El directorio de la cuprífera estatal aplicó una medida drástica y unánime. Las auditorías forenses de KPMG y EY destaparon inconsistencias críticas en el registro de cobre de Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y la Casa Matriz.

Un terremoto operativo en la cuprífera más grande del mundo
La crisis de gobernanza y control interno golpeó con máxima dureza a la principal empresa del Estado. El directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) ordenó la desvinculación inmediata de ocho ejecutivos y profesionales de alto rango, luego de que informes independientes confirmaran serias anomalías en la contabilidad y el reporte de los volúmenes productivos correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025.
La decisión corporativa se precipitó tras revisar los hallazgos lapidarios entregados por las consultoras internacionales KPMG y EY, contratadas para auditar con lupa los procesos de extracción y declaración de la estatal.
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Divisiones afectadas y cargos bajo la lupa
El alcance de la purga administrativa abarcó tanto a la alta gerencia corporativa como a operaciones neurálgicas del norte y sur chileno. Entre las salidas más sensibles figuran el gerente general de la División Salvador y diversas jefaturas de recursos mineros y áreas técnicas.
Los equipos fiscalizadores descubrieron que las toneladas métricas declaradas en los informes oficiales no se condecían con la realidad física procesada en las plantas, un hecho de máxima gravedad en una industria donde la precisión de los inventarios define los estados financieros, el pago de bonos por desempeño y la confianza de los mercados internacionales que financian los pasivos de la compañía.
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Acciones legales en marcha y la sombra de la vía penal
Lejos de minimizar el impacto institucional, la mesa directiva ratificó una política de tolerancia cero frente al manejo turbio de información estratégica. Fuentes al interior de la firma confirmaron que la corporación no descarta presentar querellas criminales y acciones civiles para perseguir responsabilidades individuales y resguardar el patrimonio fiscal.
Este flanco administrativo colisiona directamente con los tribunales: la Fiscalía Nacional mantiene abierta una causa penal para esclarecer posibles delitos de falsificación o fraude, una indagatoria que es liderada por el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos. Mientras la justicia avanza en paralelo, los expertos de KPMG y EY continúan revisando los cierres contables históricos para blindar la transparencia de la mayor productora de cobre del planeta y evitar que estas brechas vuelvan a comprometer su credibilidad global.

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