio de Lundin y BHP: “Estamos contentos de que avancen rápido, pero deben avanzar también buscando un equilibrio con los aspectos sociales y de desarrollo local. De lo contrario, a largo plazo no ayudan a hacer crecer la licencia social”.
Finalmente, la entrevistada menciona el caso de Barrick, empresa que, según su experiencia, desarrolló con el paso de los años una modalidad de contratación con mayor participación de proveedores locales. «Barrick hoy tiene una modalidad mucho más amable y creo que esa operadora sí le da más oportunidad al proveedor local», asegura.
Para CAPRIMSA, esas diferencias demuestran que la llegada de inversiones, por sí sola, no determina cuánto trabajo quedará en la provincia. Entre los anuncios de inversión y la firma de un contrato existe un proceso de decisiones empresarias que termina definiendo el verdadero impacto económico sobre las PyMEs sanjuaninas.
Periodista especializado en minería, ambiente, ciencia y economía. Desde San Juan, cubre la actividad minera con mirada crítica y enfoque en sus impactos, oportunidades y protagonistas, buscando explicar los procesos detrás de cada proyecto y acercar información rigurosa a la comunidad.