El encarecimiento de los servicios públicos golpea de manera desigual a las empresas que abastecen a los proyectos cordilleranos. Mientras el índice nacional de precios al consumidor marcó un 2,2% en octubre, las subas superiores al 4% en electricidad, gas y transporte comprimen la rentabilidad de las firmas locales. Desde la Federación Económica aseguraron que la falta de cláusulas de ajuste en los contratos privados y el freno en la demanda obligan al sector a revisar sus ineficiencias internas.
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LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Los servicios regulados (electricidad, gas, agua, tasas municipales y comunicaciones) y el combustible crecen por encima del promedio inflacionario y generan una inercia que castiga a las actividades electrointensivas y de transporte. Un comercio o importador de insumos mineros absorbe un impacto marginal en sus gastos fijos, mientras que un taller o industria local enfrenta aumentos directos en su matriz productiva. A diferencia de la obra pública, que cuenta con redeterminación de precios, los acuerdos privados de abastecimiento minero carecen de actualización automática y achican los márgenes ante un mercado que ya no convalida remarcaciones directas.
El avance de los precios relativos en la economía argentina abrió una brecha concreta dentro de la cadena de valor que abastece a la minería en San Juan. Mientras los grandes desarrollos metalíferos dependen de la evolución del riesgo país para definir las tasas de financiamiento externo, las pequeñas y medianas empresas de la provincia enfrentan un escenario diario condicionado por la recomposición tarifaria.
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De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de octubre alcanzó el 2,2% a nivel nacional (26,3% acumulada en 2026 y 33,1% interanual) y el 2,3% en la Región Cuyo, pero el capítulo de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles escaló un 4,2% mensual.
Frente a este cuadro, el contador Diego Hagmann, miembro titular de la Comisión Revisora de Cuentas de la Federación Económica de San Juan y dirigente de la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San Juan, advirtió en diálogo con ACERO Y ROCA que el traslado de estos aumentos castiga con mayor severidad a los productores locales que a los intermediarios comerciales.
Tarifas reguladas y combustibles: el motor de la inercia

El análisis sobre la evolución de los costos internos exige separar la macroeconomía de los grandes proyectos de la operación cotidiana de las firmas sanjuaninas. Mientras la colocación de bonos provinciales o el crédito internacional responden a la prima de riesgo país, el funcionamiento diario de las proveedoras depende de insumos básicos cuyos precios se mueven por encima del promedio general. «Si analizamos el índice de inflación, no todos los sectores aumentan de manera pareja. El índice tracciona más que todo con los servicios regulados, que son los servicios monopólicos o de control público, como energía, gas, agua, tasas municipales, fibra óptica y comunicaciones», explicó Hagmann.
El dirigente señaló que esa dinámica sostiene un piso elevado en la estructura de gastos empresariales que resulta difícil de perforar en el corto plazo.
«Estos servicios, al igual que el combustible, le pegan de manera directa a la producción local. Hoy existe una inercia en la inflación debido precisamente a la recomposición de las tarifas dentro del sistema de precios relativos, lo que hace difícil que el índice baje de manera más fuerte».

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Contratos sin ajuste y el fin de las remarcaciones automáticas
A la presión de los costos operativos se suma la rigidez contractual en los acuerdos comerciales privados. A diferencia de la construcción de obra pública, donde rige la cláusula de redeterminación de precios para compensar desfasajes en los certificados de obra, los convenios de provisión con las compañías mineras suelen carecer de mecanismos automáticos de indexación. «Si una pyme hizo un contrato para el abastecimiento de un producto por determinada cantidad y durante cierto período, lo más probable es que no tenga cláusulas que permitan un ajuste inflacionario, y ahí el impacto va directo a una caída del margen», indicó el referente empresarial.
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Sin embargo, el contador planteó una autocrítica sobre la conducta histórica del empresariado frente a los procesos inflacionarios y advirtió que el mercado actual impone un límite estricto a los aumentos preventivos. «Hay que hacer un mea culpa porque históricamente, cuando la inflación era del 3%, muchos empresarios aumentaban sus precios un 3% de manera directa sin analizar su estructura real, tratando de compensar todas las ineficiencias de la empresa con remarcaciones», afirmó.
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Según su diagnóstico, esa práctica dejó de ser viable en el escenario vigente. «Hoy tenés una demanda bastante planchada y ya no podés trasladar directamente el índice inflacionario en su totalidad porque no vendés. Entonces comienzan a quedar expuestas las ineficiencias propias de cada empresa», concluyó el especialista.

El comportamiento de los servicios regulados y de los combustibles consolidará un escenario de selección natural dentro de la cadena de abastecimiento minero en San Juan. Aquellas pymes que logren auditar su matriz energética, optimizar sus procesos internos y negociar esquemas de revisión periódica en sus contratos privados estarán en mejores condiciones de sostener su competitividad frente a la oferta extraprovincial y a la importación directa de insumos.

Periodista especializado en minería, ambiente, ciencia y economía. A cargo de notas de análisis e investigación, cubre la actividad minera con mirada crítica y enfoque en sus impactos, oportunidades y protagonistas, buscando explicar los procesos detrás de cada proyecto y acercar información rigurosa a la comunidad.