En diálogo con ACERO Y ROCA durante la Primera Ronda de Negocios en Rosario, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, desestimó las acusaciones de trabas comerciales y explicó el sistema de bonos fiscales. En paralelo, Fernando Godoy (CAPRIMSA) confirmó a este medio que articulan un bloque de cinco provincias para defender a los proveedores locales.
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LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Marcelo Orrego y Gustavo Fernández encabezan la comitiva provincial en la Estación Fluvial de Rosario, acompañados por una delegación de 75 pymes sanjuaninas seleccionadas para la ronda de negocios. Fernández precisó que la Ley de Desarrollo Local Minero mide la demanda e incentiva contrataciones con créditos fiscales sin aplicar cupos inconstitucionales. La postura oficial respondió formalmente a los cuestionamientos de las uniones industriales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe sobre las preferencias provinciales. Fernando Godoy, referente de CAPRIMSA, coordina una reunión de trabajo en suelo santafesino junto a representantes empresariales de Jujuy, Salta, Catamarca y Santa Cruz.
Tensión entre provincias y la industria central por el compre local
La integración de las cadenas de valor para los proyectos del RIGI quedó en el centro de la discusión política y económica en la ante sala de la Primera Ronda de Negocios realizada en la Estación Fluvial de Rosario. Frente a los cuestionamientos planteados por las uniones industriales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe contra las normativas provinciales de preferencia local, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan fijó postura técnica para precisar que la legislación provincial opera con incentivos de desarrollo y no con restricciones al comercio. En paralelo, el sector privado de las provincias mineras abrió su propia agenda de trabajo en suelo santafesino para evaluar el impacto que tendrá el reparto de las contrataciones en las pymes cordilleranas.
El encuentro nacional congrega a más de 1.800 empresas inscritas y 43 operadoras mineras, energéticas e industriales, con una apertura institucional encabezada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Minería, Luis Lucero. En ese ámbito, San Juan desplegó una comitiva oficial liderada por el gobernador Marcelo Orrego, disertante en el panel de mandatarios provinciales, junto a una delegación de 75 pymes locales seleccionadas para entablar negociaciones directas con los responsables de proyectos clave como Vicuña, Veladero, El Pachón y Los Azules.
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El modelo sanjuanino frente a las quejas de la Región Centro
En respuesta a las criticas planteadas por los industriales del Centro (Buenos Aires, Cordoba y, justamente, Santa Fe) sobre los esquemas de contratación en los yacimientos cordilleranos, el gobierno provincial detalló el encuadre normativo sanjuanino. El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, remarcó que el La Ley de Desarrollo Local Minero en pleno proceso de reglamentación, se distancia de un proteccionismo de cupos obligatorios.
«En el caso de San Juan lo que tenemos es una Ley de Desarrollo Local Minero, no una ley de proveedores. Esa ley busca esencialmente que las empresas mineras, a través de los planes de desarrollo de empleo y de proveedores, manifiesten de manera ordenada y estandarizada la información sobre la demanda para consolidar una demanda agregada de todo el sector», explicó Fernández.
El funcionario indicó que la sistematización de los requerimientos de las mineras se contrasta de forma técnica con la oferta asentada en el Registro de Proveedores Locales (REPROMIN).
«Teniendo la demanda e identificada la oferta, existe una brecha entre lo que las empresas van a demandar y la oferta local disponible en recursos humanos y provisión de bienes y servicios. Sobre esa brecha, las empresas tienen que construir un programa de objetivos crecientes y progresivos para desarrollar tanto mano de obra como proveedores locales», sostuvo el ministro.
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Incentivos a la contratación local y sanciones
Respecto al mecanismo de cumplimiento, Fernández precisó que la provincia prevé un Bono de Crédito Fiscal para aquellas compañías que alcancen los objetivos de máxima en la contratación de pymes provinciales, descartando sanciones por la libre contratación de insumos nacionales.
«La ley tiene un objetivo de máxima que otorga un incentivo: un bono de crédito fiscal aplicable contra impuestos provinciales. Como las mineras exportadoras pagan fundamentalmente regalías y fideicomisos, que no son tributos compensables, si no aplican el bono contra impuestos propios pueden utilizarlo como moneda de pago con proveedores locales que sí pagan impuestos provinciales. No tenemos un sistema cerrado de cupos que resulte en una infracción, porque eso no es posible en el armado legal argentino por la libre circulación constitucional y porque los adheridos al RIGI se comprometen a no fijar cupos obligatorios», puntualizó el titular de la cartera.
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En cuanto al régimen de penalidades, Fernández aclaró que las multas están reservadas a faltas administrativas o al incumplimiento de los compromisos informados. «Los incumplimientos que prevé la ley están asociados a no presentar o falsear los planes de desarrollo de empleo y de proveedores, o a incumplir esos planes en la medida en que no se alcancen los propios objetivos que las empresas se plantearon», concluyó el funcionario.
Encuentro paralelo de cámaras provinciales
En forma paralela a las sesiones comerciales del encuentro nacional, dirigentes pyme de las jurisdicciones mineras coordinan una reunión de trabajo en la ciudad de Rosario. Representantes de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz analizan la postura expresada por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y la Unión Industrial de Córdoba (UIC) respecto a las normativas de compre local.
El fundador de la Cámara de Proveedores Intermineros de San Juan (CAPRIMSA) y cofundador de la Federación de Cámaras Mineras, Fernando Godoy, confirmó su participación en las reuniones previas con sus pares cordilleranos y la eventual emisión de una declaración conjunta. «Hemos pedido convocar dirigentes desde Jujuy hasta Santa Cruz para tomar decisiones en base a lo que veamos en la ronda de negocios y evaluar la situación», señaló Godoy.
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El referente empresarial se refirió a las gestiones que realizan los sectores industriales de la Región Centro ante el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de las negociaciones políticas y productivas vigentes.
«Entiendo que el Gobierno nacional, por diversos temas legislativos, necesita darle un acompañamiento político a los gobiernos de Santa Fe y Córdoba, y esto funciona como una compensación. Desde nuestra cámara mantenemos una mirada firme: primero el desarrollo local, con acompañamiento de la industria nacional, pero cuidando el trabajo y el negocio en nuestras provincias», expresó el titular de CAPRIMSA.
La disputa en Rosario dejó al descubierto la tensión medular del RIGI. Mientras la industria central presiona por abrir el juego para reactivar sus fábricas, las provincias cordilleranas cierran filas para garantizar que el derrame económico de los yacimientos se quede, en primer lugar, en el suelo de donde sale el mineral.
Periodista especializado en minería, ambiente, ciencia y economía. A cargo de notas de análisis e investigación, cubre la actividad minera con mirada crítica y enfoque en sus impactos, oportunidades y protagonistas, buscando explicar los procesos detrás de cada proyecto y acercar información rigurosa a la comunidad.