La nueva ola de proyectos de cobre y litio enfrenta un obstáculo común: la infraestructura eléctrica. Empresas energéticas, especialistas y consultores coincidieron en que el financiamiento existe, pero que la regulación, la coordinación y la velocidad de ejecución serán determinantes para que la minería argentina concrete su próxima etapa de crecimiento.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La infraestructura eléctrica se consolidó como el principal desafío para el crecimiento de la minería argentina. Durante un encuentro organizado por CAEM, especialistas de Central Puerto, Genneia, TecnoLatina y O’Farrell coincidieron en que el financiamiento dejó de ser el principal obstáculo. El sector reclama nuevas líneas de transmisión, mayor coordinación entre empresas, reglas regulatorias claras y una ejecución más rápida para sostener la expansión de los proyectos de cobre y litio.
La infraestructura eléctrica se convierte en el principal desafío para la minería argentina
El 30 de junio se realizó un nuevo capítulo del Ciclo de Charlas organizado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), dedicado a la infraestructura de generación y transmisión eléctrica que necesita la industria minera para crecer. El encuentro, realizado de manera virtual, reunió a Agustín Siboldi, socio del estudio O’Farrell y especialista en mercado eléctrico; Leonardo Katz, director de Planeamiento Estratégico de Central Puerto; Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos de Genneia; y Rogelio Barachar, presidente de TecnoLatina.
El sector minero atraviesa un momento de impulso normativo, con la sanción del RIGI y modificaciones a la Ley de Glaciares que habilitan nuevos proyectos. Sin embargo, ese avance choca con una infraestructura energética que no acompaña el ritmo de la demanda proyectada.
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En ese contexto, los cuatro especialistas coincidieron en un diagnóstico: la infraestructura eléctrica será uno de los factores que definirá la competitividad de la minería argentina durante la próxima década. Si bien existe financiamiento para las obras, todavía persisten desafíos regulatorios, de coordinación y de ejecución que condicionan el desarrollo de nuevos proyectos de cobre y litio.
La creciente demanda minera expone las limitaciones del sistema eléctrico
Agustín Siboldi abrió la charla desde el lado de la demanda. Explicó que los proyectos mineros requieren «una oferta de electricidad sostenida en el tiempo que no resiste variabilidad», por lo que la generación renovable por sí sola no alcanza para cubrir esa necesidad, ya que también exige conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Asimismo, señaló que el tipo de mineral incide en la magnitud de la demanda, siendo la del cobre muy superior a la del litio.
Los vacíos regulatorios que dificultan las inversiones
El especialista describió una Argentina con «una distancia enorme entre los puntos de generación y los puntos de consumo concentrados en el noroeste argentino». Según su lectura, la ley base y sus reglamentaciones posteriores flexibilizaron el esquema al eliminar la prioridad de uso exclusiva sobre las líneas de expansión, lo que las convierte en un bien de acceso abierto.
Sin embargo, remarcó que persiste una laguna regulatoria de fondo: la identificación de los beneficiarios de cada ampliación, es decir, quiénes también obtienen beneficios de conectividad además del proyecto minero que impulsa la obra. Por otra parte, sostuvo que ese vacío normativo representa al mismo tiempo una oportunidad para estructurar financiamiento y un factor de incertidumbre para los inversores.
Finalmente, llamó a fortalecer la coordinación entre los desarrolladores. «Los proyectos energéticos tienen que sumar fuerzas, tienen que dialogar entre sí», afirmó, al sostener que un consorcio conjunto reduce costos frente a la construcción de líneas aisladas para cada proyecto.
El proyecto de una línea de 345 kV para conectar la Puna con el sur
Leonardo Katz presentó el caso más avanzado de la jornada: el proyecto que Central Puerto desarrolla junto con YPF Luz desde hace más de tres años en el norte argentino. El ejecutivo explicó que el análisis inicial, basado únicamente en comparar los costos del diésel con otras alternativas eléctricas, resultó insuficiente frente a la complejidad de coordinar múltiples actores con intereses diferentes.
Como resultado, ambas compañías, que inicialmente competían por los mismos trazados y proveedores, lograron construir «un caldo de cultivo de confianza» que hoy permite avanzar de manera conjunta.
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El trazado conecta con la línea de 345 kV de Interandes, entre Güemes y Chile, a la altura de la ET Puna, construida para el proyecto Cauchari. Desde allí se extendería unos 70 kilómetros hasta Pastos Grandes, con una estación transformadora de 345/220 kV, y otros 70 kilómetros hasta el Salar del Hombre Muerto, con una ET de 345/220/132 kV para distribuir energía entre los proyectos de la zona.
Una segunda etapa, en 220 kV, incorporaría otros 140 kilómetros hasta el Salar de Carachipampa, en Catamarca, con la posibilidad de cerrar en el futuro el histórico «anillo» que uniría este corredor con obras previstas desde el sur, como Vicuña y el tramo La Rioja-Catamarca.
El financiamiento ya no es el principal problema
Además, Katz descartó que el financiamiento sea hoy la principal barrera. Precisó que buena parte de los estudios fueron realizados con cofinanciamiento de la IFC, que además impulsa proyectos de transporte vinculados a la demanda minera.
