Acogiendo el reclamo de las comunidades diaguitas del Valle del Huasco, el Segundo Tribunal Ambiental dictó una suspensión temporal sobre los sondajes de la canadiense. El fallo advierte sobre el peligro inminente de daño sobre el permafrost y los glaciares en la misma área del clausurado megaproyecto.
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La historia jurídica de la alta cordillera en el norte chileno sumó un nuevo capítulo tan espinoso como previsible. En lo que las organizaciones territoriales denuncian como «un intento de revivir la explotación aurífera por la puerta trasera«, la justicia de vecino país determinó la paralización temporal del proyecto de prospección El Alto, una inversión de 35 millones de dólares impulsada por Compañía Minera Nevada en el mismísimo corazón del Valle del Huasco.
Con esta decisión, la causa que sobrevuela como el Capítulo 2 de la caída definitiva de Pascua-Lama, clausurado oficialmente el 17 de septiembre de 2020 tras una seguidilla de infracciones ambientales, vuelve a poner a la minera canadiense Barrick en el banquillo de los acusados frente a las comunidades locales.
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Las claves del fallo: por qué la justicia paró los sondajes
El dictamen del tribunal se basó en la necesidad imperiosa de resguardar un ecosistema de alta montaña sumamente frágil.
En fallo dividido 2-1, el Segundo Tribunal Ambiental ponderó los informes técnicos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que confirman que: los 62 pozos de sondaje distribuidos en 43 plataformas, con perforaciones de hasta 700 metros de profundidad, se emplazan exactamente en el área de explotación a rajo abierto del antiguo Pascua Lama, un sector que hoy debería estar sujeto exclusivamente a obras de cierre definitivo.
Uno de los puntos que inclinó la balanza judicial fue la velocidad del cronograma corporativo. Barrick pretendía ejecutar las tareas de perforación en apenas dos temporadas estivales, un esquema exprés que, según advirtió el tribunal, corría el riesgo de consumar un daño irreparable antes de que se emitiera una sentencia de fondo sobre la legalidad de la iniciativa. Ante la amenaza sobre el permafrost y los glaciares cordilleranos, como Toro 1, Toro 2 y Esperanza, la medida cautelar congeló las faenas por 30 días corridos.
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Guardianes del Huasco: quiénes son y cuál es su trabajo en el territorio
El freno institucional no es producto de una casualidad, sino el resultado de años de arraigo, vigilancia y defensa comunitaria en la cuenca del Huasco. Detrás se encuentran tres organizaciones fundamentales que sostienen la soberanía ambiental y cultural de la zona.
- Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos: Históricos custodios de la trashumancia, la ganadería caprina y el uso sustentable de las pasturas de altura, abocados a resguardar los bienes hídricos frente a la presión industrial y exigir el cumplimiento de los planes de cierre.
- Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera: Organización dedicada a la revitalización de la identidad ancestral y la defensa del patrimonio cultural frente a la vulneración de sus territorios sagrados de montaña.
- Comité Ambiental Comunal de Alto del Carmen: Un espacio de articulación ciudadana y socioambiental que reúne a vecinos, profesionales y dirigentes locales y traduce complejos expedientes científicos en herramientas técnicas de resistencia comunitaria.
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Una batalla judicial que marca un precedente en la alta cordillera
Para destrabar este freno, las comunidades debieron enfrentar un camino cuesta arriba: las causas sufrieron demoras críticas luego de que la totalidad de los ministros del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta se inhabilitaran tras una filtración informática, obligando a las organizaciones a escalar el reclamo hasta la Corte Suprema.
Mientras la compañía minera insiste en que «El Alto» es un proyecto autónomo con fuentes de agua propias, los pueblos originarios consolidan un liderazgo firme en la defensa de su hábitat.
El fallo del tribunal desnuda la inviabilidad de avanzar sin licencia social, algo en lo que Barrick lleva trabajando incansablemente tras el cierre de Pascua Lama el 17 de septiembre de 2020, fecha en que el Primer Tribunal Ambiental ratificó la clausura definitiva del megaproyecto por graves y reiteradas infracciones, culminando en una sentencia durísima que hoy vuelve a frenar a la compañía en el mismo corazón de la cordillera.
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