Cristian Cifuentes, líder senior de Estudios y Contenidos de CESCO, analiza el regreso de la exploración greenfield, el potencial argentino y el rol de San Juan en una agenda cuprífera donde Chile y Argentina pueden complementarse.

LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Cristian Cifuentes, de CESCO, sostiene que Chile y Argentina no compiten por el cobre, sino que pueden complementarse. Advierte que los permisos siguen siendo cuello de botella, que Argentina necesita institucionalidad sólida y que San Juan puede integrarse a una cadena regional de proveedores.
La cordillera dejó de ser solo frontera
El cobre volvió a ordenar la agenda minera regional y, en ese mapa, la cordillera deja de ser una línea divisoria para convertirse en un espacio de proyectos, caminos, energía, proveedores y aprendizajes compartidos.
Cifuentes habla desde CESCO, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería, una institución chilena que nació en 1984 , en pleno debate del Código de Minería de Chile y en la antesala del regreso democrático. Desde entonces, el centro participa en política pública, organiza la Semana CESCO en abril y sostiene un encuentro internacional en Shanghái, donde confluyen empresas mineras y fundiciones. “Nuestra institución tiene más de 40 años en el país”, señala Cifuentes.
Ese recorrido le permite mirar la oportunidad argentina con una advertencia de fondo. El capital puede llegar, los proyectos pueden entrar en régimen de promoción y el precio del cobre puede acompañar, pero sin reglas estables, permisos previsibles, proveedores preparados e infraestructura, el potencial queda a mitad de camino.

“No hay que tenerle miedo a Chile en la minería argentina”
Antofagasta y la señal de los greenfield
Antofagasta Minerals vuelve a poner sobre la mesa dos proyectos tempranos: Volcanes y El Encierro. Ambos tienen recursos inferidos, poca maduración geológica y ubicaciones distintas dentro del mapa chileno, pero su regreso a evaluación ambiental funciona como una señal para toda la región.
Cifuentes explica que El Encierro se ubica en la Región de Atacama, en alta cordillera, con posible relación futura con la franja del Tratado Binacional, aunque todavía sin definiciones cerradas. Volcanes, en cambio, está más cerca de Calama, en el entorno de Chuquicamata, Radomiro Tomic y Codelco Norte. “Es el ejemplo claro de cómo las majors están volviendo a apostar por greenfield”, afirma.
El punto no es que esos proyectos estén listos para construirse. Para Cifuentes, ingresar a evaluación ambiental permite pasar de un blanco geológico a un objetivo con posibilidad de perforar, planificar campañas, comprometer capital y convertir recursos inferidos en recursos más sólidos. En minería, esa diferencia marca el paso entre mirar un mapa y empezar a construir una cartera real.
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El problema no es solo el precio
El precio alto ayuda, pero no explica todo. Cifuentes plantea que Chile necesita volver a explorar porque sus grandes operaciones, muchas de ellas con 30, 40 o 50 años de antigüedad, sostienen una producción de más de 5 millones de toneladas anuales con leyes que vienen cayendo. La exploración greenfield, entonces, aparece menos como moda y más como necesidad.
Ahí aparece una lección directa para Argentina. San Juan mira proyectos como Los Azules, Pachón, Josemaría y Filo del Sol, pero la ventana de oportunidad no se resuelve solo con anuncios. La industria necesita convertir potencial geológico en recursos, recursos en estudios, estudios en permisos y permisos en construcción.
- 3 a 5 años: campañas exploratorias avanzadas para definir recursos más sólidos.
- 3 a 4 años: estudios de prefactibilidad, factibilidad y desarrollo técnico.
- 12 a 13 años: plazo estimado en Chile desde exploración avanzada hasta el último permiso de construcción.

“Chile está agotando su base de reservas de alta ley ya hace un buen tiempo”.
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El RIGI ayuda, pero no alcanza

Cuando Cifuentes mira a Argentina, compara el momento actual con una parte de la historia minera chilena. Recuerda que Chile utilizó el DFL 600 para acelerar el ingreso de capitales extranjeros, mientras Argentina busca algo similar con el RIGI, al ofrecer estabilidad para inversiones de largo plazo.
Pero el especialista marca una diferencia clave: atraer inversión no alcanza si el resto del sistema no conversa. En su análisis, un país puede abrir la puerta al capital, pero si no construye institucionalidad sólida, consensos territoriales y reglas sostenidas en el tiempo, los proyectos corren riesgo de judicialización. “Seguridad jurídica, no solamente seguridad inversional, sino estabilidad jurídica”, resume.
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Chile no como amenaza, sino como socio
Cifuentes rechaza la idea de competencia regional. Para él, Chile, Argentina y Perú pueden integrar un triángulo cuprífero con capacidades distintas, pero complementarias. En esa mirada, la llegada de empresas chilenas al país no debería leerse automáticamente como amenaza, sino como una oportunidad si se construyen asociaciones reales con empresas locales. “Argentina no es un competidor. Creo que somos países que pueden trabajar y complementarse”, sostiene.
Cifuentes recuerda que Chile tampoco nació con todas las capacidades necesarias para desarrollar minería a gran escala. Abrió sus puertas a inversión extranjera, absorbió conocimiento y desarrolló una industria de proveedores de bienes y servicios que hoy trabaja en Perú, Brasil, Ecuador y Colombia. Esa experiencia, plantea, puede servirle a Argentina si logra integrarla sin resignar empleo local de calidad. “Una cosa es exigir empleo local, pero que ese empleo local sea de calidad y técnicamente suficiente”, remarca.
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Periodista con más de 20 años de trayectoria, dedicado a la cobertura, el análisis y la producción de contenidos sobre la realidad social, política y comunitaria de San Juan. Con experiencia en medios digitales, comunicación estratégica y proyectos periodísticos con fuerte anclaje territorial, combinando experiencia en redacción, mirada crítica y cercanía con la gente.