ANÁLISIS
Andrés Meglioli, especialista en hidrogeología, remediación y cierre minero, explica qué ocurre con el agua, los residuos y el terreno cuando termina la extracción y por qué algunos controles pueden extenderse durante décadas.
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LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El doctor en geología Andrés Meglioli, explica que cerrar una mina no significa solamente retirar instalaciones: implica recuperar terrenos, manejar impactos, controlar agua y estabilidad física y sostener monitoreos cuyo plazo debe definirse según las condiciones de cada sitio.
Cuando una mina deja de producir, el sitio no queda automáticamente cerrado. Para Andrés Meglioli, especialista en remediación ambiental, hidrogeología, evaluaciones de impacto, geología ambiental y cierre de minas, el período posterior a la extracción exige distinguir procesos que suelen aparecer mezclados en la discusión pública.
“El cierre de mina son las actividades de recuperación tras cesar toda la minería e incluyen el seguimiento y el cuidado post-cierre”, explicó a ACERO Y ROCA. Ese seguimiento puede extenderse mucho más allá del retiro de equipos, porque “los monitoreos se realizan durante la operación de la mina, y luego durante el cierre y post-cierre, con algunos planes de post-cierre que pueden llevar décadas”.
Un pasivo ambiental no es necesariamente minero
La primera diferencia que plantea Meglioli es entre una operación que ejecuta adecuadamente su cierre y un pasivo ambiental que queda abandonado. “Estos son dos conceptos distintos. Un pasivo ambiental no es necesariamente minero”, advierte, ya que este tipo de situaciones también puede originarse en actividades como el petróleo o la industria química.
“La mayoría de las grandes industrias producen residuos o material de desecho que, si no se trata y se dispone apropiadamente, se transforma en pasivo ambiental. Si ese pasivo se abandona, entonces se lo considera huérfano”, explica. El cierre progresivo, en cambio, tiene un alcance mayor porque “no sólo trata pasivos ambientales, sino también maneja impactos, remediación y reclamación o rehabilitación de tierras”.
El nivel de intervención tampoco es uniforme. Meglioli señala que existen pasivos “bastante inertes químicamente” que pueden requerir poca remediación, mientras que otros, por sus características fisicoquímicas, necesitan tratamientos de mayor complejidad y planes de monitoreo prolongados.
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Remediar no es lo mismo que recuperar el terreno
Otra distinción técnica aparece entre remediación y reclamación, dos conceptos que Meglioli considera importante no utilizar como sinónimos. La reclamación apunta a recuperar de manera integral un área afectada y devolverla a condiciones ecológicamente aceptables que no representen un peligro para las personas ni para el ambiente.
Ese trabajo puede incluir “movimiento de tierras y remodelado topográfico, desarme y demolición, siembra y revegetación”, además de tareas específicas de remediación cuando sean necesarias.
La remediación, está vinculada de manera más directa con situaciones de contaminación: “Son las acciones que se toman para manejar un derrame de sustancias peligrosas o material contaminado que puede afectar la salud pública o el ambiente”.
Dentro de ese conjunto de acciones pueden aparecer respuestas de emergencia, contención, mitigación, remoción y monitoreo. La diferencia importa porque un sitio puede necesitar rehabilitación física y paisajística sin presentar necesariamente un problema de contaminación que demande un tratamiento químico complejo.
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El drenaje ácido depende de la geología del sitio
Entre los problemas que pueden persistir después del cese de la actividad aparece el drenaje ácido de roca (DAR). Meglioli advierte que no existe una única tecnología aplicable a todos los yacimientos, porque la respuesta depende en parte de la capacidad natural del terreno para neutralizar la acidez.
“Hay varias técnicas y parcialmente dependen de la capacidad natural del terreno de neutralizar DAR, lo que se conoce como buffering capacity o capacidad de neutralización”.
Entre las alternativas menciona barreras construidas con materiales alcalinos, como caliza, y la inyección de soluciones alcalinas. También pueden utilizarse cubiertas impermeables destinadas a limitar la oxidación de los materiales. La estrategia apropiada, por lo tanto, debe definirse según las características geoquímicas de la roca, los materiales residuales y las condiciones particulares de cada sitio.
Cinco años pueden ser apenas el comienzo
Determinar cuánto tiempo debe mantenerse el monitoreo post-cierre tampoco admite una respuesta universal. Meglioli explica que el plazo depende del “tipo de material residual y su reactividad, del clima, en particular régimen de lluvias, de las condiciones geoquímicas de la roca huésped, de la estabilidad de los terrenos y de la profundidad al agua subterránea”.
Por eso, “los períodos de monitoreo de cierre y post-cierre son diseñados caso por caso”. Como referencia general, señala que “no son menos de cinco años”, aunque ese horizonte puede ampliarse en función de cómo respondan las medidas ejecutadas y de los procesos naturales que necesiten consolidarse.
La revegetación es uno de los ejemplos. Una superficie recuperada puede requerir un período prolongado para comprobar que las especies implantadas se establecieron correctamente y que la rehabilitación mantiene estabilidad en el tiempo. La propia experiencia de cierre muestra, además, que determinados programas de monitoreo pueden extenderse durante décadas cuando las condiciones ambientales así lo exigen.
