La situación social en la provincia de Catamarca alcanzó un punto de máxima tensión este 21 de abril. La localidad de Fiambalá se transformó en el centro de una rebelión civil. Vecinos y organizaciones nucleadas en la Asamblea Ambiental de Fiambalá iniciaron medidas de fuerza, incluyendo cortes de ruta y movilizaciones masivas, para manifestar un rechazo contundente a los proyectos mineros, puntualmente aquellos vinculados a la firma china Zijin Mining.
La protesta surge por una denuncia clara de las comunidades: la inexistencia de una “licencia social” para operar en el territorio. El descontento, que comenzó como un reclamo localizado, escaló rápidamente debido a la preocupación por el impacto ambiental irreversible y la falta de beneficios económicos reales para los habitantes de la zona.
El gobernador Jalil frente a los manifestantes
Históricamente, la gestión de Raúl Jalil se había caracterizado por mantener una postura distante y hermética frente a los reclamos de los sectores ambientalistas. Sin embargo, la magnitud de la explosión social en Fiambalá obligó al mandatario provincial a cambiar su estrategia. Ante la parálisis de las rutas y el crecimiento de la movilización, Jalil se presentó en la zona del conflicto.
Durante el encuentro, el gobernador recibió un petitorio detallado por parte de las asambleas. El documento exige frenar la expansión minera y priorizar la prevención de daños ambientales por sobre cualquier medida de remediación posterior. Los vecinos sostienen que, una vez afectado el ecosistema, las consecuencias para el turismo y el consumo de agua serán permanentes.
Alineamiento con el modelo de Javier Milei
El conflicto en Fiambalá no puede analizarse de forma aislada. La Asamblea Ambiental subrayó que el gobierno catamarqueño ha sido un aliado estratégico de la gestión nacional de Javier Milei. Jalil acompañó activamente iniciativas clave como las modificaciones en la Ley de Glaciares y la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Esta sintonía política es vista por los manifestantes como una entrega de los recursos naturales sin garantías para la población local. Además, cuestionan que, mientras se facilitan las inversiones extranjeras, la generación de empleo genuino para los catamarqueños sigue siendo una promesa incumplida.
Una economía dependiente del extractivismo
Un informe reciente elaborado por el propio Gobierno Nacional reveló una realidad preocupante: la matriz productiva de Catamarca se ha reducido casi exclusivamente a la minería. Según los datos oficiales, el litio y la minería metalífera representan el 97% de las exportaciones del Noroeste Argentino (NOA). En este esquema, China se consolida como el socio principal, concentrando más del 60% de las compras de la región.
Esta «minero-dependencia» deja a la provincia en una situación de extrema vulnerabilidad. En un contexto de recesión y fuertes recortes presupuestarios por parte de la Nación, Catamarca carece de una red de contención económica diversificada. Mientras el gobernador apuesta todas sus fichas a la extracción, otros sectores estratégicos sufren las consecuencias del ajuste.
Crisis en las economías regionales
El impacto de las políticas económicas nacionales, sumado a la falta de diversificación local, está marchitando otras industrias. Sectores como el vitivinícola y el agroindustrial enfrentan una crisis profunda. Un ejemplo claro es el freno en las inversiones de firmas como Catena Zapata, debido al desplome del consumo interno y la falta de incentivos para actividades fuera del enclave minero.
Al no existir una estructura productiva sólida, los ciudadanos que no forman parte del reducido círculo de empleo minero quedan desprotegidos frente a la inflación. Esta brecha social alimenta el malestar que ya se percibe en otras localidades como Antofagasta de la Sierra, donde el conflicto por el uso del agua ha generado incidentes similares.
Efecto contagio: El conflicto se expande
Lo que comenzó en Fiambalá está empezando a replicarse en toda la geografía provincial. Se han registrado focos de protesta y expresiones de rechazo en localidades como Las Mojarras y Fuerte Quemado. La expansión del conflicto evidencia que el malestar social es estructural y que la estrategia oficial de centrar la economía únicamente en el extractivismo está agotada.
El panorama actual muestra una provincia en jaque. El modelo de gestión de Jalil, que actúa como el brazo ejecutor de las políticas de Milei en el territorio, enfrenta el desafío de una ciudadanía que exige participar en las decisiones sobre su futuro y sus recursos naturales. La tensión en las rutas de Catamarca es el reflejo de una comunidad que se niega a ser un simple escenario de extracción sin valor agregado ni respeto por el medio ambiente.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.