El Centro de Empresas y Derechos Humanos recopiló datos sobre el incremento de reclamos en la franja andina, revelando que desde 2010 Sudamérica los encabeza, con 447 denuncias por minerales críticos. Esto y otros puntos fueron tratados durante audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada en Panamá.
Podés utilizar nuestros textos, datos, imágenes e infografías siempre que cites la fuente (Ley 11.723). Queda prohibido el uso sin la mención correspondiente.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El Centro de Empresas y Derechos Humanos reveló que Sudamérica encabeza los reclamos globales con 447 denuncias por minerales críticos desde 2010. La Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) cuestionó la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina por permitir que las provincias retiren la protección en áreas periglaciales. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) remarcó que esquemas como el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) condicionan la tutela ambiental subnacional. Organizaciones de la sociedad civil solicitaron al relator especial Javier Palummo parámetros estrictos de trazabilidad y preservación de fuentes de agua en la región.
Un total de 447 denuncias por presuntos abusos socioambientales e impactos en cuencas hídricas ubican a Sudamérica como la región más conflictiva del mundo en el mapa de extracción de minerales para la transición energética. Son 97 nuevos casos registrados únicamente durante 2025 y una clara prevalencia de los proyectos de cobre y litio. El dato cuantitativo fue expuesto ante el pleno de comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia temática número 10 de su 197.ª Sesión Regular. Organizaciones internacionales y regionales alertaron que la urgencia global por asegurar el suministro de metales críticos está desencadenando una creciente presión sobre los sistemas de control ambiental subnacionales.
Durante una audiencia pública en Panamá ante el relator de REDESCA, Javier Palummo, organizaciones civiles denunciaron que el avance de concesiones mineras en las provincias andinas vulnera la ley de glaciares y amenaza las cuencas hídricas. Según plantearon, la presión de la demanda internacional y los nuevos incentivos a la inversión aceleraron permisos en zonas cordilleranas protegidas, abriendo un conflicto directo entre las reformas proinversión y la normativa ambiental vigente.
Leé también: Justicia intergeneracional: el dilema de la minería extractiva frente a impactos ambientales permanentes
El registro cuantitativo de reclamos y el uso del agua en Sudamérica
El Centro de Empresas y Derechos Humanos presentó el informe del Monitor de Minerales Críticos para Sudamérica, que recopila denuncias de comunidades locales, trabajadores y organizaciones ambientales entre 2010 y 2025. Durante la audiencia, su representante regional, Miguel Barbosa López, señaló que la suba de reclamos coincide con la firma de memorandos de entendimiento entre las potencias industriales y los países productores de la región.
Leé también: Con la masa glaciar en retroceso, San Juan aguarda por la actualización de su inventario de cuerpos helados
Respecto al peso que tienen las distintas ramas de la industria extractiva en el volumen total de denuncias, el vocero institucional remarcó la de las iniciativas metalíferas. «La mayoría de los abusos estaban relacionados con la minería de cobre, seguidos por el litio.
Por su parte, la abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Jenny Rodríguez, solicitó que la CIDH formule parámetros de estricta proporcionalidad para la aprobación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).
«Pedimos que se recomiende a los Estados no autorizar nuevos proyectos de mediana y gran minería en áreas protegidas y ampliar su protección a corredores biológicos, zonas de transición y áreas de recarga hídrica».
Leé también: Pablo Milana cuestiona el inventario de glaciares: advierte falta de validación y fallas metodológicas
Modificaciones normativas y el debate sobre la Ley de Glaciares
Uno de los ejes jurídicos se centró en el principio de no regresividad ambiental aplicado a ecosistemas frágiles. La codirectora del programa para Brasil y el Cono Sur del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Helena Rocha, sostuvo que la urgencia climática se está utilizando como argumento legal para agilizar licencias y debilitar esquemas de protección previamente vigentes.
«En Argentina, la reforma de la Ley de Glaciares aprobada permite que las provincias retiren la protección de glaciares y ambientes periglaciales si consideran que no cumplen funciones hídricas y decidan caso por caso si autorizan la minería».
Asimismo, la representante de la organización internacional relacionó el alcance de estas medidas administrativas con la disponibilidad hídrica en alta montaña. «Esto pone en riesgo reservas de agua fundamentales para la adaptación de las comunidades al cambio climático», sostuvo la abogada.
Leé también: Mendoza frena proyectos por los glaciares, la Laguna del Atuel y la ranita del Pehuenche
El impacto del RIGI y los tratados internacionales de inversión
El análisis de las herramientas de incentivo económico y su interacción con las facultades de fiscalización ambiental provinciales fue abordado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). La Directora de Área de la entidad, Pía Marchegiani, señaló que los esquemas que garantizan estabilidad regulatoria a largo plazo a los inversores extranjeros restringen el margen de acción de los organismos de control ambiental.
«Los regímenes nacionales y los nuevos instrumentos de cooperación refuerzan la desprotección ambiental; por ejemplo, el RIGI del caso argentino, así como los nuevos memorandos de entendimiento entre países importadores y productores con lenguaje ambiental vago, hacen sumamente difícil conciliar la debida diligencia reforzada y aceleran procesos de protección de derechos, especialmente en los permisos y autorizaciones».
Leé también: Bioética en la cordillera: la lección geológica de Catamarca para la minería de San Juan
En esa misma línea, la especialista remarcó la prevalencia de las obligaciones en derechos humanos por sobre los acuerdos comerciales. «No pueden surgir expectativas legítimas para los inversores si los Estados se abstienen de sus obligaciones de derechos humanos y ambiente», remarcó la integrante de FARN.
En la sede de la audiencia en Panamá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la relatoría REDESCA abrieron la etapa de recepción de documentos técnicos y aportes por escrito. La información recopilada alimentará la elaboración de un informe regional que establecerá directrices de debida diligencia, pautas para la evaluación de impactos acumulativos en cuencas hídricas compartidas y criterios de no regresividad ambiental aplicables a la autorización de emprendimientos de cobre y litio en América Latina.
Leé también: El ADN de la montaña: la UNSJ resguarda el germoplasma cordillerano para asegurar la remediación ambiental en Los Azules
Periodista especializado en minería, ambiente, ciencia y economía. A cargo de notas de análisis e investigación, cubre la actividad minera con mirada crítica y enfoque en sus impactos, oportunidades y protagonistas, buscando explicar los procesos detrás de cada proyecto y acercar información rigurosa a la comunidad.