Aunque el Gobierno nacional retiró del proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» el capítulo que modificaba la Ley de Tierras para facilitar su tratamiento en el Senado, el Concejo Deliberante de Calingasta aprobó una resolución que reclama resguardar las facultades constitucionales de las provincias sobre los recursos naturales, el ordenamiento territorial y la ejecución de obras estratégicas en uno de los principales departamentos mineros de San Juan.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El Gobierno eliminó del proyecto el capítulo sobre la Ley de Tierras para destrabar su tratamiento legislativo. Pese a ese cambio, el Concejo Deliberante de Calingasta aprobó una resolución de rechazo. El cuerpo sostiene que el debate excede la compra de tierras e involucra la autonomía provincial, las expropiaciones y la planificación territorial.La resolución advierte que esas facultades son necesarias para ejecutar infraestructura clave para el desarrollo minero y productivo del departamento.
La resolución mantiene el reclamo pese al cambio del Gobierno
La decisión del Gobierno nacional de retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras no alteró la postura institucional adoptada por el Concejo Deliberante de Calingasta. Durante la sesión de este jueves, el cuerpo aprobó por unanimidad una resolución impulsada por el concejal Sebastián Ramos, en la que expresa su rechazo al proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» por considerar que algunas de sus disposiciones podrían afectar las competencias constitucionales de las provincias.
El texto aprobado sostiene que la discusión no se limita al régimen de compra de tierras por parte de capitales extranjeros, sino que también alcanza aspectos vinculados con las expropiaciones, el ordenamiento territorial y la administración de los recursos naturales.
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«El proyecto ingresó como declaración, pero los concejales entendieron que debía convertirse en una resolución. Eso le da una posición institucional más fuerte del cuerpo», explicó Ramos a Acero y Roca. «Aunque hayan sacado el artículo sobre la Ley de Tierras, creemos que el proyecto no debería avanzar porque deja de darle facultades a las provincias para decidir sobre su territorio», aseguró el edil.
Autonomía provincial y desarrollo de un departamento minero
Los fundamentos de la resolución hacen eje en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales, y en los artículos 121, 122 y 123, que delimitan las competencias provinciales y municipales. Según el documento, la autonomía provincial no se limita a administrar los recursos naturales, sino que también comprende la planificación del ordenamiento territorial, la ejecución de obras públicas estratégicas y la adopción de políticas necesarias para el desarrollo económico y social.
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En ese contexto, la resolución destaca que Calingasta concentra importantes proyectos mineros, además de recursos hídricos, actividades agropecuarias, energéticas, turísticas y ambientales que requieren una planificación permanente entre la Nación, la Provincia y el Municipio. «Toda modificación al régimen de propiedad privada, las expropiaciones, el ordenamiento territorial o la administración de los recursos naturales debe respetar plenamente el dominio originario de las provincias», señala uno de los artículos aprobados.
El Gobierno nacional retiró formalmente todo el capítulo de la Ley de Tierras del debate legislativo. Al eliminar este apartado del paquete original de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el oficialismo dio marcha atrás con los siguientes puntos:
- El aumento del tope al 25%: Se canceló la propuesta de elevar el límite de tierras en manos extranjeras del 15% al 25% por provincia.
- La eliminación del límite municipal: No se avanzará con la idea de quitar el control por departamentos, lo que blindaba zonas críticas de la Patagonia y del norte del país.
- La quita de restricciones en áreas hídricas y fronteras: Quedó descartada la desregulación para la compra de campos que limitan con fuentes de agua dulce (lagos, ríos, acuíferos) o que se ubican en zonas de seguridad fronteriza.
- La vigencia de la Ley 26.737: Al retirarse la reforma, la Ley de Tierras de 2011 sigue plenamente vigente con todas sus restricciones originales intactas.
Lo que el Congreso sí sigue debatiendo
- Mecanismo de desalojo exprés: Procedimientos rápidos para resolver situaciones de usurpación de inmuebles.
- Endurecimiento de expropiaciones: Nuevos requisitos e instancias formales para limitar el accionar del Estado sobre la propiedad privada.
- Cambios en la Ley de Manejo del Fuego: Modificaciones referidas a las restricciones sobre el uso posterior de terrenos que sufrieron incendios forestales.
- Modernización del Registro de la Propiedad Inmueble: Digitalización y agilización de trámites de dominio
Infraestructura estratégica, el argumento central del Concejo
Uno de los principales fundamentos del proyecto es que limitar las herramientas de planificación territorial podría afectar la ejecución de obras consideradas esenciales para el crecimiento del departamento. Ramos explicó que «el objetivo de la resolución es preservar las herramientas jurídicas necesarias para planificar el crecimiento del departamento y evitar que se reduzcan las facultades provinciales y municipales»
En ese sentido, el documento remarca que Calingasta constituye uno de los principales departamentos mineros de San Juan, donde proyectos de relevancia internacional requieren corredores viales, líneas eléctricas, obras hidráulicas e infraestructura logística cuya planificación, sostiene, debe realizarse respetando las competencias constitucionales de la provincia.
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«No somos antimineros, acompañamos las inversiones»
El concejal también buscó diferenciar la resolución de una postura contraria a la actividad minera. «Necesitamos inversiones y vamos a acompañarlas, pero no dejando de lado nuestra soberanía nacional«, afirmó. Además, rechazó que el proyecto pueda interpretarse como una posición antiminera: «no somos antimineros. Todo lo contrario. Acompañamos las inversiones, pero creemos que extranjerizar nuestro territorio no es la forma.»
Para el edil, el desafío consiste en compatibilizar la llegada de inversiones con la preservación de las facultades que la Constitución Nacional reconoce a las provincias para administrar sus recursos y planificar su desarrollo.
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Una discusión que trasciende la Ley de Tierras
.El retiro del capítulo sobre la Ley de Tierras modificó el escenario político del proyecto en el Congreso, pero no alteró los argumentos que el Concejo Deliberante de Calingasta plasmó en su resolución. El documento sostiene que el debate excede la compra de tierras por parte de extranjeros y se extiende a las herramientas que, según interpreta el cuerpo, permiten a las provincias planificar obras públicas, administrar sus recursos naturales y acompañar el desarrollo de actividades estratégicas como la minería. Esa posición explica por qué el departamento decidió mantener su reclamo aun después del giro del Gobierno nacional.
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