Referentes de Calingasta, Ullúm, Jáchal y CAPRIMSA analizan el impacto de la nueva normativa. De la transparencia en las licitaciones a la exigencia de capital local, los protagonistas del sector exigen gestión para transformar la ley en contratos.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Las cámaras de proveedores de San Juan exigen que la Ley de Desarrollo Local sea una herramienta de gestión técnica y no solo declarativa. Con contratos que apenas alcanzan al 2% en algunos distritos, el sector apuesta al RE.PRO.MIN. para profesionalizarse y competir frente a las grandes inversiones del RIGI.
Expectativas y el desafío de la reglamentación técnica
Para Adolfo Ibaceta, presidente de la Cámara Proveedora Minera de Calingasta, la norma es una herramienta que carece de garantías si no se administra correctamente. «Vemos con agrado que se nos haya dado una herramienta, pero tiene que tener su participación en su gestión de uso, porque esta ley no fija cupo porcentaje», explica el dirigente. Desde su perspectiva, se trata de una ley de promoción de ofertas que requiere una evaluación transparente de los pliegos.
Por su parte, Rodolfo Aballay, referente de la Cámara de Proveedores Mineros de Jáchal (CAPSEMIJA), considera que la ley brinda un marco de previsibilidad fundamental para el desarrollo comunitario.
En sintonía, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) sostiene que el verdadero desafío comienza ahora. «La aprobación de la ley representa un paso muy importante, pero entendemos que el verdadero desafío comienza ahora, con su implementación», señalan desde la entidad provincial, destacando que han adaptado su agenda para que los socios conozcan el alcance de la norma y fortalezcan sus capacidades.,
«Estamos convencidos que fortaleciendo más el diálogo y contado con un proyecto que nos presente la operadora, de desarrollo del proveedor de la comunidad ese porcentaje debe de crecer ya que contamos con compromiso de calidad, eficiencia de nuestros socios»
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Articulación municipal y el panorama para el trabajador local
Mientras que Alejandro Muñoz, de la Cámara de Proveedores de Ullúm (CAPROMER), lamenta la falta de interacción con su gobierno local, en Jáchal, y considera «fundamental articular con nuestro municipio una oferta de proveedores locales y coordinar capacitaciones».
En Calingasta, Ibaceta es crítico respecto al rol del Estado en la formación de perfiles. «Tiene que haber un centro y una bolsa de trabajo que oriente todo, que lo tiene que manejar el municipio. No puede ser que esta temporada que ha pasado nosotros no teníamos chóferes y eran faltantes de chóferes y maquinistas, y tenemos gente desocupada», enfatiza el líder calingastino.
Sobre el impacto en el empleo, la expectativa es que la ley genere datos oficiales para cotejar el cumplimiento de contratos. CAPRIMSA argumenta que, al crecer las empresas locales, se multiplican las oportunidades laborales, pero advierte que el objetivo debe ser la competitividad sostenida en el tiempo.
Según Ibaceta, la ley permitirá saber «el por qué ganó una licitación una empresa y por qué la perdió«, evaluando factores como higiene, seguridad, capacidad técnica e inclusión social, lo que elevará la vara para el trabajador sanjuanino.
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El RIGI y la sustentabilidad como motor de crecimiento
Ante la llegada de grandes proyectos bajo el RIGI, las cámaras ven en el diálogo la única vía para asegurar el cumplimiento de la ley local. Muñoz identifica una oportunidad en las subcontratistas: «El RIGI es un instrumento que las grandes operadoras han tomado y aprovechado. Ahora pensamos que ninguna de las operadoras realiza sus trabajos sino es por intermedio de sus contratistas, y ninguna de ellas han adherido al RIGI, por lo cual abre una oportunidad para que ahora sí puedan cumplir con la Ley».
En Jáchal, Aballay coincide en que el diálogo es el motor necesario para evitar conflictos y generar oportunidades reales.
Cabe destacar que, para este artículo, se contactó a Juan Pablo Delgado de CASEMI, a Fernando Varela de la Cámara de Prestadores Mineros Iglesia y no se obtuvo respuestas.
En cuanto a la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), el sector busca trascender la «ayuda social» tradicional. «Las empresas hacen ayuda acá, pero hacen como ayudas sociales a las instituciones, a los clubes de fútbol. Está bien que lo hagan, pero necesitamos otro tipo de incentivo para que podamos crecer en mano de obra», reclama Ibaceta desde Calingasta.
CAPRIMSA propone un modelo de sinergias donde la sustentabilidad implique que empresas de mayor trayectoria incorporen a pymes locales en sus proyectos, transfiriendo experiencia y tecnología.
El termómetro de los contratos y el proceso de asociación
En Jáchal, CAPROMER reporta que entre un 20% y 25% de sus asociados tienen contratos activos. Mientras, Calingasta, la cifra ronda el 15%, mayormente a través de subcontrataciones internas, como el caso de Don Pocholo, que comparte valor contratando servicios locales. En Ullúm, la situación es más crítica con apenas un 2% de contratos vigentes, aunque Muñoz califica el potencial de crecimiento como «incalculable».
Para quienes desean sumarse, cada cámara tiene sus reglas. En Calingasta, el estatuto es riguroso: las empresas deben ser locales y, en caso de sociedades con firmas externas, estas deben contar con un 51% de capital local y radicación efectiva. «No queremos que sean empresas golondrinas que la actividad deje valor agregado acá en empleados, en los comercios, con el compre local», afirma Ibaceta.
En Ullum, los requisitos incluyen habilitaciones municipales y estar registrados en ARCA, ofreciendo asesoramiento legal y rondas de negocios. CAPRIMSA, por su parte, ofrece un espacio de vinculación y representación con cuotas variables según el tamaño de la empresa, enfocándose en la competitividad y la visibilidad institucional.
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El éxito de la nueva normativa se jugará en los detalles de su reglamentación y en la capacidad de las pymes sanjuaninas para adoptar estándares internacionales como la ISO 9000. El desafío para San Juan es lograr que la minería sea el motor que potencie, y no que asfixie, a sectores como el turismo y el agro. Solo a través de un desarrollo privado sólido, con empresas radicadas y capitales locales comprometidos, se podrá garantizar que el bienestar permanezca en los departamentos mucho después de que los yacimientos hayan cumplido su ciclo natural.
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Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.