Un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de San Juan analizó cómo circula la información ambiental vinculada a Veladero y Josemaría, hoy Proyecto Vicuña, entre 2005 y 2025. La principal conclusión señala que el problema no radica en la falta de normas, sino en la dificultad de transformar información técnica en conocimiento accesible para las comunidades.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Una investigación de la Universidad Nacional de San Juan concluyó que el principal desafío del acceso a la información ambiental en minería no es la falta de normas, sino la dificultad para que las comunidades comprendan contenidos técnicos complejos. El estudio analizó los casos de Veladero y el actual Proyecto Vicuña entre 2005 y 2025. Los resultados destacan la necesidad de avanzar hacia modelos de transparencia activa, accesibilidad cognitiva y participación ciudadana efectiva.
El marco normativo que garantiza el acceso a la información ambiental
El acceso a la información ambiental constituye uno de los pilares de la gobernanza minera moderna. Sin embargo, la existencia de normas y mecanismos institucionales no garantiza por sí sola una participación ciudadana efectiva. Esa es una de las principales conclusiones del proyecto de investigación “Derechos humanos y medioambiente. La información medioambiental en los proyectos mineros de San Juan en el caso de las minas Veladero y Josemaría (hoy Proyecto Vicuña). Período 2005 y 2025”, desarrollado en la Universidad Nacional de San Juan.
Sabrina Chicón, integrante del equipo investigador y estudiante avanzada de Abogacía, explicó que: “investigamos cuál era la normativa aplicable a estos proyectos mineros, tanto a nivel internacional como a nivel nacional y provincial”.
Ese relevamiento permitió identificar un entramado jurídico robusto integrado por normas internacionales de derechos humanos, el Acuerdo de Escazú, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, la Ley de Acceso a la Información Ambiental y legislación provincial específica.
Según los resultados obtenidos, la investigación descartó que la principal limitación esté asociada a vacíos regulatorios. “Existe un marco jurídico muy amplio y sólido que protege este derecho. El desafío no está tanto en la ausencia de normas, sino en cómo esas normas se implementan en la práctica”, sostuvo Chicón.
Acceso a la información ambiental en minería: la brecha entre publicar y comprender
La segunda etapa del proyecto buscó responder una pregunta más compleja. Si la información ambiental existe y es pública, ¿realmente llega a la ciudadanía de manera clara y útil para participar en las decisiones que afectan a su territorio? Para responder esa pregunta, el equipo realizó análisis normativos, entrevistas a representantes del Estado, empresas mineras, organizaciones sociales y miembros de comunidades vinculadas a la actividad.
“Partimos de la idea de que el acceso a la información ambiental es un derecho humano fundamental. No se trata solamente de que la información exista o sea pública, sino de que las personas puedan comprenderla, utilizarla y participar activamente en los procesos de toma de decisiones relacionados con el ambiente”.
Sabrina Chicón, integrante del equipo investigador y estudiante avanzada de Abogacía.
En
ese sentido, uno de los hallazgos centrales fue la diferencia entre acceso formal y comprensión efectiva. Aunque los estudios de impacto ambiental son públicos, su complejidad técnica dificulta que gran parte de la población pueda interpretarlos adecuadamente. “Los estudios y los informes ambientales tienen cientos de páginas con un lenguaje altamente técnico. Son documentos públicos y se cumple con ese punto de la normativa, pero no necesariamente son accesibles para personas que no tienen una formación especializada”, explicó.
Las encuestas realizadas en Jáchal e Iglesia reforzaron esa conclusión. Una parte significativa de los participantes manifestó dificultades para comprender la información ambiental disponible, situación que limita su capacidad de intervenir en los procesos participativos. “Una comunidad no puede participar plenamente en un debate si no logra entender la información sobre la cual tiene que opinar”, indicó.
A partir de ese diagnóstico, la investigación plantea la necesidad de avanzar hacia lo que denomina accesibilidad cognitiva. “El verdadero desafío actual es avanzar hacia una accesibilidad cognitiva, es decir, que la información no solo sea pública, sino también comprensible”, afirmó Chicón.
¿Qué preocupaciones tienen las comunidades de Jáchal, Iglesia y Angualasto frente a la minería?