Según explicó, el principal desafío continúa siendo regulatorio, ya que constructores e inversores necesitan garantías de que quienes utilicen la infraestructura contribuirán a su amortización.
Genneia impulsa nuevas obras de transporte eléctrico para la minería
Gustavo Castagnino evitó repetir los detalles de los proyectos del norte y centró su exposición en la visión de Genneia como empresa generadora y, tras su participación accionaria en Transener, también como actor del transporte eléctrico. En ese sentido, destacó que existe voluntad oficial para avanzar con obras de infraestructura más allá de la minería, en un sistema de transporte que calificó como débil, aunque hasta ahora sostenido por veranos con temperaturas moderadas y por importaciones puntuales de energía.
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Además, aseguró que Genneia nunca enfrentó dificultades para acceder al financiamiento, pese a los cambios de administración y a los ciclos macroeconómicos. Mencionó el respaldo de bancos de desarrollo de Holanda, Alemania, Dinamarca, Francia y Canadá, además de la IFC, y recordó que la compañía se ubica entre los principales emisores de bonos verdes del país.
También propuso que los contratos de demanda futura de las empresas mineras puedan utilizarse como garantía para estructurar financiamiento destinado a nuevas obras de infraestructura.
La necesidad de coordinar proyectos de infraestructura
Sin embargo, Castagnino insistió en la necesidad de encontrar «opciones superadoras» frente a las dificultades de coordinación entre compañías mineras. A su entender, ninguna línea de alta tensión debería construirse únicamente para abastecer un proyecto específico, sino para fortalecer un sistema que también beneficie a otras industrias y a la demanda residencial.
Como ejemplo, mencionó los casos de Josemaría y Pachón, en San Juan, y las diferencias surgidas entre La Rioja y el proyecto Vicuña como muestras de la falta de cooperación interprovincial. «Queremos venderle energía a las mineras, que haya energía para las mineras, que las mineras puedan funcionar y generar un ingreso de divisas excepcional para la Argentina», resumió.
La regulación eléctrica, una deuda pendiente desde hace más de treinta años
Rogelio Barachar cerró la jornada con la visión técnica de TecnoLatina, empresa dedicada a brindar servicios de ingeniería para generadores, compañías mineras y la Secretaría de Energía. A su juicio, buena parte de los problemas regulatorios actuales tienen origen en 1993, cuando se publicó el Anexo 16 de los procedimientos del sector eléctrico.
Normas desactualizadas y falta de previsibilidad
Barachar cuestionó el debilitamiento de la autoridad federal sobre la regulación del transporte eléctrico, situación que según sostuvo genera conflictos entre las provincias y el regulador nacional, además de incrementar la incertidumbre para los inversores. Además, criticó las resoluciones 179 y 311 por considerarlas insuficientes para brindar certezas respecto del uso exclusivo o prioritario de la infraestructura.
Nota aclaratoria
Resolución 311/2025: Incorpora la modalidad de concesión de obra pública para ampliar el sistema de transporte. Su objetivo es permitir que empresas privadas construyan, mantengan y exploten líneas de alta y media tensión, recuperando la inversión mediante tarifas. También actualiza las reglas para los proyectos de Energías Renovables (MATER), estableciendo un límite de 10 años para la prioridad de despacho.
Resolución 179/1998: Regula las líneas de transporte de uso particular (para industrias o proyectos privados). La normativa establece que para autorizar estas líneas, no debe preverse la necesidad de uso compartido con terceros. La Resolución 311 introduce modificaciones sobre esta base.
También advirtió sobre el atraso tecnológico del sector. «Seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace 30 años», resumió, antes de reclamar una actualización de los reglamentos de diseño y calidad, especialmente para obras de alta montaña.
Por último, recordó el caso de Oroplata, donde una infraestructura diseñada para abastecer 30 megavatios comenzó operando con apenas 10. No obstante, coincidió en que el debate sobre infraestructura eléctrica alcanzó un nivel de visibilidad inédito y que proyectos como Vicuña o Taka Taka reflejan un dinamismo muy superior al observado pocos años atrás.
Qué necesita la minería argentina para superar el déficit de infraestructura eléctrica
Las exposiciones coincidieron en un diagnóstico central: la infraestructura eléctrica argentina no está preparada para abastecer la demanda que generará la próxima generación de proyectos de cobre y litio.
En consecuencia, el financiamiento dejó de ser el principal obstáculo para el desarrollo de nuevas obras. De este modo, el desafío pasa ahora por actualizar el marco regulatorio, fortalecer la coordinación entre empresas y jurisdicciones y acelerar la ejecución de proyectos de generación y transporte eléctrico. De esas decisiones dependerá, en gran medida, que la minería argentina pueda sostener el crecimiento proyectado durante la próxima década.
Periodista especializada en minería, ambiente y agenda social. Forma parte de Acero y Roca -Magazine Minero, donde cubre la actualidad del sector con foco en sostenibilidad, seguridad, innovación y gestión de recursos humanos. Su trabajo analiza la relación entre minería y desarrollo local, con atención en el impacto en las comunidades y la gestión de recursos naturales. También aborda el avance de la inclusión en la industria, siguiendo iniciativas vinculadas al rol de la mujer y espacios sindicales emergentes.