El senador nacional por La Libertad Avanza criticó el proyecto para aumentar las regalías mineras al 5%. Advirtió sobre el riesgo para las inversiones del RIGI y propuso financiar la línea de 500 kV con adelantos del sector minero privado.

LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El senador Bruno Olivera rechazó modificar regalías frente al RIGI. Exigió crédito para pymes sanjuaninas y defendió la educación técnica minera para 2026. También desestimó el reclamo de La Rioja sobre proyectos clave. Lo calificó como una maniobra política sin asidero judicial en el Congreso Nacional.
El debate impositivo frente al tablero de inversiones del RIGI
El escenario de la minería en San Juan atraviesa un momento de definiciones críticas. A nivel nacional se despliega el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para atraer capitales. Sin embargo, en la Legislatura provincial buscan incrementar la recaudación local. Un ejemplo es la propuesta del diputado Franco Aranda, que busca elevar el tope de las regalías mineras del 3% al 5%.
Leé también: Regalías mineras San Juan: Franco Aranda propone un esquema móvil y progresivo
Frente a esto, el senador nacional Bruno Olivera fijó una postura tajante. Para el legislador de La Libertad Avanza, una mayor presión impositiva atenta contra la competitividad. Argentina necesita recuperar su lugar en el mercado global del cobre.
«No tiene sentido aumentar las regalías porque sería cambiar las reglas del juego de los que ya tienen un monto invertido«, sentenció Olivera durante la entrevista. El representante sanjuanino en la Cámara Alta argumentó que las alteraciones fiscales repentinas destruyen la confianza del inversor. «Eso a la larga termina haciendo que este tipo de empresas, que hacen una inversión importante a largo plazo, se terminen yendo. Hay que darle competitividad y seguridad jurídica a los proyectos», remarcó. Deja en claro que el bloque libertario no acompañará políticas que incrementen la carga tributaria sobre los grandes yacimientos metalíferos.

Pymes sanjuaninas y el duro desafío del financiamiento local
Atraer la inversión extranjera es solo la mitad del trabajo; la otra mitad consiste en asegurar que el flujo de capital se integre al tejido económico provincial. Al analizar la realidad de los proveedores locales, el senador destacó que el mayor obstáculo no es la falta de capacidad técnica, sino la asfixia financiera que padecen las pymes sanjuaninas.
Leé también: Por qué el 70% de compre local es un fracaso?: Las trabas que impiden competir a las pymes
«Lo que he venido hablando mucho con proveedores locales, pymes y medianas empresas, es el acceso al crédito», diagnosticó Olivera. Según su análisis, cuando los megaproyectos mineros escalan y demandan volúmenes masivos de bienes y servicios, las pequeñas empresas locales no cuentan con el respaldo financiero para cumplir con los contratos. «Al no contar con el capital para poder comprar, tienen que recurrir a una UTE o terminan perdiendo parte del contrato», explicó.
Leé también: Agencia Calidad San Juan lanza créditos y mentoreo para integrar pymes a la minería
Para proteger el compre local frente a corporaciones extranjeras bajo el paraguas del RIGI, el senador recordó las cláusulas de resguardo vigentes. Por un lado, el cupo del 20% de contratación obligatoria para proveedores nacionales y provinciales. Por otro, la equidad arancelaria que permite a la cadena de valor importar maquinaria y repuestos con los mismos beneficios impositivos que la operadora principal. El objetivo es claro: nivelar en términos de costos para que las empresas de San Juan ofrezcan precios competitivos sin perder rentabilidad.

