La reciente adjudicación del megacampamento de 2.000 plazas para el proyecto de cobre Vicuña, ubicado en la provincia de San Juan, generó malestar en el entramado productivo local. El contrato, otorgado al consorcio estatal asiático PowerChina, en alianza con Beijing Chendong y la contratista santafesina RAFA S.A., por un monto de 52 millones de dólares, abrió un profundo debate técnico que trasciende la lógica comercial e ingresa de lleno en el terreno de la gobernanza corporativa, el compre local y la debida diligencia minera.
Los protocolos de compliance y los compromisos sobre estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) constituyen el núcleo de la identidad pública de los gigantes mineros del mundo. A su vez, BHP y Lundin Mining defienden sus «propios manuales» ante los mercados, inversionistas y la comunidad. Su política global de «Zero Harm» (Cero Daño) promete un control implacable sobre la integridad de toda su cadena de valor. Pero ¿las acciones en el territorio realmente respetan la letra escrita? El descontento manifiesto de las cámaras empresariales locales y las pymes sanjuaninas pone el foco sobre los filtros de integridad que las operadoras aplican a sus proveedores globales.
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Filtros globales y el mandato normativo de las operadoras
Las políticas de debida diligencia de BHP y Lundin Mining están diseñadas, según sus propios estatutos institucionales, para actuar como filtros estrictos ante empresas proveedoras con antecedentes complejos en materia de integridad o gestión operativa. Mediante auditorías de riesgo y el cruce automatizado con bases de datos internacionales de riesgo, las corporaciones buscan blindar su reputación y garantizar la transparencia en sus cadenas de suministro.
De acuerdo con el documento normativo global titulado BHP – Our Code, la compañía establece un mandato categórico e intransigible en su sección de anticorrupción para toda su cadena comercial:
«Nunca ofreceremos, daremos, solicitaremos ni aceptaremos sobornos, ni participaremos en ninguna otra forma de corrupción, sin importar en qué parte del mundo nos encontremos ni cuáles sean las costumbres locales. No realizaremos negocios con terceros que no compartan nuestro compromiso de operar de manera segura, ética y conforme a la ley».
Las operadoras frente al espejo de la debida diligencia
Asimismo, en el capítulo corporativo Valorar las Relaciones con Proveedores de BHP, la minera deja asentado textualmente su mecanismo de precalificación: «Al seleccionar proveedores, llevamos a cabo una debida diligencia basada en el riesgo para comprender sus prácticas y evaluar si comparten Nuestros Valores… BHP aspira a contratar proveedores que tengan un historial demostrado de operar de forma segura y ética.» Bajo esta óptica, la adhesión a estas normas se presenta como un requisito obligatorio previo para entablar cualquier negocio, explicitando en sus políticas de ética que la compañía bloquea y no se asocia con entidades evaluadas como de alto riesgo de corrupción.
Por su parte, el Código de Conducta de Lundin Mining complementa esta postura exigiendo una línea de conducta recta a sus contratistas antes de cualquier adjudicación definitiva, dictaminando que la compañía se compromete a mantener los más altos niveles de integridad y de rendición de cuentas, por lo que sus asesores, contratistas y proveedores de servicios independientes deben cumplir las pautas del código, aclarando taxativamente que no toleran ni participan en ninguna forma de corrupción o soborno.
Esta severidad regulatoria se traslada formalmente a las directrices de su Política de Minería Responsable, donde Lundin define que sus contratistas e ingenierías están legalmente obligados a cumplir con los mismos parámetros éticos que la operadora:
«Nos esforzamos por cumplir o superar los requisitos legales al cumplir con los compromisos de esta Política y esperamos que nuestros empleados y nuestros contratistas hagan lo mismo».
La fisura de PowerChina: alertas de riesgo en el plano internacional
El eje del debate en torno a la adjudicación en Vicuña radica en el contraste entre estas rigurosas exigencias corporativas y las alertas internacionales que arrastra el holding seleccionado. Quien firmó el contrato millonario es PowerChina (Power Construction Corporation of China), una corporación que registra una alta exposición en las matrices de riesgo de la región por contingencias de integridad y disputas técnicas severas.
La principal alerta de integridad institucional se localiza en los mercados del norte de Sudamérica. De acuerdo con los registros de auditoría pública, el holding asiático quedó bajo la lupa de los analistas de cumplimiento tras revelarse su vinculación y convenios de asociación con firmas locales salpicadas por investigaciones de lavado de activos y financiamiento político irregular, como el resonante caso judicial que involucra al entorno familiar de la cúspide del Poder Ejecutivo en Colombia durante los procesos de asignación de la ronda eólica costa afuera.
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A este frente de riesgo reputacional se le suma la variable de la litigiosidad crítica y capacidad técnica, regulada de forma estricta en la Guía de Cadena de Suministro Ética y Transparencia. PowerChina ha integrado consorcios internacionales que enfrentaron duros procesos de fiscalización estatal y arbitrajes multilaterales por fallas estructurales, demoras críticas y multimillonarios sobrecostos en obras de infraestructura energética de gran envergadura, como la hidroeléctrica de Hidroituango.
