INFORME
El Noveno Informe Técnico de Coyuntura del CIGIAA plantea que San Juan necesita revisar su Código de Aguas y reformar la institucionalidad que administra el recurso. Maximiliano Battistella, coautor del trabajo, cuestiona la concentración de decisiones en el sector agrícola, propone incorporar a nuevos usuarios y advierte que las reglas actuales quedaron desfasadas frente a la realidad productiva y ambiental de la provincia.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El debate no pasa solamente por cuánta agua tiene San Juan, sino por quién decide sobre ella y bajo qué reglas. El CIGIAA sostiene que el sistema vigente necesita una reforma institucional y normativa para ampliar la participación, proteger los acuíferos, modernizar el riego y adaptar la gestión a los nuevos usos del recurso.
Después de más de una década de crisis hídrica, los pronósticos para el próximo ciclo anticipan un derrame del río San Juan por encima de la media. Pero para Maximiliano Battistella (ingeniero agrónomo, investigador del INTA San Juan y especialista en la gestión integral del agua en zonas áridas), coautor junto a Federico Sanna Baroli del Noveno Informe Técnico de Coyuntura del CIGIAA (Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido), una mayor disponibilidad temporal de agua no alcanza para resolver los problemas que se acumularon durante años. “El problema que tiene San Juan con respecto a la gestión del recurso hídrico es un problema estructural e institucional”, sostiene Battistella.
El planteo desplaza la discusión desde la escasez hacia las reglas que determinan cómo se administra el agua. El informe propone revisar un sistema construido hace décadas, ampliar la representación de los usuarios y modificar normas que, según sus autores, dificultan una gestión integral del recurso.
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Un código de 1978 frente a una provincia que cambió
El Código de Aguas, puesto en vigencia mediante el Decreto Ley 4392 de 1978, fue diseñado para una San Juan con otra estructura económica, social y productiva. Desde entonces, la provincia atravesó cambios demográficos, nuevas actividades productivas, reformas constitucionales y una transformación profunda de sus demandas de agua.
Para Battistella, discutir una reforma no significa partir de la idea de que el Código sea intocable. De hecho, sostiene que durante sus casi cinco décadas de vigencia ya sufrió modificaciones sustanciales. “Nosotros en este informe hemos planteado algunos puntos que permitirían salirnos del dogma donde toman que el Código de Agua es un escrito sobre piedra que es imposible modificar”, explica.
Entre los antecedentes más relevantes, en 1998 se habilitó la suspensión del servicio por incumplimientos económicos. Un año después, el artículo 123 limitó el concepto de agotamiento de caudales al agua superficial. Según el informe, ese cambio permitió otorgar nuevos derechos agrícolas utilizando aguas subterráneas y aumentó la presión sobre los acuíferos. Para los autores, esos antecedentes demuestran que el Código ya fue modificado en distintas etapas y que el debate actual debería centrarse en si esas reglas siguen siendo adecuadas para la provincia.
El artículo 127 y las trabas para modernizar el riego
Uno de los puntos que el informe coloca en el centro de la discusión es el artículo 127 del Código de Aguas, que prohíbe los coeficientes diferenciales dentro de una misma cuenca. En términos sencillos, la norma condiciona la forma en que se distribuye el agua de riego. Battistella sostiene que ese esquema dificulta avanzar hacia una gestión que entregue agua de acuerdo con la demanda efectiva de cada producción.
“El artículo 127 es realmente una demostración de absurdo técnico”, afirma. Según explica, el problema no se limita a enviar agua a una superficie que puede no estar cultivada. También existe una consecuencia sobre la incorporación de tecnología.
Un productor que recibe agua mediante turnos debe disponer de infraestructura capaz de almacenar el recurso durante varios días si quiere utilizar posteriormente un sistema de riego presurizado. Frente a ese costo, el agua subterránea se convierte en una alternativa flexible porque permite extraerla a demanda. “Como la ley no te permite hacer una distribución en los canales por demanda, lo que hace la gente es sobreexplotar el acuífero”, sostiene el ingeniero.
El informe plantea eliminar el artículo 127 para permitir entregas y coeficientes diferenciales. No presenta, sin embargo, una estimación específica del 50% de pérdida de agua atribuible a esta norma. Esa cifra forma parte de la explicación brindada por Battistella durante la entrevista y debe entenderse como tal.
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Quién decide sobre el agua en el Departamento de Hidráulica
La reforma propuesta no se limita al texto del código. El CIGIAA cuestiona también la estructura institucional desde la cual se toman las decisiones. Actualmente, según el informe, el Consejo de Hidráulica (presidido por José María Ginestar) cuenta con tres consejeros que representan al sector agrícola y tres representantes del Poder Ejecutivo. Otros usuarios del agua no tienen representación formal equivalente.
Entre ellos aparecen los usuarios de agua potable y saneamiento, la minería, la industria y el turismo. El informe también señala la ausencia de representación de sectores comunitarios y tradicionales.
La discusión, para el investigador, no consiste en eliminar la representación agrícola. El problema está en que un único sector tenga una capacidad de decisión predominante sobre un recurso que utilizan actores con intereses y necesidades diferentes. “Lo que sí vemos que está mal es que solo ellos puedan decidir y es necesario ampliar la cantidad de participantes de la gestión de recursos”, sostiene.
