Por David Balderrama
El ministro de Salud aseguró que la provincia mantendrá su autonomía frente a la reciente medida nacional. Afirmó que la prioridad actual es optimizar el recupero de costos de obras sociales y anticipar la demanda laboral que generará el sector minero.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Tras la Resolución 1066/2026 de Nación, el ministro Amilcar Dobladez aclaró que San Juan no aplicará el cobro inmediato a extranjeros por su baja incidencia actual, apenas 102 casos anuales. La provincia prioriza cobrar a las obras sociales (logrando un aumento del 1000% en recaudación) y prevé regulaciones para las empresas mineras.
Autonomía provincial frente a la normativa nacional
Doblades explicó que la decisión de la Casa Rosada de arancelar prestaciones rige específicamente para hospitales nacionales, los cuales están concentrados mayormente en Buenos Aires. Al tratarse de establecimientos federales, cada provincia tiene la potestad de adherir o no a la medida, basándose en sus propias leyes territoriales. Para el funcionario sanjuanino, las estadísticas actuales no justifican un cambio drástico de paradigma.
«No es algo que a nosotros nos quite el sueño ni nos mueva la aguja en la cantidad de tensiones que tenemos». El ministro de Salud, Amilcar Dobladez, detalló que el 98% de las consultas extranjeras en la provincia corresponden a turistas, por lo que no es intención de la gestión afectar la seguridad sanitaria del visitante con medidas recaudatorias prematuras, al menos mientras los datos se mantengan estables. Además, se registra un promedio de 102 consultas o intervenciones en extranjeros por año.
«Vamos a tener gente que va a venir de afuera, incluso de otras provincias, que deberán tener su cobertura como cualquiera tiene trabajando bajo el régimen de dependencia en una empresa».
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El desafío minero y el ordenamiento del sistema
El foco de la cartera sanitaria se desplaza hacia la extranjerización laboral que podría traer el inminente desarrollo industrial. Dobladez señalpo que la responsabilidad económica recaerá sobre el sector privado. «En esos casos tenemos que tener en cuenta que cada empresa que tome un extranjero debe hacerse cargo de la salud a través de obras sociales, seguros, ART, etcétera». Según el ministro, estos trabajadores deberán contar con su cobertura obligatoria por ley, tal como cualquier empleado bajo régimen de dependencia, evitando que el Estado financie su atención.
Ley 23.660 de Obras Sociales establece en su artículo 8 que todos los trabajadores en relación de dependencia (tanto del sector privado como público) están obligatoriamente incluidos como beneficiarios del sistema de salud. A su vez, la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo impone al empleador la obligación de retener y abonar las contribuciones patronales correspondientes para garantizar dicha cobertura médico-asistencial.
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En paralelo, San Juan ha logrado un hito administrativo al incrementar un 1000% el recupero de costos en un año. Esto fue posible mediante una nueva ley provincial que permite emitir certificados fiscales a través de Fiscalía. El objetivo es combatir la burocratización de las obras sociales, dado que 4 de cada 10 personas atendidas en hospitales estatales cuentan con algún tipo de cobertura privada o sindical.
La posición de la provincia refleja un pragmatismo técnico que prioriza el ordenamiento del sistema interno antes que la reacción ante decretos nacionales. La sustentabilidad sanitaria sanjuanina no depende hoy del cobro a turistas, sino de la capacidad del Estado para obligar a las prestadoras privadas y a las futuras operadoras mineras a absorber los costos de sus afiliados y dependientes.
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