Este prontuario internacional genera un fuerte contrapunto con los marcos regulatorios vigentes en la propia República Argentina. A comienzos de este año, el Poder Ejecutivo nacional dictó el Decreto N° 5/2026, el cual sustituyó las pautas de inhabilitación internacional para contrataciones del Estado, dictaminando de forma taxativa que quedan excluidas y declaradas inelegibles aquellas firmas que registren conductas de inhabilitación por parte del Banco Mundial o del BID. El contraste analítico es evidente: mientras el marco público nacional inhabilita a corporaciones con sanciones de la banca multilateral para ejecutar infraestructura civil, los mecanismos privados de debida diligencia en la alta montaña sanjuanina muestran criterios más flexibles para corporaciones con peso geopolítico y financiero de su casa matriz.
Indicadores de conflictividad laboral en territorio nacional
El compliance y la gestión de riesgos en proyectos mineros de gran envergadura también consideran la paz social y el cumplimiento de la legislación laboral local, elementos clave para retener la «Licencia Social para Operar».
El holding adjudicatario acumula antecedentes de fricción gremial en diversos puntos del territorio argentino que los auditores catalogan como «zonas de fricción»:
- Provincia de Jujuy: Su constructora asociada, Shanghai Electric Power Construction Co. Ltd. (CUIT 33-71582743-9), enfrentó medidas de fuerza, asambleas de la UOCRA y paros de brazos caídos durante el montaje del Parque Solar Cauchari debido a controversias relacionadas con el esquema de liquidación de horas laborales en alta montaña.
- Región Patagónica: En los Parques Eólicos Loma Blanca (Chubut), la firma registró reclamos sindicales vinculados a la extensión de las jornadas laborales en zonas de clima extremo y demoras en la provisión de indumentaria técnica invernal.
- Provincia de San Juan: El holding forma parte de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo de la construcción del Dique El Tambolar, un proyecto que experimentó severas tensiones financieras y manifestaciones de la UOCRA San Juan ante retrasos crónicos en los pagos de quincenas y liquidaciones finales.
La edificación de una estructura habitacional de 2.000 plazas en plena cordillera exige una estabilidad gremial absoluta. El historial operativo de las filiales introduce un factor de riesgo en el corazón de Vicuña que podría generar un efecto cascada, afectando las relaciones entre proveedores, sindicatos y el gobierno provincial.
El impacto en las pymes y los pilares del compre local
Más allá de los aspectos estrictamente legales y financieros, la adjudicación reabrió una discusión profunda sobre la dimensión social de los criterios ESG. Las memorias anuales de sustentabilidad de BHP y Lundin Mining colocan como piedra angular el desarrollo económico de las comunidades anfitrionas. No obstante, las cámaras metalúrgicas y de proveedores mineros de San Juan han manifestado que la metodología de contratación «llave en mano» implementada colisiona con dichos enunciados.
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Aprovechando los beneficios de importación contemplados en el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), la metodología del consorcio prevé que los miles de módulos habitacionales tipo contenedor sean fabricados íntegramente en plantas industriales ubicadas en Pekín. Este esquema desplaza de la cadena de valor principal a los talleres metalúrgicos sanjuaninos y al personal calificado regional, reduciendo la intervención de la mano de obra local a tareas secundarias de montaje y «ajuste de tornillos» en el terreno. Si el compliance convalida que los dólares generados por el desarrollo minero local terminen financiando capacidades industriales extranjeras en detrimento del entramado productivo provincial, los discursos de responsabilidad social corren el riesgo de transformarse en una fachada publicitaria.
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El rol institucional del Estado Provincial
Las corporaciones multinacionales operan bajo concesiones otorgadas por el Estado local, y es allí donde cobra relevancia el marco constitucional. Según lo establecido en el artículo 124 de la Constitución Nacional, el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias. El Gobierno de la Provincia de San Juan actúa como el garante de la paz social y del cumplimiento del régimen legal de compre local regulado por la Ley Provincial N° 2135-A.
Si bien las herramientas del derecho público no facultan al Estado a intervenir directamente anulando un contrato legítimo entre partes privadas, el Ministerio de Minería y la Secretaría de Trabajo de la provincia poseen el pleno poder de policía para fiscalizar, auditar y, en caso de detectar incumplimientos a la normativa laboral o ambiental, aplicar sanciones severas o paralizaciones de actividades.
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La junta directiva de Vicuña enfrenta el desafío de demostrar que sus manuales de cumplimiento no constituyen letra muerta ante las urgencias del presupuesto financiero. Equilibrar la balanza entre la eficiencia de costos que ofrecen los gigantes estatales extranjeros y la protección de la licencia social de las pymes locales será determinante para la credibilidad y el éxito a largo plazo del megaproyecto de cobre.
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