Un informe interpretativo elaborado por especialistas integró estudios de laboratorio, monitoreos oficiales, documentación técnica y el análisis biológico de los peces realizado meses después del cierre de la causa, ofrecen una explicación integral del episodio y sus conclusiones vuelven a poner en discusión la evidencia científica del caso.
Un informe que llegó cuando la causa ya estaba cerrada
La mortandad masiva de pejerreyes registrada el 3 de noviembre de 2025 en el Dique Cuesta del Viento dio origen a una investigación ambiental y judicial. Durante los meses siguientes, distintos organismos elaboraron informes sobre el agua, los sedimentos y otros parámetros ambientales, mientras la Unidad Fiscal de Investigación (UFI Norte) trabajaba sobre la posible existencia de un delito. La causa fue desestimada meses después por el fiscal Sohar Aballay, al considerar que los elementos reunidos durante la investigación no permitían acreditar la existencia de un delito.
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El documento que hoy vuelve a poner el caso en discusión, es un informe interpretativo de 42 páginas, elaborado por un equipo integrado por Rafael Lajmanovich, María Cusiol, Daniel Folguera y Martín Felser.
En este informe se analizó toda la documentación producida durante la investigación, incluidos: los estudios de la Universidad Nacional de Cuyo, los informes del laboratorio SGS, la documentación del CIPCAMI, antecedentes técnicos de la cuenca y el análisis biológico de los peces realizado por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo.
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A diferencia de los informes técnicos individuales, este documento no incorpora nuevas determinaciones químicas. Su objetivo es integrar toda la evidencia disponible y proponer una explicación científica sobre las causas de la mortandad.
Según explicó Saúl Zeballos, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca, el único documento utilizado por ese informe que no existía cuando la Justicia archivó la causa fue precisamente el análisis biológico de los peces.
«El informe de los peces recién lo tuvimos cuando ya se había archivado la causa que abrió de oficio por envenenamiento de agua el fiscal Aballay. Nosotros pedimos participar de la investigación y el fiscal no nos permitió hacerlo. Solo pudimos hacer esas presentaciones, pero nunca tuvimos acceso a la investigación», afirmó.
Acero y Roca no pudo acceder al expediente judicial completo, por lo que no pudo verificar qué documentación fue incorporada formalmente durante la instrucción. La afirmación sobre las presentaciones realizadas corresponde exclusivamente al entrevistado.
La posición del Gobierno
Mientras avanzaban los estudios, el Gobierno provincial optó por esperar los resultados de los organismos técnicos antes de emitir conclusiones. El vicegobernador Fabián Martín sostuvo públicamente que «hay un informe de CIPCAMI con los resultados de los análisis que se hicieron oportunamente, que no hay contaminación». También remarcó que los monitoreos realizados no detectaron cianuro, mercurio ni otros parámetros por encima de la línea de base ambiental utilizada por la provincia.
Con esos antecedentes, la información técnica fue remitida a la Justicia y terminó respaldando la decisión de desestimar la causa por inexistencia de delito. Sin embargo, la elaboración posterior del informe interpretativo, que incorporó entre sus insumos el estudio biológico de los peces junto con el resto de la documentación técnica, abrió un nuevo capítulo en el análisis del caso. Más que modificar la decisión judicial, el informe amplía el conjunto de evidencia científica disponible y permite revisar, en perspectiva, los distintos documentos producidos durante la investigación.
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¿Qué mostraron los primeros análisis?
Los primeros días posteriores a la mortandad dieron lugar a una intensa campaña de monitoreo en distintos puntos de la cuenca del río Jáchal y el Dique Cuesta del Viento. Organismos provinciales, laboratorios externos y la Universidad Nacional de Cuyo realizaron muestreos con metodologías y objetivos diferentes, cuyos resultados integran hoy el conjunto documental del caso.
