El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) se reunió en una extensa jornada de debate. Los máximos referentes de la producción, el comercio, la banca, la minería y los trabajadores analizaron el alarmante estado de las redes de transporte, la energía y la conectividad en el país. El diagnóstico fue unánime: sin una política agresiva de inversiones en obras estratégicas, el objetivo nacional de ganar competitividad e incrementar exportaciones resulta inviable.
El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), es un espacio multisectorial que agrupa a las cámaras empresarias del G6 junto a la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y titular pro tempore del CPI, Nicolás Pino, quien advirtió que “para sostener el rumbo del país y responder a la demanda global de alimentos, el sector agropecuario necesita mejores condiciones y obras urgentes. Es clave avanzar con la mejora de los 400.000 kilómetros de caminos de tierra, además de obras clave como la Hidrovía y el Belgrano Cargas”.
Leé también: El impacto de la privatización ferroviaria y los planes del Grupo México en Argentina
Los números del déficit y el debate por el financiamiento
El debate central no giró en torno a las prioridades operativas, sino al método de financiamiento para ejecutarlas. En este sentido, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) presentó estimaciones que reflejan la magnitud del retraso acumulado. Su presidente, Gustavo Weiss, señaló:
“Contamos con más de 250 estudios sobre las obras clave que el país necesita para bajar costos y ganar competitividad. Sin una infraestructura moderna, financiada mediante inversión pública y privada, no hay desarrollo posible para ningún sector. La gran ambición del CPI es poner este debate de manera permanente en la agenda nacional para lograr ese cambio indispensable”.
Para dimensionar la crisis, los informes técnicos revelaron que rehacer desde cero todo el stock de infraestructura de la Argentina requeriría 1,5 billones de dólares. A valor de reposición amortizado, esa cifra asciende a 600.000 millones de dólares. Por otra parte, para encarar únicamente el mantenimiento básico de la red existente sin ampliaciones, alineándose con el estándar internacional que exige volcar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), el país necesitaría destinar 25.000 millones de dólares anuales. Actualmente, el presupuesto asignado alcanza apenas el 2%.
Posturas del sector industrial, comercial y la visión gremial
Al respecto, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, enfatizó:
“Si queremos inversiones genuinas en infraestructura, es fundamental garantizar seguridad jurídica, financiamiento accesible y un rol activo del Estado en la organización de costos. El crecimiento proyectado en sectores como el energético representa una oportunidad única que debemos acompañar”. Además, puntualizó que “en todos los países del mundo, el presupuesto de infraestructura es entre un 4 y un 5% del total, mientras que acá sólo se destina un 2% para mantener lo que hay”. Por su parte, en el mismo panel afirmó que “estamos todos de acuerdo en el qué, pero no en el cómo”.
Desde el sector comercial, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, sostuvo que:
“Nadie puede poner en duda la imperiosa necesidad de una política agresiva en materia de infraestructura”. Asimismo, respaldó las medidas del Poder Ejecutivo al expresar que este modelo “de prolijidad, equilibrio de cuentas y superávit fiscal no se consigue sin sufrimiento”, y agregó: “Aunque el proceso de profundos cambios que atraviesa la Argentina implica un esfuerzo, estamos convencidos de que vamos por el rumbo correcto hacia el éxito”.
Leé también: Agrupación Cordillera: «Con la ley sobre la mesa, se terminaron las excusas para las mineras»
En contraposición, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, rebatió la postura del empresario al cuestionar “a costa de qué” se busca ordenar la economía nacional.
“Coincidimos en la necesidad de un orden macroeconómico y fiscal, pero este no debe lograrse a costa del sufrimiento social, sino mediante el diálogo. Necesitamos un Estado eficiente que no se retire de la planificación de una infraestructura que conecte al país y genere desarrollo”
A su turno, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, subrayó la importancia de mantener la mesa multisectorial para alcanzar consensos duraderos.