Otro aspecto analizado fue la forma en que la ciudadanía accede a la información sobre los proyectos mineros. Aunque existen estudios de impacto ambiental, audiencias públicas, organismos oficiales y plataformas institucionales, los investigadores detectaron que buena parte de la población obtiene información principalmente a través de medios de comunicación y redes sociales.
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Como consecuencia, según la investigación, esta dinámica genera un escenario donde pueden proliferar interpretaciones parciales, errores o contenidos descontextualizados cuando la información oficial no logra llegar de forma clara a los ciudadanos. “Por eso la transparencia no se tiene que limitar a publicar documentos, sino que tiene que incluir estrategias activas de cómo divulgar esa información”, remarcó.
¿Qué preocupaciones tienen las comunidades de Jáchal, Iglesia y Angualasto frente a la minería?
Las encuestas realizadas evidenciaron que las demandas sociales vinculadas a la minería no son homogéneas dentro de la provincia. En Jáchal predominan las preocupaciones ambientales asociadas a la protección de recursos hídricos y ecosistemas de montaña. La trayectoria de organización social y movilización comunitaria generó una ciudadanía con elevado nivel de conocimiento técnico sobre esas problemáticas.
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En Iglesia, en cambio, las inquietudes aparecen vinculadas principalmente al empleo y las oportunidades de desarrollo económico local. La situación de Angualasto presenta características distintas. Allí surgieron preocupaciones relacionadas con aspectos operativos de la actividad, entre ellos el tránsito pesado, la generación de polvo en suspensión, los ruidos, las vibraciones y su impacto sobre la calidad de vida cotidiana.
Para Chicón, estos resultados obligan a revisar las interpretaciones simplificadas sobre la denominada licencia social para operar. “No siempre el descontento de la comunidad está vinculado exclusivamente a cuestiones ambientales”, señaló.
Transparencia activa: el nuevo desafío de la comunicación ambiental minera
La investigación también analizó la distribución de responsabilidades institucionales vinculadas a la difusión de información ambiental. Según las conclusiones, el Estado cumple principalmente funciones técnicas y de fiscalización, mientras que la comunicación directa y la socialización de la información recaen en gran medida sobre las empresas.
Durante las entrevistas, tanto representantes estatales como empresariales coincidieron en la necesidad de superar modelos basados únicamente en la disponibilidad documental. De acuerdo con el trabajo, «Tenemos consenso sobre avanzar hacia modelos de transparencia activa caracterizados por la difusión permanente, oportuna y comprensible para la ciudadanía”, sostuvo Chicón al resumir una de las principales conclusiones compartidas por los distintos actores entrevistados.
El consenso entre empresas, Estado y comunidades sobre el acceso a la información
Uno de los aspectos que más destacó la investigadora fue el nivel de coincidencia detectado entre sectores que habitualmente aparecen ubicados en posiciones contrapuestas dentro del debate minero. “Todos han reconocido la problemática. Nunca respondieron a la defensiva. Todos comprendieron que la información es realmente difícil de comprender”, afirmó.
Esa coincidencia también quedó reflejada en las entrevistas realizadas a representantes del Proyecto Vicuña. “La protección ambiental efectiva exige avanzar desde un modelo basado en la mera disponibilidad documental hacia un esquema de transparencia activa, accesibilidad cognitiva y participación sustantiva de los miembros de la comunidad”, expresaron durante el relevamiento realizado por el equipo investigador.
Finalmente, tras dos décadas de evolución institucional analizadas entre 2005 y 2025, el estudio concluye que hubo avances significativos en materia de participación pública y acceso a la información ambiental. Sin embargo, la investigación plantea que el próximo paso consiste en transformar información técnicamente disponible en conocimiento efectivamente comprensible para la ciudadanía. En esa transición, la calidad de la comunicación de proyectos mineros aparece como un componente tan relevante como la propia existencia de la información.
Periodista especializada en minería, ambiente y agenda social. Forma parte de Acero y Roca -Magazine Minero, donde cubre la actualidad del sector con foco en sostenibilidad, seguridad, innovación y gestión de recursos humanos. Su trabajo analiza la relación entre minería y desarrollo local, con atención en el impacto en las comunidades y la gestión de recursos naturales. También aborda el avance de la inclusión en la industria, siguiendo iniciativas vinculadas al rol de la mujer y espacios sindicales emergentes.