En San Juan, cada yacimiento tiene su propia relación con el agua
En ambientes áridos y cordilleranos como los de San Juan, la gestión hídrica agrega otra variable al cierre. Meglioli resume el enfoque en “planeamiento temprano, dinámico y eficiente”, pero aclara que la respuesta siempre depende de la hidrogeología particular de cada depósito.
“El manejo de las aguas depende de las condiciones hidrogeológicas de cada yacimiento y eso es único de cada mina”, sostiene. Hay operaciones que trabajan mayormente en seco y otras que interceptan aguas subterráneas. Del mismo modo, algunas contemplan descargas de efluentes tratados mientras otras funcionan con esquemas de descarga cero.
Incluso puede existir drenaje ácido de origen natural antes del desarrollo minero. El geólogo señala que, en determinados casos, “el agua se utiliza en el proceso y se descarga con un pH neutro”, de manera que evaluar el comportamiento posterior exige conocer primero cuál era la condición original del sistema.
Por eso considera crítica la existencia de una referencia previa: “El establecimiento de una línea de base inicial y la ejecución de monitoreos y controles ambientales permanentes es crítico para minimizar impactos”. Sin ese punto de comparación, resulta mucho más difícil determinar qué cambios corresponden a la operación y cuáles forman parte de las características naturales del yacimiento.
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Una cantera no tiene el mismo cierre que una gran mina
El especialista también plantea que las exigencias ambientales deben responder a la escala y tipología de cada explotación. “Las operaciones de canteras y áridos generalmente operan en seco, son de mucho menor tamaño de área y menor profundidad”, explica, lo que modifica tanto los riesgos como las variables que necesitan seguimiento.
En esos casos, “normalmente se enfatizan los controles de calidad de aire sobre los de monitoreo hidrogeológico. Los planes de cierre suelen ser, por esa razón, de menor envergadura y duración”, destaca. Aunque el uso posterior del terreno debe analizarse de acuerdo con la ubicación y las dimensiones específicas de cada operación.
La diferenciación evita aplicar un único modelo a actividades que presentan perfiles ambientales distintos. Es decir, si bien una explotación de áridos de escala reducida no requiere necesariamente las mismas medidas que una gran operación metalífera, esa proporcionalidad tampoco implica eliminar las obligaciones de recuperación y control que correspondan.
Reprocesar un pasivo puede ser técnicamente posible y no ser rentable
Los pasivos históricos abren otra discusión: si parte de esos materiales podría reprocesarse para recuperar minerales y, al mismo tiempo, financiar su estabilización ambiental. Meglioli evita una respuesta general porque la viabilidad depende de demasiadas variables particulares. “No creo que se pueda dar una respuesta generalizada que aplique a todos los pasivos mineros”, afirma. El punto de partida es el valor y la concentración de los metales presentes, pero también deben considerarse la ubicación del depósito, las tecnologías disponibles, las distancias hacia los centros de tratamiento y el acceso a infraestructura, especialmente energía eléctrica.
“Hay muchas técnicas de reciclado y recuperación probadas y otras experimentales”, señala. Sin embargo, la factibilidad tecnológica no alcanza por sí sola. “Técnicamente puede ser factible, pero eso no significa que económicamente lo sea, particularmente en el caso de pasivos ubicados en zonas cordilleranas de limitado acceso”.
El cierre se demuestra con resultados y auditorías
Para Meglioli, la existencia de un documento de cierre no demuestra por sí misma que una operación esté reduciendo sus obligaciones ambientales.
“La planificación de cierre es dinámica y requiere de revisiones regulares”, detalla el especialista. Ese proceso debe responder a “cambios operativos, riesgos no previamente considerados, cambios en legislaciones ambientales y expectativas sociales”, mientras que la verificación debe producirse mediante controles efectivos.
“La verificación es a través de auditorías de control rutinarias por parte de controles internos de la empresa y de las autoridades provinciales competentes”, sostiene. El cierre, por lo tanto, no se acredita solamente con una planificación futura, sino con la comprobación periódica de que las acciones previstas se están ejecutando y funcionan en terreno.
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El control continúa después de la producción
En ese esquema, las autoridades locales conservan una responsabilidad central sobre la evolución de los sitios cerrados. Meglioli no considera necesariamente contradictoria la existencia de lineamientos nacionales con las competencias provinciales y sostiene que “la autoridad de aplicación deberá ser necesariamente la provincia con sus expertos locales”.
También plantea que las garantías de cumplimiento deben articularse entre los gobiernos provinciales y las empresas, mientras que la policía minera debería desempeñar funciones de control.
«La vigilancia institucional no finaliza cuando desaparece la actividad productiva, sino que debe acompañar el período durante el cual persistan obligaciones ambientales».
El cierre de una mina, desde esta perspectiva, no se mide por el momento en que sale el último camión del yacimiento. Su resultado depende de cómo quedan el terreno, el agua y los materiales residuales, de si las medidas de estabilización funcionan y de cuánto tiempo hace falta mantener la vigilancia para demostrarlo.
Algunos sitios podrán completar ese proceso en períodos relativamente acotados y otros requerirán controles mucho más prolongados. Esa diferencia deberá surgir de las condiciones hidrogeológicas, geoquímicas y físicas de cada operación y de la capacidad de verificar su evolución después de que termine la producción.
Periodista y licenciada en Comunicación Social, especializada en el impacto social, educativo y laboral de la minería en San Juan, con foco en oficios técnicos, proveedores locales y desarrollo en comunidades y una mirada inclusiva del sector.