Tras dos jornadas de debate en comisiones, el proyecto incorporó cambios impulsados por oficialismo y oposición, obtuvo despacho favorable y quedó listo para ser tratado el jueves 2 de julio. La discusión dejó de centrarse en si debía aprobarse y pasó a enfocarse en cómo fortalecer jurídicamente una norma que busca ampliar la participación de proveedores y trabajadores sanjuaninos en la minería.
Los nudos comenzaron a desatarse, pero el apuro venía de afuera
La discusión legislativa no nació de la urgencia. El proyecto venía siendo trabajado desde hacía meses entre el Poder Ejecutivo, el sector minero y distintos actores vinculados a la actividad. Sin embargo, en las últimas semanas el tratamiento adquirió una velocidad diferente por una preocupación que excedía a la Legislatura: el reclamo histórico de los proveedores sanjuaninos para lograr una mayor participación en las grandes inversiones mineras.
La adjudicación del campamento modular del Distrito Vicuña, integrado por los proyectos Josemaría y Filo del Sol, a la empresa china PowerChina, reavivó ese debate. El episodio volvió a poner sobre la mesa una discusión que las cámaras empresarias provinciales sostienen desde hace años: que buena parte de los contratos de mayor escala terminan en manos de compañías de otras provincias o del exterior, aun cuando en San Juan existe capacidad para competir en numerosos rubros.
Ese contexto no modificó el espíritu del proyecto, pero sí aceleró la necesidad política de llegar al recinto con una ley sólida, consensuada y jurídicamente consistente antes de que comiencen a multiplicarse las contrataciones vinculadas al nuevo ciclo de inversiones mineras.
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Durante dos jornadas de trabajo en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto y Minería y Energía, oficialismo y oposición se concentraron en desatar los nudos técnicos y jurídicos que todavía generaban diferencias.
Los cambios terminaron alcanzando aspectos considerados estructurales del proyecto: la definición de proveedor local, las zonas de influencia de los emprendimientos, la transferencia de certificados de crédito fiscal, el régimen de sanciones y la compatibilidad de la futura ley con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Blindar la ley frente al RIGI
Uno de los principales interrogantes durante el tratamiento legislativo fue evitar que las exigencias provinciales pudieran interpretarse como incompatibles con el régimen nacional de promoción de inversiones.
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Desde el oficialismo, el diputado Juan de la Cruz Córdoba explicó que buena parte del trabajo desarrollado en comisión consistió en revisar cada una de las sugerencias formuladas por los distintos bloques para fortalecer el texto definitivo. «Los ministros hicieron un racconto de todas las sugerencias para verificar que estuvieran correctamente anotadas y muchas de ellas fueron incorporadas».
Según detalló, entre las modificaciones aceptadas figura la incorporación expresa de los trabajadores y proveedores de las zonas de influencia dentro de los objetivos.
Régimen de sanciones y el rol de CAPRIMSA
Si el oficialismo puso el foco en consolidar el texto, desde La Libertad Avanza las observaciones apuntaron a reforzar la seguridad jurídica de la futura norma y evitar posibles cuestionamientos durante su aplicación.
El diputado Fernando Pattinella valoró la apertura del Ejecutivo durante el tratamiento parlamentario y destacó que varias de las propuestas impulsadas por su bloque terminaron incorporándose al despacho. «Los vi muy abiertos al diálogo y a la adaptación.»
Entre los planteos que llevó a las comisiones figuró la necesidad de garantizar la participación de representantes de CAPRIMSA en el futuro Consejo Consultor previsto por la ley, además de revisar la forma en que entrará en vigencia la normativa.
Para Pattinella, condicionar la aplicación de la ley a su reglamentación podía interpretarse como una delegación excesiva de facultades hacia el Poder Ejecutivo. También impulsó modificaciones para fortalecer el régimen de exigencias y sanciones frente a eventuales incumplimientos de los planes de desarrollo local por parte de las empresas mineras.
Según explicó, la mayoría de esas observaciones fueron receptadas durante el tratamiento legislativo, permitiendo avanzar hacia un texto con mayores garantías institucionales.
La delgada línea en la definición de proveedor local
La discusión sobre la convivencia entre la legislación provincial y el RIGI atravesó prácticamente todas las reuniones de comisión.
Desde el Frente Renovador, el diputado Franco Aranda concentró buena parte de sus aportes en perfeccionar la técnica legislativa del proyecto para reducir cualquier posibilidad de conflicto interpretativo con la normativa nacional.
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El legislador explicó que propuso reemplazar expresiones de carácter declarativo por obligaciones concretas y ajustar las remisiones legales para definir con mayor precisión los sujetos alcanzados por la futura ley.
Pero reconoció que el verdadero eje del debate estuvo en otro aspecto. «Hay una línea muy delgada», remató.
Aranda señaló que esa discusión aparece especialmente al momento de definir quién puede ser considerado proveedor local y cuáles serán las metas de contratación de mano de obra y empresas sanjuaninas, uno de los objetivos centrales de la iniciativa.
No obstante, consideró que existen herramientas dentro del propio régimen nacional que permiten compatibilizar ambos sistemas. «Creo que, si lo agarramos inteligentemente desde el artículo 193 del RIGI, podemos llegar a salvarlo.»
Esa mirada terminó coincidiendo con la del oficialismo, que también sostuvo que la futura ley no busca contradecir el régimen nacional sino complementarlo mediante herramientas de desarrollo local adaptadas a la realidad productiva de San Juan.
El impacto del Distrito Vicuña y la mano de obra local
Si hubo un punto en el que prácticamente no aparecieron diferencias de fondo entre los bloques fue en la necesidad de fortalecer el entramado productivo provincial frente al crecimiento que promete la minería del cobre.
El diputado por Calingasta, Jorge Castañeda, del Partido Justicialista, sostuvo que su espacio acompañó el espíritu general del proyecto, aunque impulsó distintos cambios para darle mayor solidez jurídica. «El espíritu de la ley yo lo acompaño.»
Entre las observaciones presentadas mencionó el alcance del certificado de crédito fiscal, la legalidad del régimen de sanciones y la definición de las zonas de influencia de cada proyecto minero.
También insistió en que el desarrollo local no puede limitarse únicamente a fijar objetivos de contratación para las empresas, sino que debe ir acompañado por políticas de capacitación que permitan a los trabajadores sanjuaninos acceder a los nuevos empleos que demandará la actividad.
Sin embargo, para Castañeda el trasfondo de la discusión excede la técnica legislativa. «El apuro que hoy tienen nuestras empresas y nuestros emprendedores es que no vuelva a pasar una licitación y terminemos mirando cómo ganan empresas de afuera.»
La frase sintetiza una preocupación que atraviesa desde hace años a los proveedores locales y que volvió a instalarse con fuerza tras la reciente licitación del campamento modular del Distrito Vicuña.
Aunque el proyecto no nació como respuesta a ese episodio puntual, el caso terminó acelerando una discusión que la provincia venía desarrollando desde hacía tiempo: cómo lograr que el crecimiento de la minería también fortalezca a las empresas, los trabajadores y las comunidades sanjuaninas.
