De 71 proyectos en MDMO III, Mendoza descartó tres por inviabilidad ambiental ante glaciares, la Reserva Laguna del Atuel y la Ranita del Pehuenche. Además, exigió rehacer 14 informes técnicos y mantiene 54 iniciativas en evaluación.
La evaluación ambiental de la tercera etapa del Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO III) arrojó sus primeras definiciones de peso. De un universo total de 71 expedientes de exploración, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo y la Autoridad Ambiental Minera (AAM) resolvieron el rechazo definitivo de tres proyectos y exigieron rehacer de manera integral los informes ambientales de otras 14 iniciativas, mostrando que el distrito cuenta con límites técnicos y ambientales infranqueables.
Radiografía de los tres proyectos declarados inviables
La decisión de la Autoridad Ambiental Minera de Mendoza (AAM),se apoyó en el Dictamen Técnico elaborado por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria.
El dictamen técnico académico determinó que las características territoriales de tres polígonos resultan incompatibles con la actividad minera debido a la superposición con glaciares protegidos, áreas de conservación y cuencas hídricas críticas.
Pinot IX (Glaciares y proximidad a reserva)
Ubicado a menos de un kilómetro de la Reserva Natural Laguna del Atuel, el proyecto presenta una alta concentración de cuerpos glaciares inventariados y una probabilidad casi total de presencia de permafrost, configurando un ambiente periglacial y de vegas altoandinas de máxima sensibilidad hidrológica.
Las Damas / Serrucho (Glaciares de escombros activos)
Identificado en los antecedentes técnicos por la presencia confirmada de glaciares de escombros activos y ambiente periglacial amparados por la Ley Nacional 26.639 (Ley de Glaciares). La aplicación de las áreas de exclusión legal abarcaría prácticamente la totalidad del área solicitada. La apertura de huellas, caminos de acceso y plataformas de perforación generaría un impacto irreversible sobre glaciares inventariados ubicados a menos de un kilómetro en sus márgenes norte, este y sur.
Expediente 06123520-2020 (Vegas de altura y conflicto de usos)
El proyecto evidenció una probabilidad de entre 90% y 100% de humedales altoandinos en cabecera de cuenca y la omisión de impactos acumulativos. El polígono coexiste con el hábitat crítico de la Ranita del Pehuenche (Alsodes pehuenche), anfibio altamente vulnerable a cualquier alteración hídrica, y genera interferencias territoriales directas por su proximidad a la Ruta Nacional 145 y al complejo invernal Real del Pehuenche.
¿Qué significa esto?
Que el Estado mendocino no está utilizando el distrito minero como una vía libre automática. La Ley Nacional de Glaciares prohíbe de forma tajante la minería en glaciares y en la zona periglacial (suelos congelados que regulan el agua). Si el polígono solicitado coincide con estas áreas protegidas por ley o roza los límites de reservas naturales, la iniciativa queda vetada de cuajo en la mesa técnica antes de llegar a la Legislatura.
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Un filtro estricto: 3 descartados, 14 a rehacer y 54 en carrera
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Las resoluciones dictadas bajo la Ley Provincial 5961 y el Código de Minería muestran un balance claro del filtro institucional sobre los 71 expedientes que componen MDMO III:
- 3 proyectos rechazados definitivamente: Inviables por incompatibilidad física y legal.
- 14 proyectos con observaciones de fondo: Deberán rehacer sus Informes de Impacto Ambiental para responder a falencias metodológicas o territoriales antes de recibir dictamen favorable.
- 54 proyectos en carrera normal: Continuarán con la intervención de los organismos sectoriales (Irrigación, Recursos Naturales y Patrimonio) hacia la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
«Cada proyecto de MDMO III tiene su propia evaluación de acuerdo con sus características, ubicación y las condiciones de la zona», remarcaron Jerónimo Shantal (director de Minería) y Leonardo Fernández (director de Fiscalización Ambiental), dejando en claro que el resto del paquete sigue su curso regular.
Para la gestión de Cornejo y el sector minero de Cuyo, este resultado es un fuerte activo político y social: le otorga licencia social al proceso al demostrar que las universidades públicas auditan en serio y que no todos los proyectos que se presentan tienen garantizada su aprobación.
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