Una inédita crisis institucional sacude los cimientos de la justicia ambiental en el vecino país, tras la investigación del medio Bio Bio Chile. La filtración sorpresiva de un documento no oficial en la web institucional obligó a los tres magistrados titulares a dar un paso al costado.
Una publicación que encendió las alarmas
El sitio web oficial del Primer Tribunal Ambiental amaneció con una publicación inesperada. La plataforma digital difundió una reseña que daba cuenta del rechazo de las medidas cautelares solicitadas contra la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto de prospección minera El Alto, vinculado operativamente al área de Pascua Lama. Lo crítico del suceso radica en que dicha resolución judicial jamás existió en el expediente físico ni en el sistema de tramitación digital.
Horas más tarde las autoridades administrativas retiraron la noticia del portal, pero el episodio desató una crisis operativa interna. Al día siguiente, los ministros firmaron sus respectivas declaraciones de inhabilidad en tiempo récord. El relator (abogado funcionario que estudia los expedientes y resume las causas legales para explicárselas a los jueces antes de que tomen una decisión) de la causa R-174-2026, caratulada formalmente como «Amalia Robles y otros con Servicio de Evaluación Ambiental», certificó la salida de los magistrados Alamiro Alfaro Zepeda, Sandra Álvarez Torres y Marcelo Hernández Rojas, quienes invocaron la causal legal de haber manifestado dictamen sobre la cuestión pendiente de fallo.
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Cuestionamientos procesales y derivación de la causa
En este sentido, el conflicto sumó cuestionamientos adicionales por parte de los recurrentes al advertirse los antecedentes laborales del relator de la causa, Álvaro Funes Palacios, quien se desempeñó anteriormente durante cinco años en la gerencia legal de Minera Zaldívar, operación minera en la cual la multinacional Barrick Gold posee el 50% de la participación societaria.
Asimismo, la abogada Karinna Fernández, quien intervino en causas ambientales en representación de habitantes de Alto del Carmen, señaló que la filtración lesiona la confianza en la administración de justicia y vulnera las garantías de imparcialidad y debido proceso. Ante la imposibilidad de conformar quorum con los jueces titulares en Antofagasta, el secretario abogado Gonzalo Vergara Araya remitió formalmente el expediente mediante el Oficio N° 154/2026 al Segundo Tribunal Ambiental en Santiago para su conocimiento y resolución.
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El reclamo formal de la Comunidad Diaguita Alta Cordillera
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De esta forma, el litigio en trámite se originó formalmente a partir de la reclamación interpuesta por la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera en contra de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). La acción legal busca anular administrativamente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable otorgada a Compañía Minera Nevada SpA y persigue, como medida cautelar urgente, la suspensión inmediata de los efectos del permiso mientras dure el proceso de fondo.
En este sentido, el informe judicial denuncia que, de las 212 hectáreas generales del proyecto, la empresa declaró únicamente 5,04 hectáreas como superficie efectiva con obras (con cero hectáreas para caminos), dejando el 98% del territorio fuera de evaluación ambiental bajo la etiqueta de «infraestructura existente».
A la par, la presentación expone una contradicción formal del propio Estado: mientras en septiembre de 2024 el SEA reconoció impactos significativos sobre la comunidad en el plan de cierre definitivo, en esta prospección dictaminó que perforar en ese mismo territorio no generaba afectación sobre el medio humano ni ameritaba Consulta Indígena.
Entre los fundamentos sustantivos de la impugnación, los representantes comunitarios sostienen que las labores pretendidas resultan incompatibles con la clausura definitiva de Pascua Lama ordenada por la Superintendencia del Medio Ambiente y acusan un presunto fraccionamiento instrumental del proyecto.
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Parámetros técnicos de la prospección El Alto
Conforme a los antecedentes presentados ante el sistema de evaluación ambiental, la prospección minera proyecta una inversión de 35 millones de dólares para ejecutar campañas de perforación tipo diamantina, orientadas a delimitar recursos geológicos en el área de concesión.
A su vez, la comunidad acompañó un cruce pericial de coordenadas georreferenciadas que demuestra que 18 de las 43 plataformas aprobadas coinciden de forma idéntica con instalaciones de la faena histórica de Pascua Lama declaradas ante Sernageomin, incluyendo las seis plataformas donde se ejecutaron los sondajes que la Corte Suprema declaró ilegales en 2022. En el plano hidrogeológico y de suelos, la acción advierte que las perforaciones de hasta 700 metros de profundidad se emplazan a solo 300 metros de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, en un terreno donde el SAG constató un 88,9% de susceptibilidad erosiva «Muy Alta» sin un plan de contingencia específico para desprendimientos de roca.
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