El Senado chileno aprobó un proyecto de ley promovido por la administración de José Antonio Kast para crear un régimen bursátil simplificado para mineras junior. La iniciativa otorga exenciones a las ganancias de capital y deducciones por exploración greenfield. El biministro Daniel Mas busca canalizar ahorro privado hacia la prospección temprana, marcando un fuerte contraste con el RIGI argentino, enfocado casi exclusivamente en megaproyectos.
Mientras la política minera argentina concentra sus cañones en la captación de megaproyectos a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), del otro lado de la cordillera el gobierno chileno decidió mover fichas en el eslabón donde nace el negocio: la exploración inicial de riesgo.
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El Senado trasandino dio luz verde a un proyecto de ley impulsado por la administración del presidente José Antonio Kast que busca abrir los mercados de capitales locales a las empresas exploradoras junior. La propuesta legislativa apunta a revertir un cuello de botella histórico: la falta de instrumentos financieros propios para fondear la búsqueda de nuevos yacimientos sin depender de las lejanas bolsas de Toronto (o Sídney.
Desregulación bursátil y alivio fiscal para la etapa de alto riesgo
La iniciativa crea un marco regulatorio específico y simplificado para compañías en etapa temprana. Bajo este esquema, las mineras junior que califiquen no tendrán la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Valores, reduciendo los costos desproporcionados de gobernanza, auditoría y divulgación continua que suelen marginar a las firmas chicas de la plaza bursátil. En su lugar, la fiscalización quedará en manos de un agente patrocinador designado.
En el plano impositivo, la ley propone incentivos de peso para los inversores privados:
- Exención de ganancias de capital: Se elimina el tributo sobre la compraventa de acciones de estas empresas junior.
- Deducción por exploración en terrenos vírgenes: Los desembolsos en proyectos greenfield podrán deducirse fiscalmente, trasladando parte del riesgo geológico al capital privado para acelerar descubrimientos que luego engrosen la recaudación fiscal y las regalías.
«La exploración es la esencia de la minería, pero es una etapa de alto riesgo», remarcó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. El funcionario defendió la reforma argumentando que integrar la prospección al mercado de capitales diversifica ese riesgo y atrae tanto a fondos de inversión globales como institucionales locales en busca de rentabilidad.
El dilema de las patentes mineras y la concentración del catastro
El proyecto gubernamental también introduce modificaciones de fondo en el esquema de patentes mineras, buscando frenar el impacto que las tarifas elevadas generaron sobre pequeños y medianos productores. La norma plantea un nuevo mecanismo para aplicar tasas reducidas a las concesiones de exploración, suprimiendo el engorroso trámite de solicitud anual.
La reforma cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Mineros (Agrumin), entidad que denunció las trabas burocráticas y el alto índice de rechazos técnicos en el Sernageomin para acreditar la condición de pequeña escala, advirtiendo que las cargas impagas empujaban a la pérdida de propiedades y a una mayor concentración territorial.
En sintonía, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) solicitó la suspensión de los remates judiciales de concesiones con patentes adeudadas, argumentando que avanzar con las subastas antes de la sanción definitiva de la ley dejaría desamparados a numerosos titulares mineros.
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La señal para San Juan: la pelea por el capital de riesgo
La discusión chilena toca de cerca la realidad de San Juan y los distritos cupríferos argentinos. Según datos de Cochilco, Chile proyectó inversiones por 874 millones de dólares en exploración para 2025, de los cuales el 76% (669,6 millones) correspondió al cobre. No obstante, solo 206 millones se volcaron a la prospección inicial, evidenciando una concentración del gasto en proyectos avanzados en manos de las grandes operadoras consolidadas.
El viraje regulatorio de Kast busca que el capital privado financie la reposición de reservas de metal rojo. Para el ecosistema minero local, la movida trasandina expone un espejo ineludible: mientras Argentina ofrece estabilidad y alivios aduaneros a proyectos que demandan más de 200 millones de dólares bajo el RIGI, Chile diseña un traje a medida para seducir al capital de riesgo y sostener a los exploradores independientes que ponen la broca en la roca virgen.
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