El endurecimiento de las inspecciones laborales y la desmovilización en el yacimiento aurífero abren un conflicto que ya monitorea Nación bajo la lupa del RIGI.
La tensión en el yacimiento aurífero y argentífero Cerro Negro, operado por Newmont en Santa Cruz, cruzó las fronteras patagónicas y encendió las alarmas de la industria a nivel país. Lo que arrancó como una batería de clausuras preventivas por fallas de higiene y seguridad mutó con rapidez en un debate de fondo sobre el poder de policía provincial, el clima de negocios y las garantías que exige la minería metalífera argentina.
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La advertencia de Nación y la lupa sobre el RIGI
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, comenzó a monitorear de cerca el choque regulatorio. En los despachos federales preocupa el impacto que esta crisis pueda generar en las decisiones de inversión del sector, especialmente en momentos donde las provincias buscan seducir capitales bajo el amparo del RIGI.
En este contexto, la cartera nacional intenta tender puentes institucionales: reconocen que la seguridad laboral es prioritaria, un punto sensible en Santa Cruz tras la tragedia que costó la vida de dos operarios en abril de 2024, pero advierten que paralizar una de las principales minas de oro del país erosiona la previsibilidad indispensable para traccionar proyectos de gran envergadura.
Firmeza provincial: seguridad intransigente y cupo local
Desde el Ejecutivo santacruceño, el gobernador Claudio Vidal fijó una línea dura frente a la operadora. El secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, fundamentó las sanciones tras detectar condiciones de riesgo inminente: «Son situaciones altamente deficientes para la vida de los trabajadores. Aquí hubo una tragedia y nosotros no lo vamos a permitir». Consultado sobre una clausura total del yacimiento, el funcionario evitó rodeos: «Es una evaluación que vamos a hacer en el momento oportuno».
A su turno, el ministro de Energía y Minería provincial, Jaime Álvarez, ratificó que no habrá flexibilizaciones: los controles de seguridad y el cumplimiento de la Ley 90/10, que exige un 90% de mano de obra local, son condiciones innegociables para operar en suelo provincial.
La postura oficial sumó el respaldo inmediato del bloque intersindical, que exige extremar los protocolos de ventilación y resguardo en interior de mina, a la par de las familias de las víctimas de 2024, cuya causa judicial sigue abierta en el Juzgado de Las Heras.
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Repliegue de Newmont y el impacto productivo
Frente a la clausura de sectores críticos como mina Marianas y laboratorios de ensayo, Newmont tomó una decisión drástica: inició la desmovilización progresiva de personal y el repliegue de contratistas bajo la figura legal de fuerza mayor.
La medida congela las proyecciones anuales de extracción de oro y activa un freno en seco sobre la cadena de proveedores locales. La negativa corporativa a franquear los accesos sobre la Ruta Provincial 39, que derivó en un allanamiento ordenado por la Justicia provincial, profundizó la desconfianza entre las partes y sumó un ingrediente de alta rispidez institucional.
La resolución del conflicto en Cerro Negro funcionará como un caso testigo para la minería argentina. La capacidad de Santa Cruz, Nación y la conducción de Newmont para destrabar una mesa de negociación efectiva, que garantice la integridad de los mineros sin dinamitar la viabilidad operativa, marcará el termómetro regulatorio que hoy miran con lupa los inversores cordilleranos.
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