El informe también cuestiona el sistema de voto ponderado según la cantidad de hectáreas. Sus autores lo consideran incompatible con los estándares de participación aplicables a organismos que ejercen funciones públicas y lo vinculan con un déficit democrático de la institucionalidad hídrica.
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La estructura de poder detrás de la distribución hídrica
La discusión sobre representación lleva a otro punto más sensible: qué intereses históricamente tuvieron mayor peso en las decisiones sobre el agua. Battistella evita señalar a todo el sector agrícola como responsable de la resistencia a una reforma. De hecho, sostiene que buena parte de los productores también resulta perjudicada por el esquema actual, especialmente frente al deterioro de las fuentes de agua y la pérdida de superficie cultivada.
“Ha habido a lo largo de la historia en la gestión del recurso hídrico una supremacía del sector vitivinícola tradicional» .
El entrevistado diferencia ese sector histórico de productores vitivinícolas más tecnificados y orientados a mercados internacionales, que actualmente también pueden observar la degradación del sistema como un problema para sus propias actividades.
La cuestión, entonces, no sería simplemente quién utiliza más agua, sino quién tiene capacidad institucional para intervenir en las decisiones sobre su distribución. “Nosotros no hemos sido capaces de que el bien común esté por sobre el bien de algunos individuos”, plantea Battistella.
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La minería como nuevo actor clave en las nacientes
El informe sostiene que el uso minero del agua no está regulado de acuerdo con la importancia que tiene actualmente y, sobre todo, la que adquirirá a futuro.
Los grandes proyectos mineros se ubican en sectores altos de las cuencas. “Más allá del agua que pueda utilizar, que en comparación al resto, a la agricultura, todavía es relativamente poca, está la minería inserta en las nacientes de las cuencas de los principales ríos de la provincia”, explica Battistella.
Por eso, el planteo no se limita al volumen utilizado. También incorpora la necesidad de considerar la ubicación de las actividades, la calidad del recurso y los efectos que puedan producir sobre las cuencas. Según el informe, la minería debería tener representación en el Consejo de Hidráulica y el nuevo Código debería establecer con mayor precisión las condiciones y cuotas para sus usos privativos.
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Los usuarios que quedaron marginados de las decisiones
El debate sobre la democratización de la gestión hídrica también alcanza a quienes no poseen una finca ni participan de una actividad productiva. Para Battistella, cualquier persona que recibe agua potable es un usuario del recurso y, por lo tanto, debería existir un mecanismo formal para que sus intereses sean considerados. “Vos sos consumidor de agua potable de la provincia de San Juan”, plantea.
El informe también pone el foco en los pueblos indígenas y los agricultores de subsistencia. En particular, Battistella vincula esa exclusión con una deuda histórica de la gestión del agua en la provincia. La referencia apunta a la cuenca baja y a las Lagunas de Guanacache, donde históricamente existieron comunidades y actividades vinculadas al aprovechamiento del agua.
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La mirada del investigador es que la falta actual de disponibilidad en esas zonas no puede analizarse de manera aislada, porque también está relacionada con la forma en que históricamente se captó y distribuyó el agua aguas arriba. “Ahí hay una deuda histórica con ese sector”, sostiene. El informe propone incorporar mecanismos de participación para grupos históricamente excluidos y garantizar representación de pueblos indígenas, agricultores de subsistencia y mujeres.
De un consejo ejecutivo a una autoridad de planificación
Entre sus lineamientos aparece la creación de una autoridad del agua estatal, plenamente autárquica e independiente, con una separación entre la administración primaria y secundaria del recurso. También propone transformar el Consejo de Hidráulica en un órgano de contralor sin funciones ejecutivas, incorporar mecanismos de participación ciudadana y establecer una planificación hidrológica plurianual por cuenca.
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En paralelo, las Juntas de Riego deberían contar con personería jurídica, capacidad de recaudación y herramientas para invertir en infraestructura. “Para que puedan hacer eso hay que modificar varias normativas”, explica el especialista, en referencia a las restricciones que actualmente existen para que las juntas gestionen recursos públicos. La propuesta también contempla balances hídricos anuales y plurianuales públicos, un sistema integrado de información hídrica y una actualización de las normas ambientales.
El desafío de fondo detrás de la reforma normativa
Para Battistella, el mayor obstáculo no sería técnico. “Cuando algunos sectores se paran en una defensa casi religiosa del Código de Agua, en cierta manera me parece que lo que están haciendo es evitar discutir el statu quo con respecto a quién decide cómo se asigna el agua y de qué forma se asigna”, sostiene.
La discusión propuesta por el CIGIAA no se reduce a un cambio normativo. En definitiva, el debate plantea quiénes participan, qué autoridad administra, cómo se distribuye el recurso y qué lugar ocupan actividades que hace décadas no tenían el peso que tienen hoy. De este modo, se busca integrar sectores con gran peso actual.
Sin embargo, una mayor disponibilidad temporal de agua no resolverá los problemas de fondo. En consecuencia, el verdadero desafío provincial será debatir una nueva institucionalidad.
