La minería en Chile dispone de una capacidad operativa de respuesta ante catástrofes que opera sin un marco legal permanente. Transformar el voluntarismo en institucionalidad técnica es el eje para garantizar la seguridad nacional frente a desastres climáticos.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Chile busca formalizar la colaboración minera en emergencias, pasando de gestiones puntuales a una estructura técnica permanente. Con 974 recursos identificados en el programa Mineras por Chile, la propuesta técnica apunta a replicar modelos de ley vigentes en Perú y Australia para automatizar la respuesta
Crónica de una respuesta que siempre llega sobre la marcha
La participación del sector minero en la gestión de catástrofes en Chile registra hitos técnicos desde el terremoto de 2010. En dicha instancia, la empresa Codelco (Corporación Nacional del Cobre de Chile) movilizó cuatro toneladas de insumos médicos y alimentos, además de rescatistas con sistemas de comunicación satelital propios para asistir a las localidades de Puchuncaví y Quintero.
Durante los incendios forestales de 2024 en Valparaíso, la estatal desplegó diez camiones tolva, retroexcavadoras y cargadores frontales destinados a la remoción de escombros. En la actualidad, ante el sistema frontal que afecta al norte del país y que mantiene a más de 100.000 personas aisladas, el Ministerio de Minería coordina acciones con más de 15 compañías, incluyendo a Grupo Antofagasta Minerals y Teck Resources Limited
A pesar de este despliegue, Mariel Carrión, Ingeniera Civil Industrial con diploma en Minería UC, sostiene que la ayuda se organiza de manera reactiva. Según Carrión: «Esa ayuda siempre se arma igual, sobre la marcha, dependiendo de la buena voluntad y de que alguien llame a tiempo». La experta plantea que la industria opera con protocolos de emergencia y logística pesada como parte de su operación regular, lo que representa una capacidad de gestión de riesgo ya instalada que no está convocada por un marco permanente.
«Una intención declarada en medio de una emergencia no es lo mismo que una política de Estado que sobreviva a este gobierno y al próximo».
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El vacío en el marco institucional y la comparación internacional
La diferencia técnica entre Chile y otros países mineros radica en la existencia de leyes que preestablecen el rol de las empresas antes de que ocurra el evento. En Chile, la coordinación se negocia durante la emergencia, lo que impacta en la velocidad de respuesta y la claridad de las responsabilidades
Carrión destaca que Chile ya posee modelos de institucionalización técnica exitosos, citando al Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería). Este organismo funciona como ente técnico permanente para el monitoreo de amenazas volcánicas en coordinación estable con SENAPRED (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres).
Perú representa el modelo de institucionalización mediante la Ley N° 29664 de 2011, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Este marco incorpora a las mineras como actores formales con protocolos y convenios definidos con el INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil).
Por su parte, Australia establece legislación por estado para crear Comités Locales de Planificación de Emergencias, donde los operadores mineros tienen responsabilidades legales definidas de antemano. En contraste, el modelo chileno actual presenta similitudes con el incendio de Fort McMurray en Canadá (2016), donde las petroleras Suncor y Syncrude realizaron una respuesta masiva y efectiva, pero organizada en tiempo real sin protocolos previos.
«Minería en Marcha» y el catastro de capacidades
Una señal reciente hacia la formalización es el plan «Minería en Marcha«, lanzado por el Ministerio de Minería en conjunto con BancoEstado, ENAMI (Empresa Nacional de Minería) y el Sernageomin. Este plan busca restablecer el acceso a faenas y activar instrumentos de fomento para la pequeña y mediana minería en Atacama y Coquimbo.
La base operativa de esta iniciativa es «Mineras por Chile», un catastro que integra a 23 compañías de la gran minería. Este registro contabiliza 974 recursos, incluyendo maquinaria pesada, equipos técnicos y profesionales expertos disponibles para la gestión de crisis.
Al respecto, Carrión indica: «Esa base preexistente es exactamente el tipo de infraestructura institucional que Perú y Australia ya transformaron en ley. Chile no está partiendo de cero, tiene el germen de un sistema permanente». El objetivo técnico es que esta coordinación deje de depender de la administración de turno para convertirse en un marco legal estable.
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El plan «Minería en Marcha» es una estrategia de emergencia diseñada para levantar y reactivar las faenas mineras afectadas por las lluvias y temporales. Lo esencial del plan se resume en los siguientes puntos:
Objetivo principal
- Reactivar la minería: Apoyar de forma urgente a los pequeños y medianos productores de las regiones de Atacama y Coquimbo para que retomen sus operaciones tras los daños climáticos.
Los 3 ejes de acción
- Conectividad: Despejar, reparar y habilitar los caminos rurales dañados para romper el aislamiento de los yacimientos.
- Seguridad: Inspeccionar técnicamente las faenas (a cargo de Sernageomin) para certificar que la infraestructura es segura antes del regreso de los trabajadores.
- Fomento financiero: Entregar recursos directos mediante subsidios de emergencia (PAMMA) y facilitar créditos blandos a través de ENAMI y BancoEstado para absorber las pérdidas estructurales.
Coordinación pública
- Alianza institucional: El plan no crea una nueva ley, sino que unifica el trabajo del Ministerio de Minería, Sernageomin, ENAMI y los Gobiernos Regionales para acelerar la entrega de ayuda sin burocracia.
Proyecciones para la política pública sectorial
La transición hacia un modelo institucional implica definir responsabilidades legales que eviten la pérdida de tiempo en coordinaciones durante el evento crítico. Según la visión técnica de Carrión, el modelo peruano es replicable en el contexto local y no requiere la invención de un marco desde cero, sino la formalización de las capacidades que ya operan de forma intermitente.
«La diferencia es que en un caso el rol de la minería está escrito en una ley antes de que ocurra la emergencia, y en el otro se negocia cada vez que suena la alarma», explica la ingeniera. La propuesta de laburo técnico consiste en que el Estado incorpore esta logística como parte permanente de la arquitectura nacional de gestión de riesgo.
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El camino a la madurez institucional
La consolidación de la industria minera como un pilar de la seguridad nacional requiere que su capacidad logística sea previsible y auditable. El paso del voluntarismo a la ley no solo optimiza el uso de los 974 recursos ya identificados, sino que blinda la respuesta del país frente a la variabilidad climática y geológica. Institucionalizar este aporte asegura que la infraestructura y el conocimiento técnico del sector operen como una política de Estado estable, independiente de los ciclos políticos, fortaleciendo la resiliencia estructural de Chile ante futuras crisis.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.