El modelo Neuquén para destrabar la infraestructura energética
Un proyecto cuprífero de clase mundial es inviable sin la infraestructura adecuada. Actualmente, San Juan enfrenta un déficit energético crítico, siendo la construcción de la línea de interconexión de 500 kV una urgencia insoslayable para la puesta en marcha de los yacimientos. Ante un Estado nacional que ha paralizado la obra pública, Bruno Olivera propuso trasladar la responsabilidad al sector privado mediante esquemas de financiamiento innovadores, citando casos de éxito en la cuenca de Vaca Muerta.
Leé también: Cuellos de botella: Por qué sin infraestructura eléctrica no habrá boom minero en Argentina
«Entendemos que todo este tipo de obras que benefician a los proyectos tienen que ser una inversión privada», afirmó. El senador propuso replicar estrategias aplicadas en la Patagonia: «Hemos visto en Neuquén que los proyectos han llegado a un arreglo con el gobierno provincial para hacer rutas e infraestructura como un adelanto de regalías. No sería descabellado decir que esta línea de interconexión 500 que están necesitando los proyectos, se pague como un adelanto».
Bajo esta visión, las empresas operadoras financiarían la obra eléctrica descontando posteriormente esos desembolsos de sus obligaciones tributarias futuras a través de fondos fiduciarios provinciales. Para Olivera, esta dinámica evita que el costo recaiga sobre los contribuyentes y garantiza que la obra se ejecute con la velocidad del sector privado, ya que «cuando hacemos algo público se termina pagando tres, cuatro, cinco veces más de lo que sale, y no solo el costo, sino también en el tiempo».
Formación de capital humano y el ruido político con La Rioja
El desarrollo de la minería de cara a la próxima década exige planificación. Bruno Olivera destacó su proyecto de ley para implementar talleres de oficios mineros en escuelas secundarias públicas a partir de este año. El objetivo es frenar la importación de trabajadores de China, Perú o provincias vecinas como Salta y Jujuy. La iniciativa busca dotar a los jóvenes sanjuaninos de habilidades técnicas específicas para que dominen la demanda laboral que generarán las minas en los próximos cinco a diez años.
Por otro lado, la entrevista abordó la reciente escalada institucional impulsada por la provincia de La Rioja, cuya Legislatura intentó avanzar sobre los límites geográficos de 1968, reclamando soberanía sobre zonas ricas en minerales donde operan megaproyectos como Josemaría, Vicuña y Lunahuasi.
Leé también: Conflicto interprovincial por Vicuña: San Juan frena el avance legislativo de La Rioja por los límites mineros
Como representante nacional, Olivera restó peso jurídico a la maniobra del gobierno de Ricardo Quintela y llevó tranquilidad a los inversores del sector. «Desde el Senado no hay absolutamente nada, no hay un conflicto judicial y los senadores de La Rioja tampoco han hecho ningún planteo para modificar la ley de límites», aclaró contundentemente.

El legislador interpretó el avance territorial como una cortina de humo frente a la debacle económica de la provincia vecina: «Es un gobierno que durante muchos años ha dependido pura y exclusivamente de la ayuda que el gobierno nacional le ha dado. La única diferencia que ha tenido San Juan con La Rioja es que San Juan sí ha potenciado el desarrollo de proveedores y ha potenciado la exploración en la cordillera». Para el senador, la acción riojana se reduce a un acto puramente mediático sin posibilidades reales de prosperar en el Congreso ni en los tribunales federales.
El desafío de la sincronización
La transición hacia la era del cobre obliga a San Juan a caminar por una delgada línea de equilibrio. Las declaraciones de Bruno Olivera exponen la fricción natural entre la necesidad provincial de captar renta rápida mediante tributos y la urgencia nacional por flexibilizar normativas para asegurar el desembarco del RIGI.
Sin embargo, el verdadero desafío de la industria no radica únicamente en los despachos fiscales, sino en el territorio: sin líneas de 500 kV, sin rutas asfaltadas y sin un ecosistema de pymes sanjuaninas financieramente sanas, los incentivos impositivos corren el riesgo de convertirse en estructuras vacías. La minería del futuro no requiere de imposiciones unilaterales ni conflictos fronterizos, sino de un ecosistema logístico y humano capaz de sostener el peso de su propio crecimiento.

Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.