“El CPI nació para unificar las propuestas de todos los sectores y debatir con claridad hacia qué modelo de país queremos ir en un contexto global complejo. Para resolver los problemas estructurales y ordenar la macroeconomía, la mejor herramienta que tenemos es el diálogo y el consenso”
Desde el sector financiero, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Francisco Gismondi, resaltó que “para captar inversiones de largo plazo necesitamos consolidar la estabilidad macroeconómica, una moneda estable y más fuentes de crédito. Estamos en un buen camino para desarrollar esquemas de participación público-privada que financien las obras que el país requiere”.
Leé también: Agencia Calidad San Juan lanza créditos y mentoreo para integrar pymes a la minería
La minería exige anticipación para evitar cuellos de botella
El sector minero tuvo una participación decisiva dentro de la cumbre, alertando sobre la urgencia de planificar la logística de forma previa al salto productivo que experimentará la industria. El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, advirtió que la puesta en marcha de los nuevos yacimientos de cobre, litio, oro y plata exigirá ampliar drásticamente la capacidad de transporte e insumos energéticos en las regiones productivas.
“La Argentina tiene hoy una oportunidad única para consolidarse como un actor relevante en la producción de minerales críticos. El crecimiento que se proyecta para los próximos años exige actuar ahora. No podemos esperar a que aparezcan los cuellos de botella para recién entonces discutir las obras necesarias, sostuvo Cacciola. De igual forma, recordó que las rutas, el sistema ferroviario, la energía y la conectividad constituyen inversiones estratégicas para el desarrollo federal de toda la economía nacional.
En esa misma línea el referente de CAEM advirtió que «la infraestructura constituye una condición indispensable para transformar el potencial geológico del país en crecimiento económico, empleo y exportaciones, y señaló que la planificación de largo plazo resulta clave para garantizar que las inversiones anunciadas puedan ejecutarse en tiempo y forma sin enfrentar restricciones logísticas o energéticas».
Por el lado industrial, Alberto Calsiano (UIA) aportó un dato crítico sobre la matriz energética: pese a la expansión de Vaca Muerta, el sistema de transporte eléctrico de Extra Alta Tensión se encuentra operando al límite de su capacidad, por lo que requiere ampliaciones inmediatas para evitar el colapso del suministro productivo.
Leé también: La infraestructura eléctrica surge como el principal límite para el crecimiento minero
Diagnóstico técnico y proyectos para el desarrollo regional
Durante los bloques técnicos, el economista Ariel Coremberg (ARKLEMS+LAND) presentó un estudio sobre el estancamiento de la economía argentina. Según detalló, la productividad nacional permanece trabada en niveles equivalentes a los registrados en 1950, por lo que resulta imprescindible elevar las tasas de inversión en energía, conectividad y transporte para retomar una senda de crecimiento sostenible.
En cuanto al desarrollo territorial, Edgardo Castellanos (COREBE) expuso los lineamientos de un plan hídrico para el Noroeste Argentino (NOA), centrado en obras de infraestructura sobre Salta y Jujuy, junto con esquemas de manejo de excedentes hídricos en la cuenca de los ríos Bermejo y Bermejito.
Leé también: Estudio de la UNSJ expone las grietas del sistema hídrico sanjuanino
La propuesta oficial y la respuesta empresarial
El cierre institucional estuvo a cargo del secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación, Fernando Herrmann, quien detalló la hoja de ruta del Gobierno nacional basada en esquemas de privatización y concesiones a privados. Entre los ejes principales, anunció la licitación de 9.154 kilómetros de rutas nacionales bajo la Red Federal de Concesiones, sin subsidios estatales, la privatización de las líneas ferroviarias de carga Belgrano, San Martín y Urquiza, y la continuidad de las obras hídricas en la cuenca del Río Salado.
Ante las demandas de los ejecutivos, el funcionario justificó la postura oficial manifestando: “El qué hay que hacer está claro hace mucho tiempo. Lo que nos falta son recursos”.
Por último, el director de la Sociedad Rural Argentina y coordinador del Comité de Caminos Rurales, Tomás Palazón, enfatizó la urgencia de ejecutar las obras pendientes: “Nos falta menos diagnóstico y más hechos. Hace 100 años que estudiamos qué hay que hacer en materia de infraestructura. Venimos resolviendo cuestiones que afectan a la macroeconomía, como bajar la inflación y estabilizar el tipo de cambio, y eso es lo que nos falta”.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.