La abogada kolla Carmen Miranda explica por qué respetar los derechos socioambientales es tan crítico como el financiamiento. Una guía sobre la consulta previa para asegurar la licencia social y prevenir la hiperjudicialización de los proyectos extractivos en Argentina. la propuesta es clave: una consulta previa en minería.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Ante la presión por la sostenibilidad y debates como la ley de glaciares, aplicar el Convenio 169 de la OIT mediante la consulta previa tripartita (Estado, empresa, comunidad) previene conflictos y sobrecostos operativos, garantizando el desarrollo integral del sector minero a largo plazo.
El momento bisagra para la licencia social nacional
El principal desafío para integrar los derechos de los Pueblos Indígenas (PPII) en la actividad extractiva radica en otorgarles el mismo peso que a los requisitos de ingeniería. La abogada Carmen Miranda, especialista en Derecho Internacional Público por la Universidad de Buenos Aires, advierte que el respeto por los derechos ambientales y humanos debe medirse en la misma balanza que el financiamiento.
Hoy, el sector atraviesa una etapa crítica. Mientras algunos proyectos definen fuertes inversiones y otros avanzan en sus operaciones, el margen para corregir errores de abordaje territorial aún existe. El debate sobre la ley de glaciares demostró la magnitud de la conciencia ambiental ciudadana.
«Existe una conciencia ecologista-ambiental en la sociedad que entiende, por ejemplo, que pueden no estar en una provincia en la cordillera y aun así residir en una donde se ve afectado el cauce de un río por una provincia vecina, quizás minera. Ante un derecho universal como el acceso al agua, que ya forma parte del inconsciente colectivo, los estudios de impacto no son una pérdida de tiempo, sino un escudo que previene conflictos operativos o jurídicos».
Carmen Miranda, especialista en Derecho Internacional Público por la Universidad de Buenos Aires
Hoja de ruta: El paso a paso de la consulta previa
Para evitar que este proceso se reduzca a un mero trámite administrativo ante escribano, la industria debe comprenderlo desde la gestión de riesgo. Amparada por el Convenio 169 de la OIT (ratificado por Argentina mediante la Ley N°24.071) y las líneas directrices de la OCDE, la consulta arranca antes de remover la primera roca y finaliza tras el cierre de mina.
En la práctica, la estructura exige tres hitos ineludibles:
- Relacionamiento previo: Evaluación de riesgos y primera reunión informativa donde la empresa escucha, sumando registros históricos y trabajo de campo.
- Reuniones participativas: Presentación de estudios de impacto con información clara, retroalimentación en la lengua local y recursos gráficos.
- Seguimiento de compromisos: Implementación de mecanismos formales de reclamación y canales de atención continua.
Costos operativos y el valor del derecho internacional
Construir confianza exige tiempo. Según la especialista, el cronograma se ajusta a la vida útil del proyecto, ya sean 10 o 30 años, sumando las etapas previas y posteriores a la extracción. Medir el éxito requiere levantar una línea de base sólida, ejecutar un monitoreo socioambiental y, sobre todo, calcular el impacto económico de hacer las cosas mal.
«Es conveniente medir hasta el costo jurídico u operativo de no realizar bien la consulta previa«, remarca contundente. El problema recurrente es la falla en la comunicación, un vacío que el Derecho Internacional Público viene a ordenar exigiendo al Estado el cumplimiento de la Carta Internacional de los Derechos Humanos.
Resolver estas fricciones exige adoptar enfoques antirracistas y de género para desactivar sesgos históricos. Casos como el documentado por Lucrecia Martel sobre el asesinato de Javier Chocobar en Tucumán, exponen cómo opera la idiosincrasia racista naturalizada.
Impacto directo en la economía local y el empleo
La correcta integración de estas normativas derrama beneficios directos. Para las corporaciones, alinearse con la cosmovisión del «Buen Vivir» las acerca orgánicamente a la sostenibilidad corporativa. Para la comunidad, el impacto más urgente es el educativo, reduciendo brechas digitales y facilitando el acceso a niveles superiores de formación.
En el plano económico, el fortalecimiento de proveedores locales y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes) originarias es un objetivo central. Sobre la contratación de personal, la transparencia es innegociable. «Lejos de crear falsas expectativas o decir un número, hay que ser claro en la etapa, los tiempos en los que hay mayor contratación y en los que disminuye», detalla la abogada.
El futuro normativo: hacia un paradigma ecocéntrico
El primer paso para la industria extractiva es garantizar un control eficiente sobre la normativa vigente para frenar la hiperjudicialización. Si el sector minero nacional abandona posturas inflexibles, tiene la oportunidad histórica de construir una imagen real y positiva frente a la sociedad.
El escenario global ya está moviendo sus fichas. El reciente Acuerdo Regional por el Agua y la Energía 2026, impulsado en la CEPAL, marca una hoja de ruta estricta frente al estrés hídrico. Simultáneamente, la alianza entre Panamá y la For Nature Foundation busca llevar a la ONU una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, consolidando la transición de una visión puramente extractiva (antropocéntrica) hacia una protectora (ecocéntrica), como ya ocurre jurídicamente con el río Manzanares en España.
La transformación del sector minero ya no se mide únicamente en toneladas de mineral extraído ni en la cotización de los metales, sino en la solidez de sus vínculos territoriales. La presión por los estándares ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) demuestra que la licencia social dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en el principal activo de viabilidad. Frente a un marco internacional que comienza a reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, la minería que lidere la próxima década no será la que tenga más capital inicial, sino la que logre integrar el factor humano y ambiental en su matriz de rentabilidad desde el día cero.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.