La reunión ordinaria realizada en el marco de la XIX Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile, llevada a cabo en Buenos Aires el 7 de julio, dejó una postal que abre un profundo debate político e institucional en la provincia de San Juan.
Las imágenes oficiales del encuentro técnico y diplomático marcan un quiebre en el sector: José Morea, Country Manager del Distrito Vicuña y presidente de la Cámara Minera de San Juan, ocupó un espacio central en una mesa donde, por mandato constitucional y peso político, correspondía la presencia directa del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, o de sus autoridades ministeriales.
En un encuentro de carácter netamente estatal, las delegaciones oficiales estuvieron encabezadas por el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, por la parte argentina; mientras que la comitiva de Chile estuvo liderada por el subsecretario de Minería, Álvaro González Gorroño, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres Espinoza. Desde la óptica del derecho internacional, la inclusión de un actor privado con voz preponderante en la redacción de actas bilaterales representa una particularidad metodológica. Los tratados binacionales son facultades de los Estados nacionales en coordinación con las provincias dueñas de los recursos. Lo habitual es que las administraciones públicas fijen el marco regulatorio general y luego trasladen los lineamientos a las operadoras mineras en audiencias correspondientes.
Una discusión de escala regional que delata la exclusión de las pymes locales
Quienes buscan justificar la participación de Morea bajo el argumento de su «doble sombrero» como presidente de la Cámara Minera de San Juan chocan de frente contra el espíritu de las declaraciones oficiales del bloque transandino. Durante la jornada, la postura de la comitiva de Chile dejó en claro los objetivos que se persiguen. El subsecretario de Minería de ese país, Álvaro González, comentó que con este tratado “la minería en nuestras fronteras será más eficiente, con menores costos, aprovechando sinergias de ambos países y aumentando la oferta de minerales críticos al mercado global”.
Asimismo, la autoridad chilena agregó que “esta Comisión Administradora se reactiva y nos propone el desafío país de capturar parte del valor económico que generará esta alianza. La próxima etapa de la integración minera debe evolucionar hacia un modelo de integración productiva, donde ambos países compartan infraestructura, proveedores, capacidades tecnológicas y creación de valor. El éxito del tratado no se medirá por la cantidad de proyectos que crucen la cordillera, sino por la capacidad de Chile para transformar una cartera superior a US$20.700 millones en más inversión, más empleo, más innovación y más oportunidades para las regiones”.
La contradicción de la representatividad gremial empresaria
Sin embargo, si el éxito del tratado depende justamente de derramar «más empleo, más innovación y más oportunidades para las regiones» mediante el desarrollo de proveedores compartidos, la conformación de la mesa expone una asimetría difícil de sostener. Si el propósito real de la Secretaría de Minería de la Nación hubiese sido discutir este entramado productivo regional y sectorial, resulta inexplicable la total ausencia de los ministros de la provincia de San Juan, de las cámaras de proveedores locales o de las entidades gremiales empresarias de las regiones chilenas colindantes.
Por lo tanto, la presencia aislada de Morea demuestra que la coartada de la Cámara Minera se cae por su propio peso. Al concentrar la interlocución en una sola figura privada ligada a un megaproyecto, el canal de diálogo adquiere un sesgo corporativo que cierra las decisiones a la medida de una multinacional, mientras se margina de las discusiones de desarrollo a las fuerzas productivas locales y a los representantes electos.
Las definiciones sobre foco de la reunión expresadas por el secretario de minería chileno, corresponden estrictamente a negociaciones de alto nivel entre Estados.
El historial de contrataciones que condiciona el desarrollo de los proveedores locales
De acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Nacional, el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias. Alterar la institucionalidad de esa potestad para centralizar las decisiones en Buenos Aires, emite señales complejas hacia la comunidad. De hecho, este episodio coincide con un clima de creciente disconformidad entre los proveedores sanjuaninos.
La operadora del Distrito Vicuña viene acumulando tensiones en la provincia debido a la asignación de contratos estratégicos de logística e infraestructura a firmas fuera de la jurisdicción local.
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El antecedente de PowerChina y el impacto en la cadena de valor
Entre los antecedentes comerciales más complejos se encuentra la adjudicación del campamento de Vicuña a la corporación PowerChina, delegando el posterior ensamblaje en una firma de la provincia de Santa Fe. Esta decisión limitó el derrame económico de un contrato de 52 millones de dólares a la ocupación de puestos temporales para el montaje técnico.
El aislamiento logístico y el tendido de 500 kW
A esto se suman la baja de contratos de firmas sanitarias sanjuaninas en favor de prestadores radicados en Buenos Aires y las negociaciones directas con los despachos portuarios para el tendido eléctrico de 500 kW, aislando al resto de las operadoras que buscan conectividad en el territorio. Esta sangría de recursos ocurre ante un llamativo silencio de ciertas cámaras empresariales locales, cuyos asociados comienzan a cuestionar la utilidad real de las mesas de diálogo vigentes si estas no garantizan un esquema equitativo de beneficio mutuo.
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El pragmatismo de Buenos Aires frente al marco del RIGI
De esta manera, las autoridades nacionales aplican una eficiencia de corto plazo, priorizando el contacto directo con los ejecutivos que gestionan el capital bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las urgencias de las multinacionales por acelerar los plazos no pueden justificar el desplazamiento de los representantes provinciales en los acuerdos internacionales. El Distrito Vicuña y el desarrollo del cobre cordillerano necesitan previsibilidad, pero la sustentabilidad a largo plazo requiere reglas claras.
El riesgo directo sobre la licencia social a largo plazo
Hoy, las decisiones estratégicas sobre el proyecto minero más importante de la historia de San Juan se definen en un eje alineado entre la Secretaría de Minería, el Ministerio de Economía de la Nación y la conducción privada de Vicuña. Omitir el peso político de la provincia es un riesgo directo para la licencia social de un yacimiento cuya vida útil proyectada supera el siglo de operación.
A partir de esto, para consolidar una actividad económicamente viable y socialmente aceptada, la premisa de la comunidad sanjuanina es contundente: es imperioso generar el respeto a las instituciones locales. Minería sí, pero bajo las reglas estrictas del federalismo.
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