La Cámara de Diputados aprobó el acuerdo histórico con Vicuña Argentina S.A., garantizando fondos inmediatos para la Ruta 40 y estabilidad por 71 años, en medio de intensos cruces por el control ambiental y la soberanía jurídica.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Con 27 votos a favor, San Juan ratificó el acta con Vicuña. El acuerdo asegura 250 millones de dólares para obras desde diciembre, fija regalías al 3% y delega disputas a tribunales internacionales, desatando críticas por riesgos hídricos y pérdida de facultades de control estatal.
La estructura financiera del acuerdo y el desembarco de dólares
El recinto legislativo de San Juan fue escenario de una sesión especial donde la mayoría oficialista, junto a aliados estratégicos, dio luz verde a una pieza legal que redefine el vínculo entre el Estado y el capital minero. El diputado Andrés Castro, al iniciar la defensa del proyecto, destacó la oportunidad de consolidar un instrumento de previsibilidad económica para las arcas provinciales y la empresa Vicuña Argentina S.A. (compañía de los grupos Lundin y BHP).
El núcleo del acuerdo reside en un aporte fijo de 250.000.000 de dólares bajo el concepto de «Aporte DIA», que estará disponible a partir del 20 de diciembre de 2026. «Este aporte no es compensable con regalías mineras futuras y de ninguna manera constituye un adelanto que luego la provincia deba devolver», afirmó Andrés Castro. Este fondo se administrará mediante un Fideicomiso bajo control provincial, con la particularidad de que los desembolsos se realizarán contra certificado de obra aprobado, garantizando, según el oficialismo, una transparencia inmaculada.
El esquema financiero también establece que, a partir del sexto año de producción, la empresa comenzará a pagar un 1,5% de la facturación bruta total. Además, el convenio ratifica el marco de regalías fijándolas en un 3% sobre el valor bruto de comercialización, lo que amplía la base de cálculo en comparación con el valor boca de mina tradicional. «Se fija el cálculo sobre el valor bruto de comercialización, lo que otorga previsibilidad tanto para la empresa como para las arcas de la provincia por toda la vida útil del yacimiento», enfatizó el legislador.
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El debate ambiental: agua, arsénico y el dique de colas
La oposición, liderada en los argumentos técnicos por la diputada Estela Caparrós, puso la lupa sobre las concesiones ambientales que, a su criterio, esconde la letra chica del convenio. La preocupación central se enfoca en el uso del recurso hídrico en una provincia declarada en emergencia hídrica. Según la legisladora, la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2026 reconoce impactos «negativos severos» sobre los acuíferos y la formación de conos de descenso.
«Monitorear el agua no es lo mismo que garantizar la disponibilidad del agua. Medir esa disminución no significa recuperar el agua», advirtió Caparrós. El proyecto, que procesará 175.000 toneladas por día inicialmente, contempla a futuro el uso de aguas desalinizadas desde Chile, pero la falta de certezas sobre ese acuerdo bilateral genera alarmas, según la diputada. Además, se cuestionó la seguridad del dique de colas, una estructura que se ubicará a más de 4.000 metros de altura en zona sísmica y que recibirá residuos con altos contenidos de arsénico provenientes del yacimiento Filo del Sol.
En la misma línea, el diputado Mario Herrero denunció una presunta regresión ambiental. «La provincia se obliga a no imponer obligaciones adicionales. Yo interpreto que esto es una renuncia a esa soberanía que el Estado debe tener para ejercer con Imperium el control», sentenció Mario Herrero. Para la oposición, el acuerdo transforma obligaciones ambientales ,como la recuperación de redes hídricas en Iglesia y Jáchal, en un canje dinerario que diluye la responsabilidad directa de la empresa sobre el ecosistema.
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Soberanía judicial y el radio de exclusión de 75 kilómetros
Uno de los puntos más álgidos de la sesión fue la cláusula de prórroga de jurisdicción. El acta establece que cualquier disputa será sometida a un tribunal arbitral bajo las normas de la Cámara de Comercio Internacional, dejando de lado a los tribunales ordinarios de la provincia. «Este acta compromiso está hecha en fraude a la ley. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público», disparó Mario Herrero, citando el Código Civil y Comercial.
La diputada Marisa López también criticó duramente la exclusividad otorgada a la empresa en un radio de 75 kilómetros desde los límites del proyecto. Esta cláusula prohíbe a la provincia imponer nuevos aportes o contribuciones económicas adicionales durante toda la vida útil del emprendimiento, estimada en 71 años. «Esta cláusula representa un alto riesgo económico para la provincia, ya que podría impedirle exigir medidas de reparación ambiental ante hechos no previstos», señaló López.
Además, la legisladora puso en duda la conveniencia del monto fijo de 250 millones frente al 1,5% que se resigna cobrar durante los primeros cinco años. Según sus cálculos basados en informes de la bolsa de Canadá, la recaudación por porcentaje podría haber superado los 400 millones de dólares en un escenario óptimo. «¿Por qué resignamos esos recursos? Hemos decidido regalarle al proyecto Vicuña no solo las obligaciones de hacer, sino también la diferencia», cuestionó la diputada.
La Ruta 40: el motor que traccionó los votos
A pesar de las críticas técnicas, la urgencia de infraestructura pesó más en el tablero político. Diputados de departamentos mineros, como Miguel Vega de Jáchal y Gustavo Deger de Iglesia, adelantaron su apoyo condicionado a la ejecución inmediata de la Ruta 40 Norte. «Voy a votar en positivo este acta acuerdo, pero solo por las obras de la ruta nacional 40 norte y por todas las obras que benefician a los jachalleros», aclaró Vega. El estado «deplorable» de la vía, agravado por el tránsito pesado minero, fue el argumento final para muchos legisladores que ven en este fondo la única salida ante la falta de inversión del gobierno nacional.
Incluso desde sectores de la oposición, como el bloque peronista representado por Cristina López, se acompañó el proyecto por considerar que la obra pública es un acontecimiento que rompe con la desidia actual. «No debemos confundir la aprobación de un convenio con la renuncia al control. Acompañar una oportunidad no significa abandonar la fiscalización», sostuvo marcando una diferencia con el resto de su bloque.
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La diputada María Rita Lascano, quien calificó el convenio como «histórico» y el mejor de la historia de San Juan. «Este convenio trasciende una gestión de gobierno. Brinda estabilidad, seguridad jurídica y esencialmente confianza».
La votación terminó con 27 votos afirmativos y 9 negativos.
La ratificación del convenio con Vicuña marca un punto de inflexión en la política minera de San Juan. Si bien los 250 millones de dólares prometen un alivio inmediato al déficit de infraestructura y un espaldarazo a la creación de empleo registrado, la provincia ha cruzado un umbral de delegación de soberanía judicial y fiscal que no tiene precedentes. El éxito de esta apuesta no se medirá en la cantidad de asfalto vertido en la Ruta 40, sino en la capacidad real de las instituciones sanjuaninas para ejercer un control ambiental riguroso sobre un proyecto de escala monumental que operará bajo reglas de excepción por las próximas siete décadas. El desafío será demostrar que la minería puede ser el motor del desarrollo sin que el Estado se convierta, en el proceso, en un mero espectador de su propia riqueza.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.