Uno de los documentos centrales es el Informe de Ensayo RCC I-19710 / I-19711, elaborado con muestras tomadas el 7 de noviembre de 2025. Allí se registraron valores de oxígeno disuelto de 9,16 mg/l y 7,84 mg/l en dos puntos del dique, niveles superiores al mínimo considerado necesario para la supervivencia del pejerrey. El mismo informe también detectó presencia de cloro total en las muestras analizadas.
Días antes, el monitoreo oficial encargado por la provincia también había medido el oxígeno disuelto en distintos puntos de la cuenca. El Certificado de Ensayo RAT34-08 y el Informe SGS MA25-01309 registraron valores comprendidos entre 7,67 mg/l y 8,77 mg/l, también por encima del umbral habitualmente considerado crítico para esa especie. (Certificado de Ensayo RAT34-08 / Informe SGS MA25-01309.pdf)
La existencia de esos registros constituye uno de los principales puntos de discusión técnica. Mientras el Gobierno sostuvo públicamente que los análisis descartaban contaminación y respaldaban las conclusiones alcanzadas durante la investigación, Zeballos considera que los propios valores de oxígeno registrados por los laboratorios vuelven necesario revisar la hipótesis inicial sobre la causa de la mortandad.
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«Los propios análisis muestran que había oxígeno suficiente para la vida de los peces. Por eso nosotros seguimos buscando otra explicación respaldada por los estudios científicos», sostuvo Zeballos durante la entrevista.
El análisis de los peces aportó una nueva evidencia biológica
Entre los documentos utilizados por el informe interpretativo se encuentra el Informe de Ensayo RCC I-19935-1, elaborado por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Universidad Nacional de Cuyo. A diferencia de los monitoreos realizados sobre el agua y los sedimentos, este estudio analizó directamente los tejidos de pejerreyes recolectados durante la mortandad y los comparó con un ejemplar vivo utilizado como referencia.
Los resultados mostraron una diferencia significativa. En el hígado de los peces muertos se detectó una concentración de 2.464 mg/kg de aluminio, mientras que el ejemplar vivo de control presentó 119 mg/kg. El estudio también registró 824 mg/kg de aluminio en las branquias de los ejemplares analizados.
Una de las conclusiones del informe sostiene que «la mortandad de los peces se debe por las elevadas concentraciones de aluminio así como de cloro» y que «se da un estrés fisiológico severo derivado de la exposición a mezcla multimetal y de cloro disponible».
Para Saúl Zeballos, esos resultados aportan un nuevo respaldo a la hipótesis que la Asamblea sostuvo desde el inicio del caso. «Nosotros siempre dijimos que había que analizar los peces y no solamente el agua. Ese informe llegó después del cierre de la causa y aporta información que antes no existía», afirmó.
Sedimentos, metales y antecedentes
El informe interpretativo también incorpora estudios realizados sobre sedimentos y monitoreos posteriores en la cuenca. Entre ellos figura el Informe RCC I-19755, que registró concentraciones de hasta 36.593 mg/kg de aluminio en sedimentos, y el Informe RCC I-19930, correspondiente al seguimiento efectuado en febrero de 2026, que detectó valores de aluminio, cobre, arsénico y boro superiores a los niveles guía para protección de la vida acuática, además de registrar nuevamente cloro libre y cloro total.
Los autores del informe consideran estos antecedentes como parte del conjunto de evidencias analizadas. Sin embargo, aclaran que ninguno de esos estudios, considerado de manera aislada, permite explicar por sí solo la mortandad de peces ocurrida en noviembre de 2025.
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Actas notariales y la controversia por el Río La Palca
Además de los informes de laboratorio, la reconstrucción documental incorpora un conjunto de actuaciones notariales presentadas por Saúl Zeballos y la Asamblea Jáchal No Se Toca, que buscan documentar el recorrido de la información oficial durante la investigación. Según el acta, los días 17 y 18 de noviembre de 2025 Zeballos concurrió al CIPCAMI acompañado por un escribano público para solicitar acceso a la documentación vinculada con los monitoreos realizados tras la mortandad de peces.
