Andrés Meglioli, geólogo especialista en minería, petróleo, hidrogeología y remediación ambiental, pone el foco en una variable poco discutida del cierre minero: una garantía debe alcanzar para cubrir las obligaciones pendientes, pero calcularla sobre riesgos que ya fueron reducidos puede inmovilizar capital innecesariamente.
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LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El doctor en geología Andrés Meglioli, plantea que las garantías de cierre deben actualizarse según el riesgo que realmente permanece en terreno y no quedar atadas automáticamente al máximo riesgo acumulado de una operación.
¿Cuánto dinero debería inmovilizar una empresa para garantizar el cierre de una mina? Para Andrés Meglioli, especialista con más de cuatro décadas de experiencia en proyectos ambientales, minería y petróleo, la respuesta no puede surgir solamente del peor escenario que alguna vez pudo alcanzar una operación.
El interrogante que propone es más preciso: ¿cuánto riesgo queda realmente en el terreno en cada momento de la vida del proyecto? “Para seleccionar el Environmental Financial Assurance (responsabilidad o garantía financiera ambiental) se debe establecer el estándar de reclamación y evaluar las incertidumbres y riesgos, y eso requiere actualizaciones regulares del plan de cierre”, explicó a ACERO Y ROCA.
Esa diferencia abre una discusión financiera concreta. Una mina puede haber acumulado durante su historia determinadas obligaciones ambientales, pero si parte de ellas ya fue atendida mediante cierre progresivo, rehabilitación o reducción de impactos, mantener intacta una garantía calculada sobre el riesgo máximo puede dejar capital inmovilizado por encima de la exposición que todavía existe.
El problema de garantizar siempre contra el peor escenario
Meglioli advierte que algunos esquemas financieros pueden resultar muy costosos cuando el cálculo se mantiene vinculado al máximo riesgo acumulado. “Las garantías financieras, como los bonos de restauración que exigen algunos gobiernos, pueden ser muy onerosas pues generalmente se calculan considerando el máximo riesgo acumulado y no el riesgo en el terreno”.
La diferencia no es menor. El máximo riesgo acumulado representa una exposición potencial alcanzada en determinado momento del proyecto, mientras que el riesgo efectivo puede modificarse cuando se ejecutan obras, se recuperan sectores o desaparecen obligaciones que antes estaban pendientes. Si ese cambio no se refleja en la garantía, el respaldo financiero puede quedar desfasado respecto de la situación real. En esos escenarios, explica Meglioli, las empresas pueden verse obligadas a inmovilizar recursos para cumplir con los requisitos financieros. «Esto bloquea liquidez vital que de otro modo podría utilizarse para financiar operaciones o exploración”.
Su planteo no apunta a reducir garantías simplemente para aliviar el flujo de caja. El criterio es que el monto exigido mantenga una relación verificable con las obligaciones ambientales que todavía quedan por ejecutar.
El riesgo existente en terreno cambia la lógica del cálculo
El concepto que concentra esa discusión es el riesgo existente en terreno. En lugar de mirar únicamente cuánto riesgo llegó a acumular una mina, obliga a revisar qué trabajos faltan efectivamente y cuánto costaría ejecutarlos en ese momento. “Las tareas de cierre progresivo son críticas para minimizar el riesgo en el terreno”, sostiene Meglioli. Si una empresa recupera sectores mientras continúa produciendo, parte del trabajo que originalmente debía ser garantizado deja de estar pendiente y debería poder incorporarse al cálculo actualizado.
El efecto no es solamente ambiental. “Si se planea cuidadosamente, se logran sinergias con equipos y personal que ayudan a mantener los costos bajos”, señala. La operación puede ejecutar tareas de cierre mientras todavía dispone de maquinaria, personal e infraestructura, en lugar de reconstruir esas capacidades una vez terminada la producción.
El cálculo de la garantía pasa así a depender de tres preguntas concretas: qué queda por hacer, cuánto cuesta hacerlo y qué incertidumbre todavía permanece.
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Una garantía puede quedar desactualizada hacia arriba o hacia abajo
Actualizar una garantía no significa necesariamente reducirla. Meglioli incorpora las incertidumbres y los riesgos como variables que deben revisarse periódicamente, lo que también permite detectar nuevas obligaciones o costos que inicialmente no estaban contemplados. La revisión anual muestra por qué el monto financiero no debería quedar separado del avance técnico. Si aparecen nuevas obligaciones, la garantía puede necesitar incrementarse; si determinada tarea fue ejecutada correctamente y el riesgo desapareció. Mantener ese componente dentro del cálculo puede producir una sobregarantía.
El momento en que se exige el dinero también importa
La otra variable es temporal. Meglioli advierte que exigir una garantía importante recién cuando la mina deja de producir puede generar un problema financiero justamente en el momento en que la operación pierde capacidad para afrontarlo. “Lo que el Estado no debe hacer es esperar al final de una operación y comienzo de cierre para entonces exigir un depósito en efectivo. En esa etapa del proyecto los activos se han reducido y es difícil para un operador generar el flujo de caja necesario para establecer un depósito”, sostiene.
Su planteo es distribuir la constitución de la garantía durante la vida productiva. “Por eso se debe hacer al comienzo de la operación con ajustes graduales”, advierte.
Esos ajustes son centrales. Una garantía constituida anticipadamente pero incapaz de reconocer cómo cambia el riesgo puede quedar sobredimensionada. Una garantía que no incorpora nuevos pasivos o mayores costos puede resultar insuficiente. La cuestión no es solamente anticipar el dinero, sino recalcularlo a medida que cambia la obligación futura.
El cierre progresivo modifica cuánto queda por garantizar
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El objetivo no es garantizar menos, sino garantizar mejor
Desde el punto de vista de la garantía, aparece una pregunta que puede ser todavía más importante que el monto inicial: ¿qué ocurre con el dinero exigido cuando una empresa demuestra que una obligación ambiental ya fue cumplida?
Meglioli establece dos condiciones para una Garantía Financiera Ambiental y ambas deben cumplirse al mismo tiempo. La primera es que el instrumento asegure que exista capacidad para atender las obligaciones ambientales. La segunda es evitar un costo financiero innecesario.
“Debe ser efectivo en asegurarle al gobierno que el operador puede y tomará todos los recaudos necesarios para proteger el ambiente”, explica. Al mismo tiempo, sostiene que debe ser “el más barato de todos los instrumentos eficientes que están disponibles”. Las dos condiciones permiten escapar de extremos opuestos. Una garantía demasiado baja puede dejar obligaciones ambientales sin respaldo financiero cuando llegue el cierre. Una garantía excesivamente alta puede inmovilizar capital durante años por trabajos que ya fueron ejecutados o por riesgos que dejaron de existir.
La experiencia de Meglioli en un plan de cierre de San Juan muestra cómo puede abordarse una parte del problema. En cualquier caso se trata de que el estado pueda contar con las garantías necesarias para que el cierre de una mina no se vuelva un problema local.
Periodista y licenciada en Comunicación Social, especializada en el impacto social, educativo y laboral de la minería en San Juan, con foco en oficios técnicos, proveedores locales y desarrollo en comunidades y una mirada inclusiva del sector.