El destino de 500 metros cúbicos de residuos mineros acumulados en el Parque Industrial de Chimbas paraliza a la Pyme Biocordillerana y desata una batalla en la Justicia civil. Mientras el traslado a celdas de seguridad de otra provincia exige una inversión de $900 millones que ninguna parte quiere asumir, la empresa sanjuanina exige a Barrick una indemnización de $300 millones por la destrucción de más de 100 contenedores.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El traslado y tratamiento final de los 500 m³ de cenizas en celdas de seguridad fuera de San Juan insume $900 millones, un monto que paraliza la solución del pasivo. Sergio Vallejos, titular de Biocordillerana S.R.L., exige a Barrick Gold un resarcimiento de $300 millones por la pérdida total de equipamiento oxidado tras ocho años de custodia. La minera condiciona el retiro a que la Pyme tramite permisos de transporte nacional, mientras la operadora local replica que la Ley de Residuos Peligrosos responsabiliza directamente al generador. El Quinto Juzgado Civil intervino la planta para realizar una pericia ambiental dentro del expediente iniciado por Minera Andina del Sol S.R.L.
La controversia por el pasivo ambiental acumulado en el Parque Industrial de Chimbas ingresó en una fase de parálisis operativa y máxima tensión judicial. El depósito de 500 metros cúbicos de cenizas derivadas de la incineración de residuos industriales de Veladero y Pascua Lama desató un doble frente de conflicto: el tironeo financiero sobre quién debe financiar los $900 millones necesarios para la disposición final del material hacia Santa Cruz o Neuquén, y la demanda indemnizatoria de la Pyme local por $300 millones debido al deterioro de sus instalaciones.
El expediente N° 58/26, caratulado «MINERA ANDINA DEL SOL S.R.L. Y OTRA c/ BIO CORDILLERANA S.R.L. Y OTRA s/ ABREVIADO», que tramita en el Quinto Juzgado Civil bajo la firma del Dr. Roberto Pablo Farina, derivó en la inspección del predio. La medida busca evaluar las condiciones técnicas de los residuos mientras las partes intercambian acusaciones por la inacción en el saneamiento.
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El tironeo por los $900 millones de la disposición final
Desde Biocordillerana S.R.L. argumentan que la Ley de Residuos Peligrosos establece con claridad que la propiedad de la basura transformada en ceniza pertenece al generador del desecho. Por el contrario, la operadora minera contrapone que la Pyme sanjuanina debe gestionar permisos de transporte interjurisdiccional e inscribirse ante organismos nacionales para autorizar la salida del material.
«Estas cenizas deben ser llevadas por ley a un lugar de disposición final, que son las celdas de cemento que hay en la provincia de Santa Cruz o en Neuquén. Pero Barrick se niega a retirarla, nos exige que lo retiremos nosotros y que nos inscribamos en Nación con un montón de papeles», advirtió Sergio Vallejos, titular de Biocordillerana S.R.L.
La Pyme sostiene que las exigencias administrativas impuestas por la compañía minera funcionan como un mecanismo de dilación para evitar el desembolso logístico. «Nosotros no hacemos traslado fuera de la provincia. Trabajamos en San Juan con la habilitación de la Secretaría de Medio Ambiente. Las cenizas son de ellos, no son mías. El portón está abierto las 24 horas para que vengan con los camiones y se las lleven a un predio de ellos hasta que tramiten lo que haga falta«, remarcó Vallejos.
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Un reclamo de $300 millones por la destrucción de la capacidad operativa
A la indefinición sobre el destino del residuo se suma el daño patrimonial denunciado por la empresa local. La permanencia de las cenizas durante ocho años provocó la corrosión total de más de 100 contenedores metálicos. El deterioro obligó a la Pyme a paralizar el 35% de la superficie de su predio estatal, comprometiendo la dinámica de una planta que cuenta con 22 trabajadores y procesa el 70% de los residuos patogénicos de los centros de salud de San Juan.
La firma local responsabiliza a la minera por la falta de mantenimiento del equipamiento de custodia y exige una reparación financiera inmediata para recuperar el parque operativo. «Nosotros pedimos que nos paguen los contenedores, que son 300 millones de pesos que hemos perdido. Por orden de Medio Ambiente tuvimos que guardar las cenizas, pero con los años los contenedores se pudrieron porque necesitan un constante mantenimiento con pintura epoxi y cambio de chapas que se oxidan», explicó el empresario.
Asimismo Vallejos remarcó el impacto que genera esta parálisis financiera en el funcionamiento cotidiano de la firma. «Hoy no tenemos capacidad operativa porque 300 millones es un montón de plata para una Pyme de San Juan que le da trabajo a 22 personas. Nos ocupa el 35% del predio y Barrick se niega a pagar los contenedores destruidos», enfatizó.
La inspección pericial dispuesta por la Justicia Civil
Frente a las acusaciones cruzadas, el Quinto Juzgado Civil formalizó la recolección de pruebas en el predio industrial. La medida judicial respondió a los planteos presentados por Minera Andina del Sol S.R.L. sobre el estado de conservación de las cenizas en la planta.
El personal designado por el juzgado ejecutó el relevamiento visual y fotográfico exigido en la causa para remitir las conclusiones al expediente. «Yo como oficial de justicia vine designado por el juzgado para poner en funciones a una perito que va a llevar adelante un trabajo solicitado por su señoría. Lo que se hizo fue traer a la perito para que haga la inspección, realice una pericial y la entregue al juzgado para finalizar con esta cuestión», detalló Oscar Díaz, oficial de justicia actuante.
La autoridad ratificó la viabilidad del procedimiento durante la jornada de fiscalización. «El procedimiento es una simple inspección para poder llevar adelante una pericial. Es tomar una muestra fotográfica y una muestra visual del recorrido por donde está la deposición de los residuos. Esto se realiza a raíz de una orden judicial dispuesta por el Doctor Farina», confirmó Díaz.
La posición de la minera
En el mes de abril Minera Andina del Sol hizo llegar su posición oficial completa a ACERO Y ROCA en la cual expuso textualmente:
La resolución de la disputa financiera sobre quién asumirá el costo para la disposición de las cenizas determinará el marco de responsabilidad para las operadoras mineras en la provincia. El fallo del juez Roberto Pablo Farina fijará las obligaciones respecto al saneamiento de pasivos e impactará directamente en la sostenibilidad financiera de Biocordillerana. La definición del expediente resulta crítica no solo para el resarcimiento de los $300 millones exigidos por la Pyme, sino también para garantizar la continuidad del tratamiento de los desechos hospitalarios en todo el territorio sanjuanino.
Periodista especializado en minería, ambiente, ciencia y economía. Desde San Juan, cubre la actividad minera con mirada crítica y enfoque en sus impactos, oportunidades y protagonistas, buscando explicar los procesos detrás de cada proyecto y acercar información rigurosa a la comunidad.