En ese documento quedó asentada una observación que luego sería uno de los principales cuestionamientos de la Asamblea. Al recibir copia de las actuaciones, Zeballos dejó escrita la siguiente constancia: «Firmo en disconformidad porque falta el muestreo en el río La Palca».
La observación hace referencia al punto de monitoreo PMP7, correspondiente al Río La Palca, un curso de agua que desemboca en el Río Blanco y que, según la Asamblea, constituye un punto estratégico para evaluar la calidad del agua proveniente de la zona de Veladero. De acuerdo con la documentación entregada, la cadena de custodia y las hojas de campo incluyen otros puntos de muestreo, pero Zeballos sostiene que el correspondiente al Río La Palca no figura entre las actuaciones recibidas. Asimismo, afirmó que durante una visita previa personal del organismo le había indicado que ese muestreo sí se había realizado.
Acero y Roca pudo verificar que la observación quedó incorporada en el acta notarial. Sin embargo, no tuvo acceso al expediente judicial completo ni a la totalidad de la documentación administrativa del organismo, por lo que no puede determinar si ese estudio fue omitido, incorporado por otra vía o no llegó a formar parte de las actuaciones.
La capacidad técnica del organismo de control
Otro de los puntos documentados en el acta notarial, quizá el más revelador, se refiere al equipamiento utilizado para el monitoreo de metales.
Según el acta, durante esa visita la directora del CIPCAMI, Graciela Arredondo, manifestó que «el organismo no realizaba determinaciones de mercurio porque el equipo destinado a ese análisis se encontraba fuera de servicio».
Para la Asamblea, esa explicación pone en contexto los informes históricos donde el mercurio aparece informado como «No Detectado». Sin embargo, los protocolos oficiales consultados consignan resultados analíticos bajo esa denominación y especifican límites de detección para cada ensayo.
La diferencia entre ambas posiciones constituye uno de los aspectos que permanece en discusión y que no puede resolverse únicamente con la documentación disponible.
El antecedente de 2015
El análisis del caso también incorpora un antecedente que ambas partes consideran relevante. Tras el incidente ocurrido en Veladero el 13 de septiembre de 2015, Minera Argentina Gold S.A. (MAGSA) reconoció el derrame de 224 metros cúbicos de solución cianurada y documentó la utilización de hipoclorito de sodio para neutralizar el cianuro en el Río Blanco.
Ese dato no forma parte de la investigación judicial iniciada por la mortandad de peces, pero aparece citado reiteradamente por Zeballos para explicar por qué la detección de cloro en los estudios realizados durante 2025 y 2026 le resulta significativa. «En 2015 la empresa reconoció que utilizó hipoclorito para neutralizar cianuro. Cuando volvemos a encontrar cloro en los análisis, creemos que merece una explicación técnica», sostuvo.
Hasta el momento, no existe un documento incorporado a esta investigación que vincule de manera directa la presencia de cloro detectada en 2025 con un nuevo incidente operativo en Veladero. Esa relación constituye una hipótesis sostenida por la Asamblea y no una conclusión demostrada por la documentación analizada.
Un caso que sigue generando preguntas
El informe interpretativo de los especialistas no busca sustituir los tiempos de los tribunales, sino arrojar luz allí donde los análisis de agua resultaron insuficientes. En un escenario donde el desarrollo minero exige certezas absolutas, la falta de aparatología del CIPCAMI y el archivo apresurado de la causa penal abren una brecha en la confianza pública. Para consolidar un sector verdaderamente sustentable, es imperioso mejorar los estándares de fiscalización ambiental. Las respuestas de fondo siguen pendientes, y la ciencia acaba de demostrar que el caso está lejos de estar clausurado.
Periodista especializado en minería, ambiente, ciencia y economía. Desde San Juan, cubre la actividad minera con mirada crítica y enfoque en sus impactos, oportunidades y protagonistas, buscando explicar los procesos detrás de cada proyecto y acercar información rigurosa a la comunidad.