Ante el debate en el Senado sobre el cierre de minas argentina, la Dra. Soledad Sandoval, gerente de SOLMIN, detalla los vacíos legales, las garantías financieras exigidas y cómo la tecnología con drones optimiza la restauración ambiental en la Puna.
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LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El reciente debate en el Senado sobre la regulación del cierre de minas argentina busca saldar vacíos legales en garantías financieras y pasivos ambientales. Desde Catamarca, SOLMIN impulsa la articulación federal mediante el Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y la aplicación de biotecnología con drones para garantizar la remediación en zonas cordilleranas.
Marco normativo y vacíos legales en el debate parlamentario
El tratamiento legislativo sobre la regulación del cierre de operaciones mineras en la Argentina ha puesto en el centro de la agenda pública la necesidad de contar con un marco claro. La Dra. Soledad Sandoval, gerente de SOLMIN, considera altamente positivo este avance en el cuerpo legislativo nacional, señalando que el país no parte de una carencia absoluta de reglas. En la normativa nacional ya rigen presupuestos mínimos de protección ambiental que deben respetarse formalmente.
Sin embargo, para competir en la transición energética global, la industria requiere equipararse con las exigencias internacionales de garantías financieras de cierre. Dentro de los aspectos prioritarios por regular en el corto plazo, Sandoval destaca la tipificación operacional de instrumentos como seguros de caución, fideicomisos y avales, los cuales deben contar con esquemas de constitución progresiva para evitar la descapitalización de los proyectos sin descuidar la intangibilidad de la remediación.
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Asimismo, resulta imprescindible fijar la diferenciación jurídica y técnica entre lo que constituye un Pasivo Ambiental Minero (PAM), asociado a sitios abandonados o huérfanos y la responsabilidad inherente a una operación que se encuentra activa. A esto se suma la necesidad de establecer un estatus ágil para la transferencia de infraestructura como accesos, instalaciones y energía que contemple la participación comunitaria para el desarrollo posterior de la zona.
Articulación federal y rol del COFEMIN en las provincias
Desde la perspectiva territorial que aporta operar desde Catamarca, la convivencia regulatoria entre la Nación y las jurisdicciones provinciales debe mantener un esquema armónico. La Constitución Nacional ratifica la propiedad originaria de los recursos naturales en cabeza de las provincias, por lo cual una ley nacional debe limitarse a fijar un piso conceptual y estándares generales de protección ambiental.
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La vía idónea para coordinar estos aspectos es el COFEMIN. A través de este organismo se busca unificar criterios de evaluación técnica, esquemas de consulta ciudadana y protocolos de fiscalización. El objetivo central consiste en erradicar asimetrías regulatorias entre provincias colindantes y asegurar que la ley nacional actúe como un instrumento de armonización técnica sin caer en un centralismo de tipo administrativo.
«Una Ley de Presupuestos Mínimos debe fijar el piso conceptual y los estándares generales de exigencia, sin avasallar las competencias provinciales ni reemplazar las normativas que provincias mineras pioneras, como Catamarca, San Juan o Mendoza, ya vienen aplicando o reglamentando».
Internalización de costos operativos y previsión financiera
«Más que un nuevo costo imprevisto, la ley viene a consolidar un principio básico del derecho ambiental y de la industria minera global: el costo del cierre debe estar plenamente internalizado en la estructura de costos de producción desde el primer día», detalla la especialista.
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De la misma forma en que se presupuestan insumos, salarios y seguridad, las empresas deben contemplar el cierre progresivo y la reparación in natura o remediación física y química más adecuada para el suelo afectado. La obligación legal y técnica abarca la continuidad del monitoreo ambiental periódico durante la fase posterior al cese productivo por los años que resulten necesarios.
Para aquellas compañías que se estructuran bajo normas internacionales como ISO 14001, este requerimiento aporta previsibilidad económica, certeza jurídica y el afianzamiento de la licencia social para operar.
Desafíos técnicos y climáticos en la Cordillera de los Andes
Las particularidades geográficas de la Cordillera de los Andes y las zonas de alta montaña impiden la aplicación de planes de remediación estandarizados de manera homogénea. Las condiciones extremas de la Puna, ejemplifica la letrada, caracterizadas por aridez severa, marcada radiación solar, vientos intensos, gran amplitud térmica y fragilidad en las cuencas endorreicas y salares, demandan soluciones específicas.
Para abordar estos retos, se requiere ejecutar líneas de acción sumamente rigurosas:
- Uso exclusivo de flora nativa: Prohibición de especies exóticas y desarrollo de investigación sobre semillas altoandinas, integrando el conocimiento de los pobladores locales para la recolección del germoplasma.
- Estabilidad física y geoquímica: Construcción de estructuras de contención preparadas para resistir eventos sísmicos y climáticos severos durante décadas tras el cierre.
- Control hídrico continuado: Mantenimiento operativo de pozos de freatimetría y mediciones hidrológicas transparentes tras la finalización de la extracción.
Innovación y tecnología con drones
La inclusión de herramientas tecnológicas avanzadas permite validar los compromisos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) mediante datos mensurables y comprobables. Un desarrollo concreto en esta materia es la iniciativa propuesta por la letrada. La misma está diseñada en la provincia de Catamarca.
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«Combinamos tecnología de drones industriales de alta capacidad con biotecnología para la siembra de precisión mediante cápsulas biodegradables de semillas de flora nativa, logrando restaurar áreas de difícil acceso en la Puna y zonas cordilleranas con máxima eficacia», remarcó Sandoval.
La propuesta técnica incorpora además herramientas de monitoreo NDVI y satelital para obtener mediciones ambientales inalterables. A su vez, involucra activamente a las comunidades de la zona en las etapas de recolección de germoplasma y restauración del entorno.
La disponibilidad pública de datos sobre la calidad del aire, suelo y agua mediante repositorios digitales inalterables y monitoreos ambientales participativos otorga un marco de transparencia indispensable tanto para los organismos de control como para la sociedad en su conjunto.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.